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Opinión

El costo de un juez corrupto Por Robert Alvarado

El costo de un juez corrupto que socava la democracia y la justicia

“Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable.” Cicerón

Venezuela sigue siendo percibida como la nación más corrupta, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional. La falta de independencia judicial y la poca transparencia gubernamental son factores de primer orden que han permitido la “Gran Corrupción” en Venezuela. Particularmente, la corrupción en el sistema judicial de Venezuela ha afectado gravemente su independencia y transparencia, lo que ha llevado a la impunidad continuada en el país. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la corrupción judicial es la desviación de las funciones judiciales. En efecto, lo demostraré en esta entrega. Existen redes de corrupción dentro del Poder Judicial de Venezuela, no solo asociadas a intereses políticos, sino a otros intereses sugeridos por un viejo adagio popular: “Por la plata, baila el mono”.

Es sabido que la politización de las instituciones ha afectado la independencia institucional en el país, lo que ha constituido el origen de los delitos de corrupción e impunidad que cometen funcionarios del sistema judicial venezolano, por ello, la falta de independencia del poder judicial en Venezuela ha sido profundamente erosionada, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un caso de corrupción judicial “emblemático” (término de uso común en el Poder Judicial) lo demuestra, en virtud de reflejar: 1) Politización en el Poder Judicial, 2) Deslealtad con la democracia, 3) Incumplimiento de principios éticos, 4) Ilicitud o desviación de funciones judiciales, 5) Corrupción o abuso de poder y 6) que los jueces tienen un Costo o, lo que es lo mismo, que éstos se venden al mejor postor.

El caso bajo estudio involucra al abogado Pedro Rafael Solórzano Martínez, Juez Superior Presidente de la Corte de Apelaciones, Sala 2, del Circuito Judicial Penal del estado Aragua y, en él, a la mayoría de los jueces y juezas venezolanas, incluyendo magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con escasísimas excepciones. La cercanía tóxica entre el poder judicial y el político, juntura en la que subyace la corrupción, es evidente en Venezuela y manifiesta en el desempeño “profesional” del juez Pedro Solórzano, venido de Apure al centro del país en virtud de sus buenos oficios a la revolución y de su íntima relación con un magistrado del TSJ, Paúl José Aponte Rueda, y con un socio de este ex magistrado, profesor de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), a cuya esposa, Solórzano Martínez le ha allanado escollos o determinado su favorecimiento en todos los pleitos judiciales en los cuales ha estado o está inmersa ella, particularmente en materia de Delitos de violencia contra la mujer.

1) Politización en el Poder Judicial. Innegable en el ingreso del abogado Pedro Rafael Solórzano Martínez al sistema de administración de justicia a mediados de la segunda década del Siglo XXI. En el artículo titulado “La ley del Poder Judicial: mientras más pobre la provincia, más chavistas son los jueces”, se lee textualmente:

“Quienes lo conocen lo describen como un joven que había comenzado su carrera en la administración pública con cargos políticos antes de llegar al sistema judicial, en marzo de 2016, cuando le dieron un cargo como juez penal sin experiencia previa.”

Así las cosas, su marcada militancia política en las filas del partido oficialista lleva al siguiente aspecto, reprochable en todo juez: 2) Deslealtad con la democracia. Pedro Rafael Solórzano Martínez, siete meses después de caer, cual paracaidista, en la dirección de un tribunal, fue uno de los cinco jueces, “sin competencia alguna en el área electoral”, que ordenaron “en octubre de 2016 suspender la recolección de firmas necesarias para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro… Pedro Rafael Solórzano Martínez fue quien cumplió con el mandato emitido desde la gobernación  (de Apure)”.

Siendo así, como tantos jueces, desde su ingreso al Poder Judicial, Pedro Rafael Solórzano Martínez ha incurrido en 3) Incumplimiento de principios éticos. Es obvio que para este “juez superior” no revisten ninguna importancia la independencia, la imparcialidad, la legalidad, la integridad, la honestidad, la objetividad, el profesionalismo, la justicia y la equidad, esta última como principio procesal cuya función consiste en la moderación por parte del juez del rigor de la ley en atención a las circunstancias del caso, algo que él, Pedro Solórzano, se ha pasado por el arco del triunfo en los casos llevados por el “escritorio jurídico Perez (sic) & asociados Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)”, propiedad del profesor de esa casa de estudios antes referido y litigante de dudosa reputación en el estado Aragua.

4) Ilicitud o desviación de funciones judiciales, consecuencia lógica en el escenario que vengo describiendo sucintamente, no es privativo del juez in comento, también es inherente a la conducta de sus colegas Luis Enrique Abello García, Alfonzo Elías Caraballo Caraballo, Mirla Bianexis Malavé Sáez, Yelitza Coromoto Acacio Carmona, ellos y ellas jueces de alzada; en tanto que en los tribunales de instancia de esa circunscripción, destacan en esas lides una jueza de control y otra itinerante, que por instrucciones de Pedro Rafael Solórzano Martínez, previo acuerdo con sus superiores jerárquicos, Abello y Caraballo, y para complacer al “escritorio jurídico Pérez (sic) & asociados”, también a una supuesta víctima y a su abogada defensora, allegadas al dueño de ese bufete, vale decir, al profesor de la UBA, la primera, la jueza de control, decretó furtivamente el pase a juicio en la causa Nro. DP01-Q-2021-001, en la cual estaba obligada a declinar su competencia, y la segunda, Carmen Zenahir Rodríguez, jueza itinerante, sumisa del todo, rápidamente aperturó el juicio correspondiente a la causa Nro. DP01-S-2022-002068, tan rápido, que se le olvidó notificar de ese acto al justiciable y a su defensa, por cierto, vilipendiados por los complacidos en ambos casos.

En este punto, vale una acotación, cuando se designa una juez itinerante, como Carmen Zenahir, es porque hay un retardo procesal severo en las causas pasadas a juicio. Entonces, ¿Cómo se explica que, habiendo tanto retardo procesal en el Circuito Judicial del estado Aragua, donde tardan tanto para aperturar los juicios, en el caso de las allegadas al “escritorio jurídico Pérez & asociados Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)”, ya realizaron la audiencia de apertura? De oficio, el TSJ debería avocarse al conocimiento de causas como estas, tramitadas con una celeridad en extremo perniciosa, pero como se sabe, allí hay damas que actúan en las sombras para favorecer a quien guarde relación con el profesor de la UBA, sin importar que sea encausado o denunciante, que es el caso de la esposa de ese supuesto catedrático, ya que ella ostenta ambas condiciones en los pleitos judiciales en los cuales está inmersa.

¿Cómo es posible este estado de cosas, hablando de administración de justicia?

La explicación es sencilla. En la persona de Pedro Rafael Solórzano Martínez se comprueba que en el Poder Judicial hay 5) Corrupción o abuso de poder. La dirección del domicilio de este “juez superior” es la siguiente: “Edificio Misti, Piso 7, Apartamento 7A, 4ta. Transversal de la Urbanización Calicanto, Girardot (Maracay), Aragua”. El profesor de la UBA le compró ese apartamento a Hilda Martínez y siempre se habló en el entorno del profesor que le diera un apartamento a Pedro Solórzano y a su esposa, Carolina Silva, para que vivieran con su familia en Maracay, por lo útil que le sería al bufete tenerlo en esa ciudad, “que podía ser en Calicanto, en el Misti o en otro edificio de San Jacinto”; unidos por una relación de amistad y negocios turbios de vieja data en el ámbito judicial, en sus frecuentes encuentros en Apure, donde Pedro Solórzano hacía las veces de anfitrión o posadero, el profesor decidió darle el apartamento que ocupa en la actualidad y gracias a la vinculación con el entonces magistrado Aponte Rueda, vista su impecable hoja de servicios a la revolución, lograron su cambio al estado Aragua.

Queda clara la corrupción o abuso de poder, extendido a todas las circunscripciones judiciales del país, comprobándose 6) que los jueces tienen un Costo o, lo que es lo mismo, que éstos se venden al mejor postor. El precio del juez superior Pedro Rafael Solórzano Martínez, como el de tantos otros en el país, incluye, además del apartamento 7A del Edificio Misti, satisfacer sus necesidades básicas, así de básico es él, existiendo evidencias de los envíos de víveres, enseres, ropa y calzado que recibe puerta a puerta desde Miami, cortesía del director del “escritorio jurídico Perez & asociados” por su solícita ayuda para con todos sus relacionados, en especial con su esposa, que a la distancia se jacta de burlar a la justicia, y con razón, el juez superior Pedro Solórzano les facilitó hasta el hecho de que secuestraran o sustrajeran del territorio nacional a un menor de edad, hijo del ciudadano que apabullan en los estrados gracias a la conducta corrupta de funcionarios como Solórzano Martínez y sus colegas en el Palacio de Justicia de Maracay.

¿Consecuencias? ¿Para los jueces corruptos y sus cómplices en el caso que nos ocupa?

Ninguna, reina la impunidad. La contraparte de la esposa del profesor de la UBA es la que carga con las consecuencias nefastas de los excesos de los jueces y magistrados empeñados en debilitar el sistema de administración de justicia por plata, como el mono. Eso sí, las consecuencias de la corrupción judicial en la administración de justicia y la democracia han quedado claras, así como el impacto negativo de un juez antidemocrático en la integridad del sistema judicial, por supuesto, también queda claro el daño que causa un juez corrupto a la confianza de la sociedad en el Poder Judicial.

Estas son verdades conocidas por todos en Aragua, según lo señalado ayer miércoles 10/05/2023 por el Dr. Rosalino Medina, Presidente del Colegio de Abogados del estado Aragua:

“Estamos buscando solución a un gravísimo problema que se nos está presentando acá en Aragua, en el Palacio de Justicia, están deteniendo a los colegas por cualquier cosa, es decir, aquí se está aplicando una política permanente de intimidación a los abogados, están intimidando a los abogados. ¿Con qué finalidad? Para que nosotros no protestemos en cuanto al retardo judicial, la ineptitud de los jueces y la forma en que se están manejando aquí todas y cada una de las causas, donde la corrupción es el tema principal.”

Como decía Oscar Yánez, “así son las cosas”.

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