Las negociaciones entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición, con la participación y el respaldo de Estados Unidos, han abierto una nueva etapa en la discusión sobre el futuro político del país. Después de dos rondas de conversaciones, las partes se preparan para un nuevo encuentro el 14 de octubre, con una agenda centrada en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las garantías de participación política. Sin embargo, la existencia de conversaciones y acuerdos parciales no garantiza una transición democrática. La pregunta fundamental sigue siendo: ¿quién garantiza que lo negociado responda al interés nacional y no a la conveniencia de quienes participan en la mesa?
Es el ciudadano común quien ha soportado años de crisis y las consecuencias de decisiones políticas que han debilitado la confianza en las instituciones. Nadie se opone al diálogo ni a la búsqueda de acuerdos para superar este estancamiento. Lo que no podemos aceptar es que se confunda una renovación de autoridades con una transformación democrática. El proceso para renovar el TSJ está en marcha e incluye la selección de un comité de postulaciones y la revisión de las credenciales de los aspirantes, pero aún falta completar el procedimiento y designar a los nuevos magistrados. La renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), por su parte, quedó pendiente para futuras rondas de negociación. Estos cambios pueden abrir una oportunidad, siempre que garanticen independencia, transparencia e imparcialidad y no se conviertan en una nueva distribución de cuotas partidistas.
Este riesgo también alcanza a los partidos políticos. La devolución de las tarjetas electorales, por sí sola, no garantiza su democratización ni la renovación de sus liderazgos. Es necesario que las organizaciones recuperen su autonomía, respeten la voluntad de sus militantes y permitan la participación de nuevas voces. La exclusión de sectores políticos y la concentración de decisiones en grupos reducidos profundizan la distancia entre la dirigencia y la ciudadanía. Venezuela no necesita otra repartición de cuotas ni una alianza de cúpulas que se presente como solución nacional, sino partidos democráticos y dirigentes dispuestos a rendir cuentas. No se trata de quitar a unos para poner a otros, sino de cambiar las reglas y las conductas para que el poder deje de ser un privilegio y vuelva a estar al servicio de los venezolanos.
El entendimiento es necesario, pero no habrá una transición democrática sólida sin justicia, reconocimiento de los errores y responsabilidad política. No se trata de venganza, sino de que cada actor responda por sus decisiones. La propuesta de revisar la Ley contra el Odio obliga a preguntarnos si basta con reformarla o si es necesario derogarla para garantizar plenamente la libertad de expresión y el pluralismo. Una democracia no se construye imponiendo una sola visión del país, sino respetando los derechos y garantizando la posibilidad de disentir sin temor. Tampoco podremos reconstruir la convivencia mientras se ignoren las heridas que la confrontación política, los abusos de poder y el deterioro de las condiciones de vida han dejado en la sociedad venezolana.
Este escenario también obliga a examinar las sanciones internacionales y sus consecuencias para Venezuela. Determinados sectores de la oposición respaldaron la presión externa como mecanismo para promover cambios políticos, mientras Estados Unidos fue ampliando sus medidas contra el Gobierno venezolano y distintos sectores de la economía. Es necesario evaluar con seriedad tanto las decisiones de quienes ejercen el poder como las estrategias de quienes apostaron por esa presión, sin atribuir a un solo actor todas las responsabilidades ni ignorar los efectos que las sanciones pueden tener sobre la población. En la geopolítica, los intereses de cada país suelen prevalecer sobre las afinidades ideológicas. Por eso, cualquier negociación debe defender la soberanía, la capacidad de decisión de Venezuela y el bienestar de sus ciudadanos. Relacionarse con otras naciones, atraer inversiones y alcanzar acuerdos comerciales no significa entregar el futuro nacional. La verdadera transición exige superar la subordinación a intereses particulares, vengan de donde vengan.
La historia reciente debería servirnos de advertencia. La división política y la lucha por conservar cuotas de poder han debilitado la confianza ciudadana y dificultado la construcción de una alternativa democrática sólida. Venezuela necesita acuerdos que se traduzcan en garantías concretas, instituciones independientes y condiciones electorales que permitan expresar libremente la voluntad popular. La transición no puede reducirse a entendimientos entre élites ni depender exclusivamente de decisiones externas. Debe transformar las prácticas que han debilitado nuestras instituciones y asegurar que el poder responda a los ciudadanos. Tiene que ser pensada, exigida y liderada por nosotros, los venezolanos.
Arturo Molina
@jarturomolina1
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