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INTENSA GUERRA legal por controlar banco de Miami supuestamente propiedad de Maduro

La batalla legal por el control de un banco de Miami que presuntamente es administrado en secreto por el régimen socialista de Caracas se está intensificando en medio de los esfuerzos de su propietario original por retomar las riendas de la empresa matriz del banco con sede en Curazao.

El propietario original, el empresario venezolano-estadounidense Juan Santaella, había demandado previamente a miembros y ex miembros de la junta directiva de Eastern National Bank, incluyendo a Gabina Rodríguez, quien presidió la junta entre 2015 y 2021.

Desde cuando asumió el control

La demanda argumenta que Rodríguez asumió el control de Eastern después de ser nombrada por el régimen de Venezuela en 2009 como la interventora de las empresas matrices del banco, Corpofin, registrada en Venezuela, y Mercorp, registrada en Curazao.

La demanda presentada en enero ante un tribunal federal del sur de Florida alega que el pequeño banco de Miami ha estado bajo el control del régimen de Nicolás Maduro a través de Rodríguez, y que fue utilizado por Caracas para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos.

“Gabina Rodríguez, como agente del régimen de Maduro, ejerce un control indiscutible sobre la Junta Directiva del Este. A pesar de que Gabina Rodríguez ya no es miembro de la Junta después de la Orden de Consentimiento de 2020, ella (y por lo tanto el régimen de Maduro) sigue teniendo el control exclusivo de [Eastern] debido a la designación de Gabina Rodríguez por parte del gobierno venezolano como síndico de Corpofin, que posee en su totalidad Mercorp, que a su vez posee más del 99% de las acciones” de Eastern, señala la demanda.

En lo que constituye un nuevo giro en el caso, Santaella obtuvo recientemente el control de Mercorp, reemplazando a Rodríguez en la administración de la compañía con sede en Curazao con el venezolano Juan José Caso, fuentes cercanas al demandante dijeron a el Miami Herald.

Las fuentes dijeron que el cambio fue aprobado en una asamblea de accionistas de Mercorp. El nombre de Caso actualmente aparece como director estatutario de la empresa en el registro comercial de la isla.

Historia

Santaella compró originalmente el banco con sede en Hialeah en la década de los ochenta, pero perdió el control de la institución en medio de la crisis financiera venezolana de 1994, evento que condujo a la desaparición de varios bancos venezolanos, incluyendo a Bancor, institución financiera perteneciente a Santaella.

El gobierno venezolano terminó interviniendo a la empresa matriz de Bancor y de Eastern, Corpofin, y desde entonces el pequeño banco estadounidense ha estado bajo control estatal.

Eastern National Bank tiene casi $260 millones en activos y cuatro sucursales en el sur de la Florida, incluyendo Miami, Hialeah y Doral.

En una declaración escrita enviada al Miami Herald, la gerencia de Eastern dijo que no hay duda de que Mercorp N.V. es el accionista mayoritario de ENB. Pero enfatizó que “ahora hay una disputa sobre quién tiene el control de Mercorp y si un supuesto cambio reciente en el control y la gestión fue autorizado o se hizo de conformidad con las leyes de Estados Unidos, Curazao y Venezuela”.

“En respuesta, el banco ha estado en comunicación con sus reguladores federales… para recibir sus aportes. Hasta que el Banco reciba una guía clara de sus reguladores, el Banco corre el riesgo de violar las leyes bancarias y de sanciones de los Estados Unidos y, por lo tanto, está limitado a tomar medidas adicionales sobre estas solicitudes en este momento”, dijo.

Anteriormente, el banco había negado enfáticamente que estuviera bajo el control del régimen de Maduro, diciendo que se trataba de una mentira difundida por Santaella.

Eastern de Florida

“Esto es evidentemente falso e ignora la realidad de que Eastern es una institución financiera autorizada de los Estados Unidos que opera desde hace 53 años bajo la supervisión y aprobación de las agencias reguladoras estadounidenses. Eastern obtuvo las aprobaciones y autorizaciones requeridas [del Departamento del Tesoro] para operar legalmente en los Estados Unidos y continúa trabajando para servir de manera efectiva a la comunidad del sur de la Florida”, dijo el banco en un comunicado emitido en agosto.

El gobierno de Estados Unidos ha aplicado una serie de sanciones contra el régimen venezolano y decenas de sus dirigentes, acusándoles entre otras cosas de destruir la democracia venezolana, estar involucrados en numerosos esquemas de corrupción y de haber convertido al país en un narcoestado.

Entre otras cosas, las sanciones introducidas por el Departamento del Tesoro prohíben a compañías y ciudadanos bajo jurisdicción estadounidense a realizar negocios con funcionarios y entidades estatales, salvo que éstas cuenten con licencias especiales otorgadas por el Departamento del Tesoro.

En los documentos presentados en la corte, los demandados reconocen que la composición accionaria del banco es singular, pero niegan que esto signifique que esté bajo control del régimen de Caracas y enfatizan que el banco consiguió el debido permiso del Departamento del Tesor para operar en Estados Unidos bajo la actual estructura accionaria.

Desacuerdos

Santaella está en desacuerdo. En la demanda presentada a principios de este año, afirma que la relación de Rodríguez con el régimen de Maduro está claramente delineada en el hecho de que el régimen la nombró en 2009 como receptora de Corpofin, otorgándole en ese momento el control total de Mercorp.

Ese nombramiento le dio a Rodríguez la autoridad para designarse a sí misma como directora general única de Mercorp, que a su vez posee el bloque mayoritario de acciones en Eastern y, por lo tanto, contaba con los votos necesarios para elegir a los miembros de la junta directiva de Eastern, alega la demanda.

Rodríguez ha tenido una larga carrera como empleada pública venezolana durante casi 30 años, trabajando en el estatal Banco Industrial de Venezuela en 1993, en la Contraloría General de la República de 1993-02 y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La denuncia afirma que Eastern ayudó al régimen a mantener el acceso al sistema financiero internacional después de que “todos los bancos estadounidenses” terminaron sus relaciones de corresponsalía bancaria con el Banco de Venezuela.

Esa decisión posteriormente le generó problemas a Eastern luego de que la Contraloría de la Moneda, entidad independiente del Departamento del Tesoro, notificó en el 2018 que había detectado una serie de deficiencias en las prácticas antilavado y en las prácticas relacionadas al secreto bancario relacionadas con la operación de la cuenta con el Banco de Venezuela,

En la notificación de la Contraloría, la entidad dijo haber identificado 10 relaciones de cuenta de las cuales había “insuficiente información de diligencia debida”, señalan los demandantes.

La Contraloría ordenó al directorio de Eastern, entre otras cosas, que nombrara un Comité de Observancia compuesto por tres directores, dos de los cuales no podían ser ni empleados, ni ejecutivos o accionistas del banco.

Según los demandantes, los directores del banco fallaron en adoptar los apropiados correctivos, lo cual fue reseñado por la propia Contraloría en otra advertencia emitida en el 2020.

“El banco no ha logrado cumplir con la orden del 2018 y no ha corregido las deficiencias que condujeron a la orden del 2018”, señaló la entidad. “El banco incurrió en numerosas prácticas inseguras y defectuosas en violación a las leyes y regulaciones”.

Fuente ENH

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