No hay lugar para la tortura en nuestra sociedad: se requiere acción.
La tortura es una de las formas más crueles de violencia que puede sufrir una persona. En Venezuela, la situación de la tortura es alarmante y afecta a personas de diferentes grupos sociales. La falta de justicia efectiva para los perpetradores ha llevado a la impunidad y la falta de sanciones.
La tortura es una violación grave de los derechos humanos y una práctica inhumana que no tiene justificación alguna. Sin embargo, en Venezuela se ha convertido en una herramienta para intimidar y silenciar a los oponentes políticos y a otros que se consideran enemigos del régimen.
La crudeza de la tortura se manifiesta en las víctimas que han sufrido este tipo de violencia en Venezuela, quienes enfrentan una situación de temor constante, ya que cualquier persona puede convertirse en víctima de estos abusos sin motivo aparente.
La crudeza de la tortura también se manifiesta en la falta de acceso a la justicia y la impunidad generalizada en estos casos.
Durante los últimos años, distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado un número creciente de casos de tortura en el país, que afectan a personas de diferentes grupos sociales, desde presos políticos hasta ciudadanos comunes.
No son pocas las denuncias y pruebas de tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que son sometidos los presos políticos, incluyendo violencia sexual, golpes, descargas eléctricas, asfixia, privación de sueño y alimentos, entre otros actos de tortura inaceptables.
Una de las áreas en las que se ha denunciado con mayor frecuencia estos casos es en los centros de detención y reclusión. Adicionalmente, organizaciones internacionales han documentado la existencia de casas clandestinas de tortura y la institucionalización de este tipo de violencia en Venezuela.
Asimismo, se han documentado numerosos actos de tortura, incluyendo brutalidad, violencia sexual, amenazas, agresiones, perpetradas por cuerpos de seguridad del Estado y otros grupos armados, dejando víctimas con cicatrices físicas y psicológicas permanentes, secuelas devastadoras para sus familiares.
Informes de la ONU dan cuenta de diversas formas de maltrato físico y psicológico, como palizas, descargas eléctricas, intimidación y amenazas de muerte; destacan la existencia de un patrón sistemático de abuso y tortura por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, con el objetivo de extraer información y confesiones de los detenidos, así como para intimidar y reprimir la disidencia política. Afirman el uso sistemático de la tortura desde 2014.
La identificación de centros de tortura, las evidencias de los actos de tortura y las numerosas víctimas han creado un clima de miedo y desconfianza hacia las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad, lo que afecta negativamente la confianza en el estado de derecho y la legitimidad del sistema jurídico, y ello socava las bases de los derechos humanos.
Desde la perspectiva del derecho penal, tales circunstancias constituyen una clara violación a los derechos humanos y delitos que deben ser investigados, enjuiciados y sancionados de manera efectiva, garantizando así la protección de los derechos humanos y la justicia para las víctimas.
En este contexto, desde la sociedad civil han surgido varias iniciativas. La más reciente, precedida “de un evento en Washington donde excarcelados políticos venezolanos dieron sus testimonios”, las víctimas de tortura en Venezuela, en el marco de la LIII Asamblea General de la OEA, elevaron el 21/06/2023:
“[…] una petición a las delegaciones de los Estados miembros para que repudien públicamente la tortura […] y hagan un llamado al gobierno de Venezuela para instar (I) el cierre de los centros de tortura y los centros clandestinos que opera el […] SEBIN, la […] DGCIM, la […] FANB y de la […] GNB. (II) Exigir la liberación de los presos políticos […]”
El Día Internacional contra la Tortura, el venidero lunes 26/06/2023, adquiere gran significado ante las evidencias de los actos de tortura cometidos por agentes estatales, la existencia de centros de torturas y numerosas víctimas de tortura, como los presos políticos.
El Día Internacional contra la Tortura es una oportunidad crucial para crear conciencia sobre este grave problema y seguir exigiendo que se respeten los derechos humanos en Venezuela y en todo el mundo, además de demandar medidas efectivas para prevenir y sancionar este atroz delito.
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