Venezuela necesita diálogo. Pero, sobre todo, necesita resultados.
Después de años de confrontación política, destrucción institucional y pérdida progresiva de las garantías democráticas, cualquier iniciativa que pretenda abrir el camino hacia la reinstitucionalización del país debe ser recibida con responsabilidad. Dialogar es preferible a confrontar. Negociar es preferible a prolongar una crisis sin salida.
Pero precisamente porque lo que está en juego es demasiado importante, también es necesario hacer preguntas.
Muchas preguntas.
La primera tiene que ver con la transparencia.
La primera reunión presencial entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y representantes del actual Parlamento se realizó en La Carlota sin acceso de los medios de comunicación. Al día siguiente, el encuentro continuó en el Hotel Meliá Caracas bajo un esquema igualmente restringido.
Es comprensible que determinadas conversaciones políticas requieran espacios privados. Ninguna negociación seria puede desarrollarse con cada palabra transmitida en directo.
Pero una cosa es preservar la confidencialidad necesaria para negociar y otra muy distinta es mantener a los ciudadanos y a los medios al margen de un proceso que pretende definir el futuro institucional de toda una nación.
Si estamos hablando de una transición democrática, la sociedad venezolana tiene derecho a conocer sus objetivos, sus mecanismos, sus compromisos y, especialmente, sus tiempos.
Porque la democracia no se reconstruye a espaldas de la sociedad.
¿Quién está conduciendo realmente la transición?
Hay otra pregunta todavía más importante.
¿Quién tiene la última palabra?
La respuesta, al menos en términos políticos, parece evidente: la Administración Trump.
Estados Unidos ha asumido un papel determinante en la configuración del actual proceso. Washington ha respaldado la mesa y ha reconocido a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución legislativa venezolana elegida democráticamente que mantiene reconocimiento internacional. Al mismo tiempo, la administración estadounidense trabaja con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
Ese hecho obliga a formular una pregunta incómoda:
¿Cuál es exactamente la concepción de transición democrática que está promoviendo Washington para Venezuela?
Porque si el objetivo es la reinstitucionalización de la democracia, el centro del proceso debería ser, inevitablemente, la recuperación de la soberanía popular.
Y la soberanía popular tiene una expresión fundamental:
el voto.
Sin embargo, la arquitectura de la actual mesa plantea una paradoja difícil de ignorar.
Se reconoce a la Asamblea Nacional de 2015 como institución democrática, pero no participan en ella ni María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.
Y tampoco están representados todos los sectores de la oposición venezolana que forman parte de la Plataforma Unitaria.
Machado y González, de hecho, señalaron públicamente que no participaron en el diseño, construcción ni funcionamiento del mecanismo y que evaluarían sus resultados a partir de logros concretos y verificables, entre ellos la recuperación de las instituciones democráticas, garantías para todos los actores y un cronograma electoral presidencial oportuno.
Aquí aparece una contradicción que merece ser explicada.
Si Estados Unidos desconoce la legitimidad de Nicolás Maduro y sostiene la necesidad de una transición democrática, ¿cómo se concilia esa posición con la ausencia de Edmundo González de la mesa?
Si se considera que la elección presidencial de 2024 debe ser respetada, ¿por qué el candidato que representó a la oposición en esa elección no forma parte del mecanismo que pretende conducir al país hacia nuevas elecciones?
Y si la Asamblea Nacional de 2015 es reconocida como la última institución democrática, ¿significa eso que su reconocimiento institucional sustituye automáticamente la representación política actual de millones de venezolanos?
Son preguntas legítimas.
Y necesitan respuestas.
Delcy Rodríguez y la paradoja de la transición
La situación adquiere todavía mayor complejidad cuando observamos que la otra parte de la mesa es precisamente la estructura política que actualmente ejerce el poder en Venezuela.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez constituye, por definición, una fórmula transitoria.
Pero una transición no puede convertirse en un estado permanente.
Si su finalidad es conducir al país hacia la recuperación de la institucionalidad democrática, entonces debe existir una ruta clara hacia el momento en que los venezolanos vuelvan a elegir libremente a sus gobernantes.
La pregunta, entonces, no es solamente quién gobierna hoy.
La pregunta es:
¿Cuándo volverá a gobernar el voto?
Porque si la garantía de estabilidad política y económica del actual proceso depende de mantener un gobierno interino durante un período indefinido, Venezuela podría terminar sustituyendo una crisis de legitimidad por otra fórmula provisional sin fecha clara de culminación.
Y eso no sería una transición.
Sería una nueva forma de provisionalidad.
El calendario preocupa
La agenda anunciada contempla etapas que apuntan hacia la recuperación de derechos políticos y civiles, la reconstrucción institucional y la reorganización del sistema electoral.
Pero el problema no es solamente qué se va a hacer.
El problema es cuánto tiempo va a tomar.
Si la restitución de derechos políticos y civiles se proyecta hacia octubre; si la renovación del Tribunal Supremo de Justicia queda para noviembre; y si la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral se ubica hacia diciembre, la pregunta inevitable es qué ocurrirá después.
Porque nombrar un nuevo CNE no significa que Venezuela esté lista para votar.
Significa apenas que comienza una de las etapas más complejas de la reconstrucción electoral.
Habrá que revisar y depurar el Registro Electoral.
Habrá que garantizar la incorporación de los venezolanos en el exterior.
Habrá que resolver la situación de los partidos políticos judicializados.
Habrá que devolverles a las organizaciones políticas la capacidad de escoger libremente a sus autoridades y candidatos.
Habrá que establecer reglas electorales aceptadas por todos los actores.
Habrá que realizar auditorías profundas e independientes al sistema automatizado de votación.
Habrá que revisar los equipos, el software, los mecanismos de transmisión, la totalización y cada uno de los elementos tecnológicos que puedan afectar la confianza en los resultados.
Y todo esto deberá realizarse con transparencia.
Porque en materia electoral la confianza no se decreta.
Se construye.
La tecnología electoral también necesita legitimidad
Durante años, el sistema automatizado venezolano ha estado rodeado de controversias y cuestionamientos.
En una futura transición no bastará con cambiar a los rectores del CNE.
También será necesario reconstruir la confianza en el sistema que administra el voto.
No se trata de afirmar, sin pruebas concluyentes, que el software utilizado actualmente fue adquirido con la intención de manipular elecciones.
Se trata de plantear algo mucho más elemental:
todo componente tecnológico que intervenga en una elección debe poder ser auditado y verificado independientemente.
Si las máquinas son confiables, deben poder demostrarlo.
Si el software es seguro, debe poder ser auditado.
Si la transmisión es íntegra, debe poder comprobarse.
Si la totalización es transparente, debe poder verificarse.
Y si el resultado electoral es legítimo, ningún ciudadano debería tener que aceptar ese resultado simplemente porque una autoridad lo anuncia.
La confianza electoral no puede depender de la fe.
Debe depender de la evidencia.
El peligro de una transición sin fecha
Aquí aparece el mayor riesgo de todos.
Al ritmo que parecen avanzar las cosas, existe el peligro de que la transición termine convirtiéndose en una sucesión interminable de etapas.
Primero los derechos.
Después el Tribunal Supremo.
Luego el CNE.
Después el Registro Electoral.
Más adelante los partidos.
Después las auditorías.
Luego las garantías.
Y finalmente las elecciones.
Cada etapa puede ser necesaria.
Pero todas juntas pueden convertirse en una excusa perfecta para seguir aplazando el momento en que los venezolanos recuperen plenamente su derecho a decidir.
Si el proceso electoral termina desplazándose hasta 2028, ¿cuánto tiempo habrá pasado desde el inicio de esta transición?
¿Y cuánto tiempo más deberá esperar Venezuela?
No es una pregunta menor.
Porque una transición democrática no puede ser evaluada solamente por la cantidad de instituciones que se nombran, sino por la velocidad con la que se restituyen los derechos ciudadanos.
Trump y la contradicción que Washington debe explicar
La Administración Trump tiene hoy una responsabilidad histórica sobre Venezuela.
Precisamente por eso también debe ser sometida al escrutinio público.
Si Washington afirma que su objetivo es contribuir a una Venezuela democrática, debe explicar por qué la arquitectura del proceso deja fuera a actores políticos fundamentales.
Debe explicar por qué se reconoce a la Asamblea Nacional de 2015 como interlocutor institucional, mientras se excluye de la mesa a Edmundo González y María Corina Machado.
Debe explicar cuál es el papel que tendrá la Plataforma Unitaria.
Debe explicar cuál es la duración prevista del gobierno interino.
Y debe explicar cuál es la fecha política de llegada de la democracia.
Porque si la Administración Trump tiene la capacidad de influir decisivamente sobre el proceso, también tiene la responsabilidad de garantizar que esa influencia no termine sustituyendo la voluntad de los venezolanos.
Una transición tutelada desde Washington no puede terminar convirtiéndose en una transición diseñada en Washington.
La soberanía venezolana no puede ser sustituida por la soberanía de ningún actor extranjero.
Estados Unidos puede acompañar.
Puede facilitar.
Puede garantizar.
Puede presionar.
Pero la decisión final debe volver a los venezolanos.
El pueblo no puede ser un espectador
La mesa de diálogo no puede convertirse en un espacio donde las élites políticas discutan indefinidamente mientras el ciudadano espera.
El pueblo venezolano no necesita más comunicados.
Necesita derechos.
No necesita más reuniones.
Necesita instituciones.
No necesita más calendarios.
Necesita resultados.
Y no necesita que otros decidan eternamente cuándo podrá volver a votar.
Necesita recuperar el derecho a decidir.
Por eso, el diálogo debe estar sometido a una regla muy sencilla:
cada etapa debe producir un resultado verificable.
Si en octubre se restituyen derechos, que puedan verificarse.
Si en noviembre se reconstruye el Tribunal Supremo, que su independencia pueda comprobarse.
Si en diciembre se designa un nuevo CNE, que el proceso sea transparente.
Si después se depura el Registro Electoral, que exista auditoría pública.
Si se desjudicializan los partidos, que puedan competir libremente.
Si se reconstruye el sistema electoral, que pueda ser auditado.
Y si finalmente se convocan elecciones, que sean libres, competitivas, transparentes y verificables.
Dialogar sí. Esperar indefinidamente, no.
Venezuela necesita diálogo.
Necesita negociación.
Necesita reconciliación.
Pero necesita, sobre todo, una transición con fecha de llegada.
El diálogo no puede convertirse en una sala de espera.
Porque cada mes que pasa sin recuperar plenamente los derechos políticos es un mes más de provisionalidad.
Cada institución que permanece pendiente es una institución menos en la reconstrucción del Estado de Derecho.
Y cada elección que se posterga es una oportunidad más que se le niega al ciudadano para recuperar el control sobre su propio destino.
La verdadera prueba de esta mesa no será cuántas reuniones consiga realizar.
Será si logra devolverle a los venezolanos aquello que ninguna negociación puede sustituir:
el derecho a decidir libremente quién los gobierna.
Porque una transición democrática que no conduce oportunamente a las urnas corre el riesgo de dejar de ser una transición.
Y convertirse, simplemente, en otra espera.
Engels Espina Molero
Abogado. Máster en Dirección en la Gestión Pública. Exconcejal y exsíndico procurador del municipio Almirante Padilla.
Analista político y consultor en comunicación política y estrategia electoral.
Abog. Engels Espina Molero | LinkedIn
Correo electrónico: abogengelsespina@gmail.com
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