El fiscal general de la república, Tarek William Saab acaba de informar durante una rueda de prensa en Caracas, que el Ministerio Público (MP), imputó a Carlos Graterol, director del Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales, por su presunta complicidad en la masacre que dejó 47 reclusos muertos y 67 heridos, además de una funcionaria y el director.
Le imputan por el delito de cómplice necesario en el delito de introducción de armas de fuego en centros penitenciarios.
“El pasado 1 de mayo, los reclusos, dirigidos por un líder negativo conocido como Olivo, iniciaron acciones de protesta por supuestos hechos irregulares durante la visita (…) Ante la falta de respuesta a su reclamo, la población penal traspasó la cerca y agredió al director del penal”, declaró Saab.
“Por estos hechos, los efectivos militares no realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos. Lamentablemente, emplearon armas de fuego. Y optaron por hacer uso de sus armas, recibiendo respuesta por parte de un grupo de internos armados, dejando el lamentable saldo ya conocido 47 fallecidos y 69 heridos “.
Señaló que al lugar acudieron los siete fiscales asignados, junto con expertos de la Unidad Criminalística del Ministerio Público, realizando las experticias.
“Entre las experticias (…) lograron identificar a los funcionarios que dispararon contra los reclusos, estos son el primer teniente Castro Malaguera, sargento Primero Manuel Torres Parada; sargento Mayor de tercera Rodríguez Escalona; sargento Primero Almeida Gudiño, y sargento Primero Rodríguez García”, reveló.
A estos funcionarios se les imputarán los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder, detalló.
“También estamos imputando a los siguientes reclusos, líderes negativos dentro del penal, quienes organizaron los actos violentos y participaron del enfrentamiento: Olivo Castillo Velázquez; Ronal Camacaro Angulo; Wilmer Romero Durán y Douglas Ramos Lucena”.
Se les imputarán los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y tráfico de armas de fuego.
Cabe recordar que la ONG por los derechos humanos Una Ventana a La Libertad asevera que el motivo por el que se originó el conflicto en el referido centro penitenciario fue el impedimento, supuestamente, por efectivos de la GNB de hacerles llegar a los internos la comida que sus familiares les habían llevado.
“Los familiares le llevaban la comida a la cárcel porque no se las dan y los Guardias Nacionales que están allí custodiando no se las entregan sino que se quedan ellos con la comida”. Esta situación que describe Palma fue el detonante para la revuelta “y fue cuando se originó este motín carcelario”.
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