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Freddy Superlano dice que no: Las pruebas dicen QUE SÍ vea vídeo de la periodista Patricia Poleo

Tomado del diario TalCualDigital.com

Honorarios impagos, falsificación de documentos e intentos de legitimar capitales son algunos de los señalamientos que hace el bufete español que fue contratado por un grupo de exdiputados en 2019 para buscar indulgencias en favor del empresario Carlos Lizcano, que a su vez beneficiarían los negocios de Alex Saab.

En 2019, un grupo de entonces diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN-2015) contrataron un bufete de abogados en España con el propósito de gestionar acciones judiciales en el plano internacional para buscar indulgencias en beneficio del empresario Carlos Lizcano, quien operaba empresas en Venezuela en nombre de Alex Saab y Álvaro Pulido.

Reiteró que es falso que haya intermediado por Saab ante organismos internacionales. Recalcó que las cartas de buena conducta y viajes a Europa realizados por diputados de la Asamblea Nacional entre 2017 y 2019 fueron el inicio de la llamada «operación alacrán»

«Jamás firmé una «carta de buena conducta» a favor de Alex Saab, por el contrario, fui promotor en solicitar en instancias internacionales posibles sanciones contra este individuo. Por esta razón fui perseguido, exiliado y debí pasar a la clandestinidad en el 2020″, escribió en una comunicación publicada en sus redes sociales.

Superlano expuso esta postura días después de que surgiera información  sobre una denuncia ante Europol España por, supuestamente ser cercano a Saab.

El dirigente recordó que en 2019, cuando se desempeñaba como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, se le acusó de firmar una supuesta la misiva.

“Hoy, debido a la acusación presentada ante la Policía Europea, lo reitero: la firma que aparece en dicho documento no pertenece a Freddy Superlano. Jamás viajé a España a hacer gestiones en favor de Alex Saab. Jamás le firmé ningún poder a ningún bufete o abogados”, escribió.

Agregó que acudió a las instancias internacionales solicitando las sanciones para Saab y “demás personajes que se lucraron con el hambre y la necesidad de nuestra gente”.

Superlano rememoró que en su momento negó la autoría de la firma. Argumentó que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional no es un órgano para estar dando cartas de buena conducta a particulares.

“Y como quién no la debe, no la teme, me pongo a la orden, una vez más, para someterme a una prueba grafotecnia para demostrar la invalidez y el carácter írrito de esa firma con la cual se intenta desprestigiar mi honor y buen nombre”.

Recalcó que las cartas de buena conducta y viajes a Europa realizados por diputados de la Asamblea Nacional entre 2017 y 2019 fueron el inicio de la llamada «operación alacrán».

A su juicio, fue «un bochonoso y vergonzoso episodio donde diputados traicionaron la confianza de un pueblo para tratar de lavarle la cara a un empresario que hizo fortunas, vendiendo comida en mal estado, con sobreprecio y bajo la protección del Estado».

Lamentó que por denunciar esta operación y enfrentar con firmeza al gobierno de Nicolás Maduro, «tuve que ir al exilio y a la clandestinidad en el 2020, hasta el 31 de agosto de ese año»

Otros medios muestran esta realidad:

El Universal y otros medios

Un bufete de España (AA Lawyer Abogados Consultores) denunció a un grupo de exdiputados venezolanos ante la Policía Europea (Europol) por desfalco.

Los implicados en la denuncia son José Brito, Adolfo Ramón Superlano, Conrado Pérez, Chaim Bucarán, Luis Parra, José Luis Pirela, Freddy Superlano y Richard Arteaga, quienes son acusados por el impago de honorarios profesionales, la falsificación de documentos y el desfalco de al menos 1.100 millones de euros.

En la denuncia, cuyos fragmentos fueron publicados por el periodista Roberto Deniz, el bufete explica que sus servicios fueron contratados por los exparlamentarios con la finalidad de gestionar actuaciones en el plano internacional para solicitar el levantamiento de sanciones administrativas a las empresas de Lizcano.

“Fuimos contratados bajo el concepto de que el objetivo básico de los servicios era demostrar la legitimidad de las empresas y permitir el reinicio de actividades mercantiles de cada una de ellas”, resalta el texto.

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