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Familiares de víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales demandan justicia en el Día Internacional de los Derechos Humanos

En los últimos años la actuación letal de algunos cuerpos de seguridad del Estado que vulneran el derecho a la vida, ha elevado seriamente las preocupaciones en materia de libertades fundamentales.

La posibilidad de que estas acciones formen parte de un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales, materializado por funcionarios que actúan bajo las órdenes o con el consentimiento de las autoridades superiores, preocupa a la sociedad venezolana, especialmente a los activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Para  Orfavideh -la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de Derechos Humanos- que desde 2013 lucha contra un sistema de justicia tachado de ineficiente y subordinado al Ejecutivo-, el 10 de diciembre es una fecha propicia para denunciar una vez más estos crímenes, reivindicar la lucha por la justicia y rendir tributo a la memoria de las víctimas de la violencia institucional, en un contexto nacional donde el régimen político imperante es señalado de haber propiciado un proceso continuado de involución respecto a garantías y protección de derechos fundamentales de la población, pese a estar contemplados en la carta magna y en diversos pactos internacionales suscritos por el Estado.                                                                      

Un número importante de denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas han sido documentadas y reposan en expedientes que han llegado a oídos de diversas instancias de justicia nacionales e internacionales, como relató la fundadora de Orfavideh, Aracelis Sánchez, una humilde madre que hace 8 años perdió a su hijo en medio de una incursión policial violenta a su vivienda en la parroquia El Valle de la capital venezolana.

“Hasta ahora cuando estamos finalizando el 2021 llevamos documentados 200 casos de ejecuciones extrajudiciales, y mire usted que a pesar del cansancio y la frustración que genera el hecho de no tener respuestas de parte del sistema de justicia, nos mantenemos activos y luchando cada día, esperanzados en lograr nuestros objetivos, no sé cuándo ocurrirá, pero tiene que llegar la justicia a nuestro país”.

Impunidad absoluta

En medio del largo y tortuoso camino que implica la búsqueda de justicia en nuestro país, un grupo de madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales se ha ido sumando a la labor que desarrolla Orfavideh, para lo cual llevan a cabo dinámicas de organización que facilitan la documentación y denuncia oportuna de los abusos policiales, al tiempo que se mantienen visibilizando los casos de vieja data para sensibilizar a la sociedad y generar memoria histórica.                                     

“Cuando llegan en busca de apoyo, todas traen el mismo dolor en el rostro. Yo como madre reconozco ese vacío en la mirada y la decepción frente a la indolencia de las autoridades, cuando el Estado no garantiza nuestros derechos, el derecho a la vida, principalmente, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral. Hablamos de la estupefacción  ante tantos jóvenes asesinados en sus casas o en medio de las grandes operaciones policiales que hemos visto en sectores como La Vega o Petare, aquí en Caracas, aunque también hemos documentado casos ocurridos en Miranda, Guárico, Bolívar, Monagas y Sucre”.

Otro crimen que estremeció la conciencia nacional fue el de la joven Alexandra Conopoy, asesinada por un efectivo de la Guardia Nacional durante un reparto de perniles de cerdo subsidiados por el Gobierno, la madrugada del domingo 31 de diciembre de 2017.

Alexandra contaba apenas 18 años de edad y se encontraba embarazada de cinco meses. Su madre Eubardis Herrera, quien se abrazó a la lucha de Orfavideh en el objetivo común de exigir justicia para las víctimas de la violencia policial y militar, ha transitado un vasto y doloroso camino de impunidad.

Los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales denuncian que grupos de poder están evitando que se ponga en manos de la justicia a funcionarios de distintos cuerpos de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), responsables de violaciones de derechos humanos.              

A la negativa de investigar a los responsables de los crímenes, se suman los retardos que deben enfrentar las familias cuando logran pequeños avances en los procesos judiciales. “Ni un solo caso que manejamos ha obtenido sentencia firme.

Expedientes de ejecuciones ocurridas en 2005 -que son los casos más antiguos que manejamos- han sido menospreciados por las autoridades, es decir a la fecha tenemos 100% de impunidad. También hay casos con pérdida de expedientes que estaban en tribunales. Se imaginará el dolor de las familias”, explicó la fundadora de Orfavideh.                                                                                                         

“El caso de mi hijo Darwilson Sequera Sánchez reposa en el tribunal 7° de control de Caracas, con acto conclusivo y una acusación, pero desde el 2018 no se ha realizado una preliminar, con la excusa de diferimientos. Hay un solo funcionario del CICPC detenido mientras que otros tres implicados gozan de libertad absoluta. Ellos son los autores materiales, pero la cadena de mando debe rendir cuentas ante la justicia por estas violaciones a los derechos humanos”, agregó.

Juntas para exigir la garantía de los derechos humanos

En Orfavideh están conscientes de que la impunidad crea las condiciones propicias para que las personas puedan seguir cometiendo violaciones sin temor a ser detenidos, procesados o castigados.

Debido al distanciamiento que impone la pandemia, la crisis del combustible y las elevadas tarifas del transporte público, los miembros de la organización han conciliado fórmulas virtuales para estar en contacto permanente a través de las redes sociales, a fin de brindarse apoyo mutuo, compartir información relevante y generar mecanismos de formación para contrarrestar la impunidad que amenaza con debilitar la lucha que sostienen.

De acuerdo con el testimonio de Aracelis Sánchez, “para avanzar con determinación hay que sentir que somos capaces de adquirir derechos, de esta manera lograremos exigir justicia y poco a poco vencer la impunidad. Gracias a estas dinámicas de grupo virtuales las madres recién llegadas a la organización aprenden a perder el miedo a los fiscales, saben exigir atención y así son tomadas en consideración, es decir, aprenden a empoderarse de sus casos”, puntualizó.

En el año 2020 hubo 2.853 ejecuciones extrajudiciales en el país, mientras que en el primer trimestre de 2021 se denunció la muerte de 472 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, de acuerdo con cifras publicadas por Provea. Estos hechos evidenciarían la alta letalidad de los cuerpos policiales y militares que, a 15 años de la implementación de la reforma policial, continúan siendo denunciados por abusos y violencia armada, al parecer dependientes de un patrón de comportamiento que comprende: 1) incursión violenta en los barrios pobres para detener a “delincuentes”, 2) allanamientos sin orden judicial, 3) ajusticiamientos dentro de las viviendas y 4) manipulación de la escena del crimen para simular enfrentamientos. 

La luz de la justicia internacional

Defender el derecho a la vida y exigir garantías de acceso al debido proceso judicial lucen cuesta arriba en la Venezuela actual, y eso lo saben muy bien los familiares y amigos de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, quienes desde hace unos años han volcado sus demandas allende nuestras fronteras.

La comunidad internacional ha monitoreado de cerca el caso venezolano y brindado apoyo a las fuerzas vivas de la sociedad que luchan permanente contra la impunidad y por el fortalecimiento del Estado de derecho donde impere la igualdad de todos ante la ley.

“Dado que las autoridades al parecer no tienen la capacidad ni la voluntad de sancionar a los responsables de tantas injusticias y violaciones de los derechos humanos, no queda otra opción que aferrarnos a quienes alzan su voz fuera de nuestro país. El reciente pronunciamiento de la Corte Penal Internacional es una lucecita en medio de tanta oscuridad, porque sabemos que la justicia en Venezuela es ciega, sorda y muda. Ya llevo 8 años clamando justicia mientras que hay compañeras de Orfavideh que suman 15 años de lucha. Tanta irresponsabilidad y silencio sugieren que prácticamente no existe el Estado de derecho en Venezuela. A las victimas solo nos queda la esperanza de que actúe la justicia internacional”, sostuvo la fundadora de Orfavideh.

“Que la Corte Penal anunciara el inicio de una investigación formal a Venezuela por crímenes de lesa humanidad es un avance para la justicia, de cara a poner fin a la impunidad y mejorar el respeto a los derechos humanos. Es una buena noticia que enarbolamos en el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque reivindica la memoria de nuestros hijos y concede valor a nuestra lucha”, concluyó Aracelis Sánchez.

Provea

EL

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