21 años encarcelados sin ninguna prueba forense que los vincule al crimen.
No es la primera vez que escribo sobre el caso de los Guevara. Esta vez lo hago desde la perspectiva de un trabajo académico realizado bajo la dirección académica de un abogado a quien considero mi mentor en el mundo del Derecho, el doctor Miguel Alfredo Bermúdez Gamarra, yaracuyano de palabra firme y mirada atenta.
El estudio fue elaborado por estudiantes de postgrado de la Universidad Rómulo Gallegos, en la materia Biología Forense. Tomó como guía un informe sobre genética forense en Venezuela y examinó el asesinato del fiscal, la identificación de sus restos, la escena, la cadena de custodia y las pruebas utilizadas contra los condenados.
No es una sentencia ni reemplaza un expediente. Es una pregunta técnica formulada donde durante años solo se aceptó una respuesta política. Salvo mejor criterio, es un análisis, como tantos otros, que demuestra la inocencia de Otoniel, Rolando y Juan Guevara, tres hombres que cumplieron veintiún años presos por ese crimen.
Anderson murió la noche del 18 de noviembre de 2004. Una explosión destruyó su Toyota Autana amarilla en Los Chaguaramos, Caracas, y dejó un cuerpo carbonizado, irreconocible para cualquier mirada ordinaria. En un caso así, la criminalística ordena comenzar por lo básico: tratar los restos como los de una persona desconocida hasta que la evidencia permita identificarla, como habría ocurrido en este caso.
Ahí aparece el primer problema serio: el abordaje inicial. La explosión reunió bomberos, altos funcionarios, curiosos, autoridades conspicuas y urgencias que no llevaban guantes de paciencia. Obvio, en ese contexto, cada persona que entró, cada objeto que se movió y cada resto que se recogió sin fijación adecuada pudo alterar la evidencia.
De una simple lectura se desprende que algunos elementos básicos del abordaje y de la cadena de custodia no fueron respetados, y, como es lógico, eso pudo influir en la contaminación de la escena. El informe de los estudiantes señala un problema de confiabilidad. Si la muestra perdió su historia, también perdió parte de su fuerza.
La presencia temprana de altos funcionarios y las declaraciones inmediatas sobre terrorismo y homicidio intencional añadieron presión a una escena que aún debía ser examinada. Eso no prueba por sí solo una manipulación. Pero, sí permite preguntar si la hipótesis oficial llegó antes que las pericias y si después cada indicio fue leído para confirmarla.
En criminalística existe el sesgo de confirmación: cuando se decide quién es el culpable, como se decidió en ese entonces, la evidencia empieza a parecer obediente y en Venezuela conocemos demasiado bien esa obediencia.
El punto decisivo está en los Guevara. El análisis no encontró una conexión forense directa que los ubicara fabricando, transportando o instalando la bomba. No aparece, en el material estudiado, ADN que los vincule con el artefacto, trazas de explosivo en sus manos o ropa, ni una huella material que los coloque en la camioneta.
La ausencia de una prueba no es un certificado automático, pero, sumada a las fallas de abordaje, corrobora la inocencia que el proceso nunca consiguió desmentir con ciencia.
En buena medida, Giovanni Vázquez de Armas, presentado como testigo clave, resquebrajó el sesgo de confirmación. Según el material revisado, su identidad, sus antecedentes, su formación y su credibilidad fueron cuestionados. Más tarde confesó públicamente haber recibido dinero para memorizar un guión y declarar contra los acusados.
Así las cosas, en Anderson, la identificación del cadáver pudo avanzar por métodos forenses, mientras la identificación de los responsables quedó apoyada en una trama testimonial frágil. Se supo quién murió, pero no quedó demostrado con igual rigor quién puso la bomba.
El móvil tampoco puede resolverse con etiquetas. Anderson investigaba asuntos relacionados con abril de 2002, Puente Llaguno, militares de Plaza Altamira y el financiamiento de Súmate. También circularon denuncias sobre cobros, teléfonos, cuentas y redes de extorsión. Unos lo convirtieron en héroe; otros, en parte de una maquinaria de chantaje. Ninguna imagen sustituye la prueba. El expediente parecía avanzar con la velocidad de una consigna, mientras las hipótesis incómodas recibían otro examen, o ninguno.
La lección de la genética forense es sencilla: una muestra bien recogida puede incriminar o exculpar. El ADN no tiene partido. Precisamente por eso obliga a respetar la obtención, el embalaje, el traslado, el registro de comparación y la contraexperticia. La dactiloscopia y la odontología exigen la misma disciplina. La ciencia es fuerte porque puede ser controlada, cuando se le niega el control, se vuelve autoridad con bata.
Por eso importa el trabajo académico “Análisis Integral del Caso Danilo Anderson: Protocolos de Identificación Forense y Repercusiones Criminalísticas en la Justicia Venezolana”. Fue una investigación de estudiantes (disponible en la web), de uso académico, no una orden de libertad ni una sentencia paralela.
Su valor está en revisar lo que la prisa dejó sin revisar. Al señalar contaminación posible, quiebres de trazabilidad, ausencia de evidencia forense directa y dependencia de un testimonio cuestionado, el análisis corrobora que los Guevara no fueron vinculados científicamente con la colocación del explosivo. La inocencia se fortalece cuando la acusación y el juicio no pudieron probar lo contrario.
Veintiún años de prisión no caben en una nota al pie. Cada año dificulta recuperar muestras, localizar testigos y reconstruir la escena. Si alguna autoridad quisiera esclarecer el caso, tendría que auditar los protocolos, ubicar los registros de identificación, recuperar el protocolo de autopsia completo, revisar la trazabilidad del explosivo y confrontar todo con estándares actuales. No para fabricar otra versión, sino para saber si la anterior soporta una revisión honesta.
La justicia venezolana ha confundido demasiadas veces rapidez con eficacia. Un caso resuelto en televisión puede seguir abierto en la conciencia de un país. En Anderson se identificó un cadáver calcinado, pero no se identificó con igual claridad la red que ordenó su muerte ni la prueba que llevó a tres hombres a la cárcel.
El análisis no absuelve por decreto, pero sí muestra que Otoniel, Rolando y Juan Guevara fueron condenados sin una conexión material directa demostrada y en un proceso afectado por fallas que obviamente contaminaron la escena. Eso corrobora su inocencia en el terreno que importa: el de la prueba que debía atarlos al crimen.
Recuerda seguirnos en nuestra CUENTA DE INSTAGRAM Y LA CUENTA DE WHATSAPP
Comment here