Inmunidad de jefe de Estado e ilegalidad de la captura serán los dos grandes argumentos ante la justicia estadounidense
Antes de que un jurado examine las acusaciones de narcotráfico contra Nicolás Maduro, su defensa intentará impedir que el juicio llegue a celebrarse.
Los abogados presentarán solicitudes de desestimación basadas principalmente en dos argumentos: Maduro tendría inmunidad por su condición de jefe de Estado y su captura en territorio venezolano habría sido contraria al derecho internacional.
La audiencia para discutir estas solicitudes está programada para el 17 de noviembre de 2026 ante el juez federal Alvin Hellerstein, en Nueva York. Si las peticiones son rechazadas, el juicio comenzaría el 1 de junio de 2027.
Lo importante es entender que en esta primera batalla todavía no se decidirá si Maduro es culpable o inocente. El juez deberá resolver una cuestión anterior: ¿tiene un tribunal estadounidense autoridad jurídica para procesarlo, considerando el cargo que ocupaba y la manera en que fue llevado hasta Estados Unidos?
¿Qué significa solicitar la desestimación?
En el proceso penal estadounidense, una solicitud de desestimación —motion to dismiss— busca que el juez elimine total o parcialmente la acusación antes del juicio.
La defensa no necesita demostrar en este momento que Maduro es inocente de los hechos atribuidos. Su propósito es sostener que, aunque existiera una acusación penal, el proceso no puede continuar porque se habría violado una protección jurídica superior.
La Fiscalía intentará separar ambos asuntos. Argumentará que la legalidad política o internacional de la operación no elimina la competencia del tribunal ni responde a la pregunta penal: si Maduro participó o no en las conspiraciones descritas en la acusación.
Primer argumento: inmunidad de jefe de Estado
El derecho internacional reconoce una inmunidad personal a los jefes de Estado en ejercicio. Esta protección impide, como regla general, que sean sometidos a procesos penales ante tribunales de otro país mientras permanezcan en el cargo.
No se trata de una declaración de inocencia. La inmunidad no significa que la persona no haya cometido un delito, sino que temporalmente no puede ser juzgada por una jurisdicción extranjera.
La defensa sostendrá que Maduro era presidente de Venezuela cuando fue capturado y que, por tanto, se encontraba protegido por esa inmunidad.
Este argumento tiene una base jurídica seria. La inmunidad de los jefes de Estado es una garantía necesaria para el funcionamiento de las relaciones internacionales. Si cada país pudiera detener al presidente de otro Estado cuando lo considere delincuente, desaparecería buena parte de la estabilidad diplomática mundial.
La dificultad para Maduro está en determinar quién era reconocido como presidente legítimo.
Estados Unidos dejó de reconocerlo como jefe de Estado venezolano desde 2019 y calificó de fraudulentas las elecciones posteriores. La acusación penal de 2026 lo describe como antiguo presidente y gobernante de facto, pero ilegítimo.
Los tribunales estadounidenses suelen conceder una considerable importancia a la posición del Poder Ejecutivo cuando deben determinar quién representa legítimamente a otro país. Ese criterio fue utilizado en el proceso contra Manuel Antonio Noriega, cuya inmunidad fue rechazada porque Estados Unidos nunca lo reconoció formalmente como presidente de Panamá.
Ventajas del argumento de inmunidad
La principal fortaleza de Maduro es que no era simplemente un particular acusado de delitos. Ejercía el control efectivo del Gobierno venezolano y era reconocido como presidente por determinadas instituciones nacionales y gobiernos extranjeros.
La defensa podrá señalar que la inmunidad internacional no debería depender únicamente de que el Gobierno estadounidense simpatice, reconozca o mantenga relaciones con un mandatario. De lo contrario, Washington tendría la capacidad de retirar el reconocimiento político y, mediante esa sola decisión, eliminar una protección jurídica internacional.
También podría alegar que la inmunidad corresponde al cargo y a la soberanía del Estado representado, no a las cualidades personales del gobernante.
Desventajas del argumento de inmunidad
El mayor problema es que Maduro ya no ejerce materialmente el poder en Venezuela. Delcy Rodríguez asumió la conducción del Estado después de su captura y ha aumentado la cooperación con Washington.
La inmunidad personal protege principalmente a los mandatarios en ejercicio. Si el juez determina que Maduro dejó de ser presidente, esa protección podría considerarse extinguida.
La defensa todavía podría invocar inmunidad por actos oficiales realizados durante su mandato. Sin embargo, esta protección es más limitada. Los tribunales estadounidenses han sostenido que actividades como el narcotráfico, el fraude o el enriquecimiento personal no se convierten en actos oficiales simplemente porque hayan sido ejecutadas utilizando instituciones públicas.
La pregunta será incómoda, pero inevitable: ¿los hechos atribuidos a Maduro fueron decisiones del Estado venezolano o actividades privadas realizadas para beneficiar una presunta organización criminal?
Segundo argumento: la supuesta ilegalidad de la captura
La defensa también cuestionará la operación mediante la cual Maduro fue capturado en Venezuela y trasladado a Estados Unidos.
Desde la perspectiva del derecho internacional, ingresar militarmente en otro país para detener a una persona puede vulnerar su soberanía, la prohibición del uso de la fuerza contenida en la Carta de las Naciones Unidas y los procedimientos establecidos en los tratados de extradición.
Venezuela y Estados Unidos mantienen vigente un tratado de extradición firmado en 1922. En lugar de presentar una solicitud formal bajo ese tratado, las autoridades estadounidenses utilizaron una operación militar para obtener la custodia de Maduro.
La defensa sostendrá que un Gobierno no puede ignorar un tratado, capturar al acusado por la fuerza y luego beneficiarse judicialmente de su propia actuación.
Desde un punto de vista humano, el planteamiento resulta comprensible. Si la ley establece un procedimiento para detener y trasladar a una persona, parece contradictorio afirmar que las autoridades pueden ignorarlo porque consideran difícil obtener la extradición.
El problema penal para la defensa
Aunque la captura pudiera haber vulnerado el derecho internacional, eso no significa automáticamente que el proceso penal deba ser anulado.
La justicia estadounidense aplica desde hace décadas la doctrina Ker-Frisbie, según la cual la competencia de un tribunal para juzgar a una persona no desaparece por el hecho de que haya sido llevada ante él mediante una captura forzosa.
En United States v. Alvarez-Machaín, la Corte Suprema permitió el procesamiento de un ciudadano mexicano secuestrado y trasladado a Estados Unidos por personas contratadas por la DEA. La Corte concluyó que el tratado de extradición entre Estados Unidos y México no prohibía expresamente las capturas realizadas fuera de ese procedimiento.
La misma lógica fue aplicada en el caso de Noriega. Los tribunales consideraron que, aunque existieran cuestionamientos sobre la invasión de Panamá y su detención, la forma en que fue llevado a Estados Unidos no eliminaba la jurisdicción penal.
Esto produce una aparente contradicción: una captura puede ser cuestionable o incluso ilegal en el ámbito internacional y, al mismo tiempo, considerarse suficiente para que un tribunal nacional procese al detenido.
En términos sencillos: una cosa es determinar si Estados Unidos violó la soberanía venezolana y otra decidir si Maduro puede ser juzgado una vez que se encuentra físicamente bajo custodia estadounidense.
¿Existe alguna excepción?
La defensa podría intentar demostrar que la operación no fue una captura irregular ordinaria, sino una actuación tan extrema que vulneró el debido proceso constitucional.
Algunos precedentes reconocen la posibilidad de intervenir cuando la captura estuvo acompañada de torturas o de un trato cruel, inhumano y escandaloso.
Sin embargo, no basta con señalar los daños ocasionados por la operación militar o las posibles víctimas producidas en Venezuela. Maduro tendría que demostrar que fue sometido personalmente a abusos de una gravedad suficiente para afectar la legitimidad del proceso.
También podría invocarse el tratado de 1922 y su cláusula de arbitraje. Pero el acuerdo no establece expresamente que una captura extraterritorial obligue a liberar al acusado. Tampoco está claro que Maduro, como individuo, pueda exigir un arbitraje previsto para resolver disputas entre los dos Estados.
Las acusaciones penales no desaparecerán por sí solas
Maduro se declaró no culpable de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, utilización o posesión de ametralladoras y artefactos destructivos vinculados con delitos de drogas, y conspiración para poseer esas armas.
La Fiscalía sostiene que Maduro y otros acusados utilizaron cargos públicos, pasaportes diplomáticos, aeronaves y protección militar para facilitar el tráfico de toneladas de cocaína.
Por ahora, estas son acusaciones y no hechos judicialmente demostrados. La presunción de inocencia continúa vigente y corresponde a la Fiscalía presentar pruebas suficientes ante un jurado.
Si el juez rechaza la desestimación, la defensa podrá cuestionar la credibilidad de testigos, la existencia de la supuesta organización, la relación directa de Maduro con los cargamentos y la competencia extraterritorial de las leyes penales utilizadas.
Ventajas generales para la defensa
La combinación de inmunidad y captura ilegal permite construir una defensa más fuerte que cualquiera de los argumentos por separado.
Maduro puede presentarse como un jefe de Estado removido por una potencia extranjera y no simplemente como un acusado detenido mediante una operación policial. Esto obliga al tribunal a examinar asuntos constitucionales, diplomáticos y de derecho internacional antes de concentrarse en las pruebas penales.
Las solicitudes también preservarán los argumentos para futuras apelaciones. Incluso si Hellerstein rechaza la desestimación, la defensa podrá llevar la controversia ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito y, eventualmente, intentar que llegue a la Corte Suprema.
Desventajas y riesgos
Los precedentes estadounidenses favorecen a la Fiscalía. Los tribunales han sido muy reacios a liberar a una persona únicamente porque fue capturada irregularmente en otro país.
La falta de reconocimiento de Maduro como presidente perjudica su reclamación de inmunidad. También lo afecta que el actual Gobierno venezolano no mantenga con la misma intensidad la exigencia de su retorno.
Existe, además, un riesgo estratégico: si el juez rechaza de manera contundente ambos argumentos, la defensa llegará al juicio con menos espacio para cuestionar la autoridad del tribunal y deberá concentrarse en enfrentar las pruebas penales.
¿Qué podría decidir el juez?
Hellerstein podría desestimar todos los cargos, aunque actualmente parece la posibilidad menos probable.
También podría rechazar completamente las solicitudes y confirmar el inicio del juicio para junio de 2027.
Una tercera posibilidad sería aceptar parcialmente algún argumento, solicitar la posición formal del Departamento de Estado, ordenar nuevas presentaciones o permitir una apelación antes del juicio.
La audiencia del 17 de noviembre no determinará definitivamente la culpabilidad de Maduro. Determinará si puede ser juzgado y bajo qué condiciones.
La dimensión humana del caso
Es posible rechazar la actuación política de Nicolás Maduro y, al mismo tiempo, exigir que su proceso respete las garantías jurídicas. Una cosa no contradice la otra.
El derecho penal no puede convertirse en una ceremonia destinada a confirmar decisiones políticas tomadas previamente. La gravedad de las acusaciones tampoco autoriza a ignorar las reglas.
Pero el debido proceso tampoco significa impunidad. Si el tribunal concluye que Maduro no conserva inmunidad y que los precedentes permiten juzgarlo pese a las irregularidades de su captura, deberá enfrentar las pruebas como cualquier otro acusado.
La verdadera fortaleza de la justicia no se demuestra cuando procesa a una persona popular, sino cuando garantiza los derechos de quien genera rechazo y, aun así, exige que la Fiscalía pruebe cada acusación conforme a la ley.
El caso Maduro se encuentra exactamente en ese punto: entre el poder de un Estado para perseguir delitos graves y los límites que el derecho debe imponer incluso al Estado más poderoso.
Por Juan Carlos Lozano
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