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Nuevo tema del castrocomunismo: Inversión en Cuba, ¿asociarse al Gobierno cubano?

Arreglando un auto averiado, La Habana Vieja. DIARIO DE CUBA

Los trabajadores cubanos seguirán perteneciendo al Estado, que les pagará una fracción de lo que la empresa extranjera desembolse por ellos.

La desesperada necesidad de inversión extranjera de Cuba es tan prístina que se hace ocioso demostrarlo. Parafraseando el título de la monografía azucarera de Antonio Santamaría se podría afirmar que «sin inversión extranjera no hay país»; sin embargo, cada diciembre el Gobierno reconoce que ha recibido menos inversiones de las que esperaba ese año.

El economista Omar Everleny asegura que se necesitarían más de 2.500 millones de dólares anuales en inversión extranjera para lograr tasas de crecimiento sustantivas en la economía isleña, pero en el año más «exitoso», 2020, se lograron inversiones (comprometidas, no efectuadas) apenas superiores a 2.000 millones.

La causa del incumplimiento de las expectativas no está en el embargo, pues obviamente cuando el Gobierno calcula las inversiones que espera descuenta los efectos de este como factor dado e inmutable, como la fuerza de la gravedad. Las causas son congénitas a un sistema que espera resultados diferentes haciendo lo mismo año tras año, algo que la simple lógica descarta.

No es que el sempiterno Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, no anuncie novedades a cada inicio del ciclo económico, justo después de reconocer el incumplimiento en las inversiones de ese año. Siempre hay primicias, pero se quedan en retoques y el Gobierno mantiene monolítico el espíritu de la Ley de Inversión Extranjera, que es lo que finalmente cala en los potenciales interesados en negociar con Cuba.

En el acápite «Principios Generales de Política para La Inversión Extranjera» de la Cartera de Oportunidades 2020-2021 presentada en diciembre pasado por Malmierca, se encuentra la particular filosofía castrista sobre inversión. Más allá de la literalidad del texto legal, una lectura cuidadosa trasluce la intención del redactor, transparenta la finalidad que las palabras maquillan. Y esta lectura entre líneas la realiza todo inversor responsable antes de aventurarse a soltar dinero.

La existencia misma de la Cartera de Oportunidades es un mensaje diáfano. Esta no es un simple catálogo de posibilidades, sino una planificación central de hacia dónde el Gobierno desea dirigir a los inversores, y siendo el Gobierno el único que autoriza cualquier negocio, queda claro que fuera de esta Cartera pocas inversiones serán aprobadas.

Los proyectos se aceptarán o rechazarán según el interés estatal; el interés de ningún otro cubano es relevante.

Estos «Principios Generales» por primera vez explicitan interés en «potenciar negocios de menor alcance y montos de inversión» (hasta ahora solo se atendían grandes inversiones), lo que teóricamente incluiría PYMES fundadas con capitales de emigrados cubanos, miles de negocios que restaurarían el tejido empresarial perdido durante la Revolución y que sería del máximo interés popular. Sin embargo, se especifica que estos pequeños negocios solo serán aprobados si tienen «un marcado carácter exportador», que es lo que le interesa al Gobierno.

Del mismo modo, cuando se referencia la inversión hacia las «formas de propiedad no estatal» (lo privado aún no existe), se especifica que se hará «selectivamente» y «priorizando el sector cooperativo», prevaleciendo una vez más el interés estatal sobre el del individuo.

Los «Principios» traslucen el interés (siete de los 29 puntos lo mencionan) en «orientar la mayor parte de la inversión extranjera hacia sectores de exportación», con lo que ya no es que el mercado interno de Cuba sea poco atractivo para inversores foráneos, sino que el Gobierno deja claro que no quiere competidores en lo que es proveer a la población. ¿De qué otro modo podrían mantener precios leoninos que esquilman al cubano si no es monopolizando el mercado minorista interno?

De hecho, los «Principios» plantean «introducir entre los requisitos para la aprobación de negocios criterios que proyecten en el tiempo el efecto en la balanza de pagos, considerando este elemento entre los indicadores decisivos para su aprobación». Es decir, si un inversor tiene en mente el mercado interno importando más de lo que exporta, aunque lo haga con dinero propio y eficientemente, mejor que lo olvide.

Un punto vergonzoso es el mantenimiento de la propiedad sobre la fuerza de trabajo. Los trabajadores cubanos, literalmente, seguirán perteneciendo al Estado, que les pagará una fracción de lo que la empresa extranjera desembolse por ellos.

Cuando un inversor extranjero lee e interpreta estos «Principios Generales», aunque vaya a trabajar como empresa sin asociación económica con el Estado cubano, ¿cómo va a confiar que se respetará su propiedad? ¿Como va a creer que podrá retirar tranquilamente los beneficios que logre? ¿A qué instancia podrá acudir si tiene un diferendo con el Gobierno o una empresa estatal?

El espíritu de estos «Principios Generales» denota que hacer negocios en Cuba es ponerse a merced del absolutismo de un Gobierno que es dueño incontestable de la ley… y de la trampa.

Fuente: https://diariodecuba.com/economia/1615629231_29493.html

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