¡Un triunvirato de asesinos! Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello.
—Vespasiano, según Suetonio, Vida de Vespasiano, 23.3.
Cuenta Suetonio que Tito reprochó a su padre, el emperador Vespasiano, haber establecido un impuesto sobre la orina. El emperador acercó a su nariz una moneda recaudada y preguntó si olía mal. Tito respondió que no. Entonces llegó aquella contestación, tan breve como reveladora: «Y, sin embargo, procede de la orina».
Dos mil años después, hay gobiernos, empresarios y negociadores que parecen conservar intacta esa sensibilidad: mientras la moneda llegue, su procedencia puede volverse un detalle incómodo.
El petróleo tiene un olor penetrante. Pero, cuando promete ganancias suficientes, algunos descubren una extraordinaria capacidad para dejar de percibirlo. Tampoco perciben los calabozos, las torturas o el llanto de las familias. La diplomacia desarrolla entonces una congestión nasal selectiva.
Y así comienza esta historia: con tres figuras del poder, una nación herida y demasiadas personas dispuestas a contar el dinero antes de contar a los muertos.
La historia tiene una desagradable costumbre: regresar con otro vestuario. Cambia las sandalias por zapatos de diseñador, las togas por trajes ministeriales y los discursos del Senado por cadenas de televisión. Pero conserva intacta la vieja tentación de repartirse una nación como si fuera una herencia privada.
Un triunvirato es una alianza o institución en la que tres personas comparten el poder. La definición resulta sencilla; las consecuencias, dependiendo de sus integrantes, pueden llenar cementerios.
Después del asesinato de Julio César, Octavio, Marco Antonio y Lépido constituyeron el segundo triunvirato romano en el año 43 antes de Cristo. Prometieron reorganizar la República. Llegaron las proscripciones: listas de enemigos, confiscaciones y ejecuciones. Entre las víctimas estuvo Cicerón, cuya cabeza y manos fueron exhibidas en la tribuna del Foro. El poder había encontrado una manera brutal de responder a quien lo cuestionaba.
Una extraordinaria contribución al debate público: cortar las manos que escriben y la cabeza que piensa. Así cualquiera gana una discusión.
Las listas convertían la persecución en procedimiento y el despojo en oportunidad. El miedo hacía el resto. A los gobernantes les correspondía salvar la República; a los perseguidos, procurar sobrevivir a sus salvadores.
Roma proporciona aquí una comparación política, no una equivalencia histórica exacta. El parecido está en esa vieja operación de presentar la supervivencia de los gobernantes como si fuera la salvación de la patria.
Y entonces aparecen Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello.
Tres nombres que permiten formular una pregunta incómoda: ¿cuánto puede cambiar Venezuela si quienes han integrado su estructura de poder conservan la capacidad de administrar su futuro?
El triunvirato que denuncio no necesita proclamarse oficialmente. Le basta con que la negociación, la justificación institucional y la intimidación sigan sirviendo a la conservación del mismo sistema.
Una maquinaria muy práctica: se ofrece diálogo, se explica por qué todavía hay que esperar y se recuerda, discretamente o a gritos, lo que puede ocurrirle al impaciente.
Todo por la paz, naturalmente. La paz siempre ha sido una palabra muy útil en boca de quienes deciden quién puede hablar.
Pero esa discusión tiene nombres que ninguna negociación debería convertir en letra pequeña.
Fernando Albán murió bajo custodia del SEBIN en octubre de 2018. Su caso, incluida la actuación de las autoridades y las deficiencias de la investigación, fue examinado por la misión internacional independiente de la ONU.
El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo murió bajo custodia en junio de 2019, después de sufrir torturas. Amnistía Internacional documentó su detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte.
No son adornos dramáticos para una columna. Fueron personas. Tuvieron familias, proyectos y una vida que el Estado estaba obligado a proteger.
La misión de la ONU ha investigado crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia venezolanos. Eso exige investigar las cadenas de mando y las responsabilidades individuales. Y permite atribuir automáticamente cada crimen a los tres nombres de este encabezado, porqué ellos forman las cadenas de mando en el gobierno de Narcolas Maduro, que expresa mi denuncia política; tampoco permite esconder el aparato represivo detrás de la palabra «estabilidad».
Porque una estabilidad que necesita víctimas merece, como mínimo, que le revisen el nombre.
Pasemos a Diosdado Cabello y a ese curioso fenómeno revolucionario en el que la familia siempre encuentra una oportunidad de servir a la patria.
Esto es una pequeña porción de lo que se sabe, sin contar lo que no se sabe, y la parte espiritual que, según me he ido enterando, es bien turbia. O sea, ya sabemos que trabaja con el diablo, eso está claro, pero es importante saber en qué rama trabaja con el diablo. Lo digo como sarcasmo y juicio moral: viendo semejante trayectoria política, uno termina preguntándose si el infierno también tiene ministerios, contratistas y declaración de patrimonio.
Empecemos por el nepotismo. Mi denuncia recoge la trayectoria de su esposa, Marleny Contreras, como ministra de Turismo, ministra de Obras Públicas y diputada nacional; la de su hermana, Glena Cabello, como consejera de la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas; y la de su hermano, José David Cabello, al frente del SENIAT. También señala a su primo, Alexis Rodríguez Cabello, por sus altos cargos militares y su designación al frente del SEBIN en 2024. Cada trayectoria requiere sus registros y fechas para completar el respaldo documental de esta columna.
Una familia extraordinariamente dispuesta a servir. Tanto, que a veces cuesta distinguir el organigrama del Estado del árbol genealógico.
Paréntesis: en mi relato familiar menciono a sus tres hijos, David Diosdado, Daniela Desirée y Tito Diosdado; el matrimonio de Daniela con el cantante Omar Acedo y a su hija Dana.
Hace aproximadamente 6 años me encontré de frente con Daniela Cabello en la ciudad de Caracas. Tenía como seis guardaespaldas, seis, en ese entonces, y gastaba como si no hubiese un mañana. Ese es mi recuerdo personal. Mi indignación me llevó a pensar en el dinero de los venezolanos, aunque aquella escena, por sí sola, no demuestra de dónde procedían los fondos, pero todos sabemos que una persona tan joven no puede ostentar semejante fortuna, al menos que sea de una herencia, y como todos sabemos su padre era un simple teniente.
Pero me dejó una pregunta que todavía permanece: ¿cómo se explica semejante distancia entre la vida de quienes predican sacrificios y la de quienes deben soportarlos?
El socialismo, al parecer, también dispone de una entrada preferencial.
Sigamos con las denuncias de corrupción. En mayo de 2018, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Cabello, a su esposa, a su hermano y a Rafael Sarria, identificado por esa autoridad como testaferro. El comunicado formuló señalamientos de extorsión, lavado de dinero, malversación y narcotráfico. Son atribuciones oficiales estadounidenses que deben distinguirse de una condena judicial.
Mi texto recoge además señalamientos sobre presuntos testaferros, entre ellos Pedro Torres y Arné Chacón, y sobre un supuesto control de empresas como Moto Vera, RS21, Farma Ahorro, Ebeva, Atún Margarita, Empire Keeway y Navibús, y la Empresas Súper S.
También incluye un inventario atribuido a Cabello de 43 propiedades inmobiliarias, entre ellas el Hotel Guadalupe, en Trujillo; el Centro Comercial Líder, en Caracas; y el Centro Comercial Parque Costa Azul, en Margarita.
Porque una denuncia seria debe poder seguir el dinero, pero sin organismos independientes del Chavismo en Venezuela sería difícil más no imposible, rastrear ésos recursos provenientes del saqueo a la Nación. quién compró, quién pagó, quién figura en el documento y quién disfruta realmente del bien. El testaferro, cuando existe, cumple precisamente esa función: prestar el nombre para que otro conserve el beneficio.
Mi denuncia menciona asimismo una supuesta cuenta de 21,5 millones de dólares en un banco alemán y documentos presuntamente presentados ante la Contraloría en diciembre de 2008 sobre el uso indebido de unos 230 millones de dólares.
En cuanto a los 50 millones de dólares en supuestos sobornos vinculados a Derwick Associates, existen referencias periodísticas a esa acusación en una demanda. Una alegación judicial exige investigación y prueba; no equivale, por sí misma, a una sentencia.
Millones por aquí, millones por allá. Mientras tanto, al venezolano común le explicaban que debía aprender a vivir con menos y sin luz eléctrica y menos aún quemar caucho para exigir tan importante y necesario bien común como lo es la energía eléctrica. Una pedagogía del sacrificio impartida, curiosamente, desde los asientos más cómodos por Delcy Rodriguez.
También incluyo el señalamiento que atribuye a Diosdado Cabello la autoría intelectual del incendio de Parque Central en 2004 y lo relaciona con la destrucción de documentos oficiales. Las evidencia hablan por si solas y son verificables. La atribución queda expresamente pendiente de pruebas cuando se restablezca la democracia en Venezuela. La torre afectada en aquel incendio fue la Torre Este, corrigiendo la referencia a la Torre Sur de mi texto original.
Asimismo, algunas publicaciones difundieron una cifra de aproximadamente 800 millones de dólares en activos supuestamente confiscados a Cabello. La incorporo como una afirmación publicada en medios internacionales sin dar por confirmado el monto ni equiparar confiscación con congelamiento.
Corresponderá a una justicia independiente determinarlo. Pero los venezolanos merecemos conocer la magnitud de la corrupción que nos ha azotado durante más de veinticinco años. Merecemos expedientes abiertos, bienes rastreados y responsabilidades establecidas. Ya hemos recibido suficientes discursos.
El 10 de enero de 2025, el Departamento de Estado anunció que elevaba hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que condujera al arresto o condena de Cabello. Esa es la fecha verificable del anuncio, sin que aquí se afirme haber comprobado su vigencia actual.
Una cifra que difícilmente encaja con el modesto retrato del servidor público incomprendido.
Y llegamos a Delcy Rodríguez, donde la historia adquiere un perfume distinto: petróleo, diplomacia y conveniencia.
Quedó al frente del poder tras la captura de Maduro. La pregunta política resulta inevitable: ¿por qué Washington eligió trabajar con ella?
Antes de la captura, reportajes describieron propuestas de sucesión promovidas por los hermanos Rodríguez mediante intermediarios en Qatar. Una de las fórmulas contemplaba a Delcy y al general retirado Miguel Rodríguez Torres, junto con una posible salida de Maduro al exilio. Delcy y el gobierno negaron las versiones. Se trata, por tanto, de información periodística controvertida.
El nombre político de aquella fórmula resultaba revelador: «madurismo sin Maduro». Pero con la misma estructura criminal intacta en el poder.
El edificio seguiría en pie; se cambiaría el letrero de la entrada. Y al venezolano se le pediría celebrar la remodelación.
Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, Washington optó por trabajar con Delcy Rodríguez. Reuters informó que una evaluación de inteligencia consideraba que figuras del propio régimen podían mantener la estabilidad ante la salida de Maduro.
Ahí está la pregunta central: ¿la prioridad era desmontar el sistema o encontrar a alguien capaz de administrarlo sin interrumpir los negocios?
The Wall Street Journal publicó que Ali Moshiri, exejecutivo de Chevron, recomendó a la CIA mantener a Delcy Rodríguez y advirtió sobre las dificultades de instalar a la oposición. La CIA rechazó públicamente ese reportaje. Corresponde presentarlo como información periodística controvertida, no como un acuerdo secreto plenamente demostrado.
Aun con esa salvedad, el dilema político permanece: cuando la discusión gira alrededor de quién controla los cuerpos de seguridad y la infraestructura petrolera, los ciudadanos pueden terminar relegados a espectadores de su propio destino.
La democracia espera en recepción. El petróleo ya tiene cita.
También aparece la referencia al expediente de la DEA. Una investigación periodística informó sobre documentos que vinculaban a Delcy Rodríguez con sospechas relacionadas con el narcotráfico. Esos señalamientos investigativos no constituyen una condena.
Las menciones específicas en cuanto al lavado de dinero y al contrabando de oro quedan pendientes de cotejar con los documentos completos. Investigar a alguien, acusarlo formalmente y demostrar su culpabilidad son etapas distintas pero verificables. La diplomacia tampoco debería confundirse con una máquina para borrar preguntas.
El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó Caracas el 15 de enero de 2026 y conversó con Rodríguez sobre el futuro político del país, según Reuters. El encuentro demuestra interlocución; por sí solo, no demuestra todas las versiones sobre pactos previos o traiciones internas.
Respecto del embajador ruso, Serguéi Mélik-Bagdasárov, medios recogieron declaraciones suyas sobre presuntas traiciones internas que facilitaron la captura de Maduro. Esa versión expresa su posición; y prueba por sí sola quién colaboró y permite atribuir una participación concreta a los hermanos Rodríguez.
Hasta entre aliados, por lo visto, la lealtad puede adquirir fecha de vencimiento. El problema es que las consecuencias siempre las paga una nación que nunca fue invitada a la reunión.
Después llegó otro hecho concreto: el 1 de abril de 2026, OFAC retiró a Delcy Rodríguez de su lista de personas sancionadas.
Retirarla de una lista no resuelve las preguntas sobre el pasado. Tampoco convierte una decisión diplomática en una absolución moral.
Finalmente, incluyo la afirmación sobre el petróleo ofrecido a Estados Unidos «a precio de costo». Pero la pregunta política permanece: ¿qué condiciones se negocian, quién las conoce y cuánto beneficio recibe realmente Venezuela?
Porque cuando el futuro del país se discute alrededor de un barril, conviene preguntar dónde sentaron al ciudadano.
Tal vez lo dejaron afuera.
Esperando, como siempre, que quienes se repartieron el poder tengan la cortesía de devolverle la patria.
Mientras tanto, resulta revelador observar con qué rapidez cambia el vocabulario cuando cambian las prioridades.
Donde ayer había una figura sancionada y narcos-terroristas, hoy puede aparecer una interlocutora conveniente. Donde había indignación, ahora hay pragmatismo. Y donde las víctimas reclaman respuestas, alguien explica que debemos comprender la complejidad del momento.
Las víctimas siempre tienen que comprender. Los poderosos, en cambio, siempre encuentran quien los comprenda.
Jorge Rodríguez también forma parte de esa historia de continuidad. Él y su hermana fueron sancionados por Estados Unidos en 2018 por su papel en el sostenimiento del poder de Maduro y el deterioro democrático. Su presencia en esta columna responde a esa trayectoria política.
Ese es el centro de mi denuncia: una transición pierde credibilidad cuando quienes deben responder por el funcionamiento del sistema terminan convertidos en sus administradores indispensables.
Volvamos a Roma.
Los triunviros también tenían discursos, razones de Estado y una República que supuestamente necesitaba protección. Los nombres de los perseguidos aparecían en las listas; los nombres de los gobernantes encabezaban las promesas.
La historia no vuelve de manera idéntica. Pero a veces conserva una semejanza insoportable: el poder exige olvido precisamente cuando las víctimas necesitan memoria.
Venezuela merece una transición que abra archivos, investigue torturas, determine responsabilidades y permita a sus ciudadanos elegir libremente. Merece algo más que cambiar el retrato del despacho mientras las familias siguen buscando respuestas.
Y cuando llegue esa justicia, no bastará con haber aprendido un nuevo discurso, estrechado una mano importante o firmado un contrato conveniente.
Habrá que responder.
Porque Cicerón tuvo nombre. Fernando Albán tuvo nombre. Rafael Acosta Arévalo tuvo nombre, y Ronald Ojeda tuvo nombre. Así como también muchos otros asesinados. Y ninguna razón de Estado debería tener derecho a borrarlos.
Que bajen el telón. Que termine el apretón de manos. Que cierren la carpeta del petróleo.
Todavía quedan las familias.
Todavía quedan los archivos.
Vespasiano pudo acercar una moneda a la nariz de su hijo y comprobar que no olía mal.
Pero ninguna moneda puede declarar inocente a quien la sostiene, y menos aún si proviene de la venta de un petróleo maldito.
Y todavía queda una pregunta que ningún triunvirato puede sepultar para siempre:
¿QUIÉN RESPONDE POR LOS MUERTOS Y POR LO SAQUEADO A LA NACIÓN?
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