Hay gobiernos que utilizan el Estado para combatir el crimen. Y hay otros que consiguen algo mucho más sofisticado: convertir al Estado en una herramienta de supervivencia política, mientras las instituciones encargadas de perseguir el delito terminan dependiendo del poder que deberían investigar.
Venezuela ofrece uno de los casos más inquietantes de América Latina.
Nicolás Maduro Moros no puede ser analizado únicamente como un presidente, dirigente socialista o heredero político de Hugo Chávez. Desde la criminología política, su gobierno debe estudiarse también como un sistema de poder en el que aparecen denuncias documentadas de represión, detenciones arbitrarias, torturas, persecución política, ejecuciones extrajudiciales y utilización de estructuras estatales para preservar el poder.
Y aquí comienza la paradoja venezolana: el Estado dice combatir el crimen mientras buena parte de las acusaciones más graves apuntan precisamente hacia estructuras estatales.
- El problema no es solamente Maduro: es la estructura
La criminología contemporánea sabe que determinados fenómenos criminales no pueden explicarse mirando únicamente al individuo que ejecuta materialmente el acto.
Hay que estudiar:
• quién ordena;
• quién ejecuta;
• quién financia;
• quién protege;
• quién encubre;
• quién controla las instituciones;
• quién impide investigar;
• y quién se beneficia del sistema.
Es la diferencia entre estudiar un delito aislado y estudiar una estructura de criminalidad organizada o estatal.
Precisamente por eso resulta especialmente relevante la investigación de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. La Fiscalía de la CPI comenzó examinando la situación venezolana y, tras la remisión de seis Estados parte del Estatuto de Roma en 2018, abrió el camino para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.
La cuestión fundamental, por tanto, dejó de ser simplemente:
¿Quién golpeó al detenido?
Y pasó a ser una pregunta mucho más incómoda:
¿Existe un patrón organizado detrás de esos hechos y quiénes ocupan posiciones de responsabilidad dentro de ese patrón?
Ahí comienza la verdadera criminología del poder.
- Cuando la represión deja de ser accidente
Una dictadura clásica puede utilizar la violencia de manera abierta. Los sistemas autoritarios contemporáneos suelen ser más sofisticados. No necesitan llenar las calles de cadáveres todos los días. Les basta con desarrollar una arquitectura de miedo.
El ciudadano aprende rápidamente la lección. No hace falta detener a todos. Hay que conseguir que todos sepan que pueden ser detenidos. Ese mecanismo es particularmente importante desde la criminología porque produce control social mediante el miedo.
La Fiscalía de la CPI ha examinado en Venezuela posibles delitos como encarcelamiento u otras privaciones graves de libertad, tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos. Y aquí aparece una característica fundamental:
La víctima no necesariamente es perseguida por lo que hizo, sino por lo que representa.
Ese es un salto cualitativo. El delito deja de ser el centro. El enemigo político se convierte en el centro.
- La cárcel como instrumento político
En un Estado democrático, la cárcel tiene una finalidad jurídica. En un sistema autoritario, la prisión puede convertirse además en un instrumento político. El detenido deja de ser solamente un procesado. Se convierte en un mensaje.
Uno de los aspectos examinados por la CPI en el caso Venezuela ha sido precisamente la privación grave de libertad y la persecución política. La lógica es brutalmente sencilla:
“Si puedes ser detenido por enfrentarte al poder, quizá mañana decidas no enfrentarte.”
Eso es control social. Y funciona. Porque el miedo tiene una extraordinaria capacidad administrativa. No necesita presupuesto. No necesita elecciones. No necesita discursos. Se reproduce solo.
- La responsabilidad del superior
Aquí aparece uno de los asuntos más interesantes desde el punto de vista criminológico. No basta con identificar al funcionario que ejecutó una detención o una tortura.
La investigación debe preguntarse:
¿Quién tenía autoridad sobre él?
La propia CPI ha señalado una preocupación especialmente relevante: las investigaciones internas venezolanas habían tendido a concentrarse en autores directos o funcionarios de bajo nivel, sin abordar suficientemente la posible cadena de mando y el contexto de los presuntos crímenes.
Esto es fundamental. Porque si un policía comete un abuso sin autorización, tenemos un delito cometido por un funcionario. Pero si cientos de funcionarios actúan siguiendo patrones similares, durante años, contra determinados grupos políticos y sin que quienes mandan impidan esas conductas, la pregunta criminológica cambia completamente.
Ya no estamos mirando solamente al delincuente de uniforme. Estamos mirando hacia arriba.
- La gran paradoja: investigar al investigador
Aquí aparece uno de los problemas más profundos del caso venezolano.
¿Cómo investigar a una estructura cuando las instituciones encargadas de investigar dependen de esa misma estructura?
La CPI autorizó en 2023 la reanudación de su investigación sobre Venezuela. La decisión señaló que los procedimientos internos venezolanos no reflejaban suficientemente el alcance de la investigación internacional y que se concentraban principalmente en perpetradores directos o de menor nivel.
Esto plantea una cuestión criminológica clásica: la impunidad institucional.
No significa necesariamente que ningún funcionario sea investigado. Significa algo más sofisticado: que puede investigarse al ejecutor mientras se evita llegar al mecanismo que hizo posible el delito.
Es el equivalente institucional de arrestar al empleado que falsificó la factura mientras nadie pregunta quién diseñó el sistema contable.
- El Estado como víctima… y como acusado.
La propaganda política venezolana ha construido durante años una narrativa donde el Estado aparece como víctima permanente: víctima del imperialismo, víctima de conspiraciones, víctima de sanciones, víctima de golpes, víctima de enemigos externos.
La explicación política puede discutirse. Pero criminológicamente hay que formular otra pregunta:
¿Puede el Estado presentarse simultáneamente como víctima de todos los delitos y como institución acusada de cometer algunos de ellos?
Ahí aparece una de las mayores paradojas del chavismo.
El Estado denuncia constantemente la criminalidad externa mientras organizaciones internacionales investigan presuntos abusos cometidos por agentes estatales.
La criminología política llama la atención precisamente sobre esta inversión: el poder puede construir un relato en el que la persecución de sus adversarios aparece como defensa de la sociedad.
El enemigo político deja de ser ciudadano. Se convierte en amenaza. Y cuando alguien es definido como amenaza, la violencia contra él puede comenzar a justificarse como seguridad.
- Maduro y la hipótesis de la criminalidad de Estado
Aquí debemos ser jurídicamente precisos. No corresponde afirmar simplemente que Nicolás Maduro ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad.
Eso sería falso.
La CPI mantiene una investigación sobre la situación venezolana; no equivale a una sentencia condenatoria contra Maduro. Pero precisamente por eso el asunto resulta importante.
La investigación internacional existe porque existen alegaciones suficientemente graves y complejas como para haber activado mecanismos internacionales de justicia penal. Desde una perspectiva criminológica, Maduro debe estudiarse entonces como presunto responsable dentro de una estructura de poder, no simplemente como autor material de cada delito denunciado. Esa distinción es fundamental.
- El expediente del narcotráfico
Existe además otro capítulo particularmente delicado. En Estados Unidos, Maduro fue acusado penalmente por delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.
Las acusaciones estadounidenses sostienen que Maduro participó en una conspiración relacionada con el tráfico de cocaína y organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos. La justicia estadounidense debe demostrar los elementos del delito y superar las garantías procesales correspondientes.
Desde la criminología, sin embargo, el asunto resulta relevante porque introduce una segunda dimensión: la posible convergencia entre poder político, corrupción, estructuras militares y economías ilícitas. Cuando una economía criminal logra penetrar instituciones estatales, deja de ser simplemente narcotráfico. Se transforma en criminalidad organizada con protección institucional.
Y ese fenómeno es mucho más peligroso.
- El verdadero poder no necesita robar una tienda
El delincuente común roba un banco. El delincuente organizado controla una red. El criminal de cuello blanco manipula una institución.
Pero cuando una estructura política consigue utilizar instituciones públicas, recursos estatales, organismos de seguridad y mecanismos judiciales para proteger intereses ilícitos, entramos en un terreno todavía más complejo: la captura criminal del Estado.
Por eso el estudio criminológico del chavismo no puede limitarse a los delitos callejeros.
Hay que estudiar:
• corrupción;
• clientelismo;
• impunidad;
• persecución política;
• cooptación institucional;
• violencia estatal;
• economías ilícitas;
• propaganda;
• control social;
• y debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas.
- La propaganda como arma criminológica
Hay una dimensión todavía más interesante. La propaganda no solamente intenta convencer. También puede desorientar. Si cada acusación contra el poder se presenta automáticamente como una conspiración extranjera, el ciudadano deja de preguntarse si la acusación es verdadera y comienza a preguntarse quién está detrás de ella. Es un cambio extraordinario.
La discusión deja de ser:
“¿Se cometió el delito?”
y pasa a ser:
“¿Quién quiere perjudicar al gobierno denunciándolo?”
Así se fabrica una cortina de humo.
Y mientras todos discuten quién encendió el humo, nadie mira quién está quemando el edificio.
- La criminología del miedo
Quizá el mayor legado criminológico del régimen venezolano no sea una determinada organización criminal.
Sea algo más profundo: la normalización del miedo. Cuando una sociedad aprende que protestar puede traer consecuencias; que denunciar puede resultar peligroso; que un funcionario poderoso puede permanecer intocable; que la justicia puede ser selectiva; y que la propaganda puede convertir a la víctima en culpable, la sociedad comienza a autocensurarse.
El poder ya no necesita perseguir a todos. La sociedad comienza a vigilarse a sí misma. Eso es control social autoritario en su forma más eficiente. - La paradoja final
Nicolás Maduro llegó al poder prometiendo continuidad de la revolución. Pero desde una perspectiva criminológica, Venezuela terminó ofreciendo un laboratorio mucho más interesante: cómo puede una estructura política convertir la defensa del poder en una justificación permanente del poder.
El discurso dice: revolución.
La criminología pregunta: ¿qué instituciones funcionan?
El discurso dice: justicia.
La criminología pregunta: ¿quién controla a los jueces?
El discurso dice: seguridad.
La criminología pregunta: ¿quién controla a los cuerpos de seguridad?
El discurso dice: soberanía.
La criminología pregunta: ¿quién responde por las víctimas?
Y finalmente aparece la pregunta que ningún régimen puede evitar eternamente: ¿quién vigila al vigilante?
El caso Nicolás Maduro debe analizarse con una regla básica de la criminología: no confundir poder con inocencia.
Tampoco debemos cometer el error contrario: no confundir acusación con condena.
La justicia exige pruebas. Pero la criminología exige algo más: examinar los patrones. Y los patrones documentados por organismos internacionales plantean interrogantes extraordinariamente serios sobre represión, detenciones, tortura, persecución política, ejecuciones y posibles responsabilidades dentro de la cadena de mando venezolana. La propia CPI ha considerado insuficiente que las investigaciones internas se limiten a autores de bajo nivel cuando lo que se investiga son posibles crímenes contra la humanidad.
Por eso Maduro no debe ser estudiado únicamente como un político. Debe estudiarse como fenómeno criminológico de poder. Porque quizá la característica más peligrosa de un régimen no sea que produzca delincuentes.
Es que consiga producir una sociedad donde el delincuente sea quien tiene la autoridad para decidir quién es el delincuente.
Y entonces la historia adquiere una ironía macabra: el Estado persigue al crimen, el Estado define al criminal, el Estado controla al investigador y, finalmente, el Estado termina investigándose a sí mismo. Eso ya no es solamente política. Eso es criminología del poder.
Gervis Medina
Abogado, criminólogo y escritor venezolano.
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