Opinión

Opinión: Entre torpezas y desmanes Por Antonio José Monagas

La violación de los derechos constitucionales en Venezuela ha alcanzado tal grado de exasperación, que el ejercicio de la gestión pública, ejercida por el régimen, rompió las barreras de la resignación, la conformidad y de la paciencia al abusar de la autoridad. O sea, trasgrediendo las prerrogativas que las leyes le confieren. Cada discurso presidencial, ha pecado de falsas acusaciones, cruentas humillaciones. Pero sobre todo, insolentes señalamientos que inculpan, sin prueba alguna, a quien cuestione las desvergonzadas e ilegales arbitrariedades cometidas por un gobierno cargado de la vulgaridad y soberbia propia de todo tirano. 

Cada pronunciamiento de algún alto funcionario, expresa no sólo injuria y difamación. También, es contentivo de una alevosa manifestación de prepotencia. O de un desquiciado sentido de superioridad, que calza exactamente con el tamaño de la indecencia y del desconocimiento. Además, cargado del atrevimiento de todo ignorante capaz de asomar tanta torpeza sin que logre comprender la necesidad y obligación de recular o de excusarse ante el dislate cometido. Las disonancias de lenguaje y expuestas órdenes de presumida cuartelaría, son demostrativas del primitivismo político que viene caracterizando la contrariada y cuestionada labor gubernamental.

Lo que se ha visto en los últimos tiempos, ha sido todo en respuesta al paroxismo alcanzado por la animosidad del régimen. No sólo por mantenerse en el poder, a pesar de la ilegitimidad y exagerado nivel de maniobras con el cual ha intentado delictuosos hechos de inconstitucional tenor e ilegal cometido. Debe reconocerse que el régimen venezolano forzó toda medida de aceptada legalidad, mediante arbitrariedades logradas a la fuerza. Así pudo desprenderse de las ataduras constitucionales que obligan al Poder Público Nacional a someterse a lo que la ley consagra como norma. 

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, sordo, ciego y mudo ante las decisiones tomadas, y en complicidad con ilegítimos magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de (In)Justicia, puso al descubierto la sucia jugada de asaltar cuanta instancia de gobierno. Valiéndose del predominio del cual goza a través de conspicuos asociados colocados en cargos claves relacionados con la elaboración de las torcidas decisiones que luego procedió a hacer efectivas. 

Así el régimen, se voló el ordenamiento jurídico abusando de la autoridad que le permite actuar desde las alturas del poder. En consecuencia, el país político advirtió la rotura del estamento constitucional al violarse la ilación de preceptos que ensamblan la institucionalidad del sistema político ordenado por la Constitución venezolana. Esta situación tuvo eco en una población agobiada, maltratada y vapuleada. En una población con hambre y con enfermedades. 

Asimismo, ha sido consecuente con la impúdica política de desconocer derechos que exhortan libertades económicas que resguardan la propiedad privada de intrusos agentes de  la economía y hasta del régimen.

La justicia gubernamental se volvió plastilina. La militancia del partido del oficialismo, se desgranó en tanto toletes como cuadros revestidos de decepción por el mal gobierno adelantado. 

De los sucesos que han afectado al país, mucho se ha aprendido. Por ejemplo, se aprendió que “quien se empeña en pegarle una pedrada a la luna, no lo conseguirá. Pero terminará sabiendo manejar la honda” (Proverbio árabe). 

Aunque todo lo ocurrido en estos tiempos de conflicto y gruesas contradicciones que desdicen de la presuntuosa narrativa del régimen, queda que algo ha sido provechoso. Y tiene que ver, con las respuestas de la ciudadanía desde el mismo momento en que la palabra arengada contradice los hechos. Precisamente, es lo que ha llevado a que la política que intenta imponer el régimen, se vea como el campo en el que cualquier decisión asumida termine oscilando entre desaciertos. Así el venezolano seguirá padeciendo el hecho triste y vergonzoso de vivir entre torpezas y desmanes.

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