Perú, con seis presidentes en seis años y una economía afectada, se debate entre la desesperanza política y la posibilidad de un cambio autoritario.
La corrupción ha desacreditado a toda una clase política.
Tres relojes Rolex, una pulsera Cartier de 56.000 dólares y una conjunto de joyas con valor de 500.000 dólares han dejado sin palabras a la presidenta del Perú. Dina Boluarte, una abogada provincial de origen modesto antes de asumir el máximo cargo, no ha podido explicar a los fiscales de dónde provienen los lujosos accesorios.
La primera líder femenina del Perú, en cambio, ha cuestionado el interés de los medios en los costosos relojes y joyas que ha llevado en actos oficiales, diciendo que esperaba que esto no fuera “sexista o discriminatorio” y que “ser corrupta no está en mi ADN”.
Su abogado añadió de manera útil que “no todo enriquecimiento es ilícito”.
Los fiscales no se han inmutado. Han ampliado su investigación para incluir pagos inexplicados de alrededor de 300.000 dólares a las cuentas bancarias de Boluarte.
La policía derribó la puerta de la residencia familiar en Lima el Viernes Santo en busca de pruebas.
¿Significa esto el fin para una de las líderes más impopulares del mundo, quien avanza con dificultad con un índice de aprobación del 9 por ciento? No necesariamente, según el Congreso del Perú.
Los legisladores votaron por un amplio margen el miércoles para confirmar el nuevo gabinete de Boluarte, formado apresuradamente después de la salida de seis ministros el lunes y la renuncia anterior del primer ministro por un escándalo separado. El jueves rechazaron dos mociones de juicio político.
¿Por qué este improbable voto de confianza? Casi dos tercios de los legisladores están bajo investigación por presuntos delitos y el Congreso es tan vilipendiado como la presidenta, por lo que los legisladores temen a las elecciones anticipadas.
Una presidenta débil también le permite al Congreso reescribir la constitución. Este año, los legisladores han reinstalado al senado y permitido a los legisladores buscar la reelección inmediata, haciendo caso omiso de los resultados de un referéndum que mostraban que el público no quería ninguna de las dos cosas.
Los peruanos han observado con una mezcla de cansancio, asco y desesperación. Han tenido seis presidentes en los últimos seis años, cuatro forzados a salir por presuntas irregularidades.
Boluarte llegó al cargo superior en diciembre de 2022, cuando su predecesor Pedro Castillo fue arrestado tras intentar cerrar el Congreso.
El empobrecido sur del Perú, el bastión del apoyo a Castillo, estalló en protestas y Boluarte envió al ejército. Al menos 49 civiles murieron, provocando el clamor internacional y lesionando fatalmente la credibilidad de su administración provisional desde el principio.
Esta turbulencia en el gobierno ha sacudido la economía. Los inversionistas temen comprometerse con grandes proyectos, particularmente en el sector clave de la minería, una oportunidad perdida en momentos en los cuales la demanda global de minerales críticos es alta.
El sector informal, que emplea a más del 70 por ciento de los trabajadores, ha florecido. La minería y la tala ilegales son rampantes; el tráfico de drogas continúa sin interrupción; universidades privadas de dudosa reputación surgen por todas partes. En lugar de frenar dicha actividad, los legisladores la han fomentado. Las iniciativas legislativas han obstaculizado la represión de mineros y madereros, y la lucha contra el crimen organizado.
Will Freeman, experto del Council on Foreign Relations, ve “indicios preocupantes de que el crimen organizado podría tener una influencia significativa sobre los legisladores”. Ya que las empresas legítimas son reacias a donar a los partidos políticos plagados de escándalos del Perú, el dinero sucio llena el vacío. El crimen y la violencia van en aumento.
Como era de esperar, pocos peruanos son optimistas. Un número creciente está emigrando. Más de 400.000 solo en la primera mitad del año pasado. En Lima, la opinión se divide entre aquellos que ven una degradación constante de la política y aquellos que creen que un nacionalista autoritario al estilo de Nayib Bukele, de El Salvador, ganará las elecciones, previstas para 2026. Mientras tanto, Boluarte continúa tambaleándose.
“Los Rolex resumen una situación política cuya principal característica es que ya no hay política”, dice Alberto Vergara, de la Universidad del Pacífico en Lima. “A Dina y su gobierno no les importa en lo más mínimo el país. Para ellos, la política se trata de saquear”.
Michael Stott – Financial Times.
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