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Precariedad y violencia socavan el derecho a la tierra en Venezuela


En 2020 persistieron las condiciones que desde hace varios años, socavan las garantías para el derecho a la tierra en nuestro país. La escasez de combustible que afecta la producción y movilización de diversos rubros cosechados en el campo venezolana, el secuestro de productores agrícolas y pecuarios y el robo de mercancías, el asesinato de productores, la presencia de agrupaciones de paramilitares en poblaciones campesinas, la expropiación indebida de tierras, y las ventajas que el Estado ha otorgado a las importaciones, por encima de la producción nacional -entre otros problemas- fueron las principales amenazas para campesinos y productores agrícolas.Escasez de combustibleLa escasez de gasolina y gasoil ha sido un factor determinante que impide el desarrollo de las fuerzas productivas del campo y la comercialización de sus productos, al menos desde 2019 según el registro de Provea. El desabastecimiento de combustibles incrementó los costos de producción de rubros agrícolas y pecuarios en estados como Táchira, Portuguesa y Barinas y, en consecuencia, elevó los precios finales de venta al público. Algunos productores denunciaron que por 200 litros de gasolina debían pagar hasta 200 USD$, el equivalente a un dólar por litro, superando el precio internacional de 0,50 USD$ establecido como precio oficial del combustible por el gobierno de Maduro. Si compramos gasolina cara, fertilizantes e insumos caros, no podemos venderlos baratos. No somos atendidos, no somos priorizados. Trabajamos más por vocación porque toda la vida hemos sido productoresEdgar Boscán, vocero de la Red de Productores Agropecuarios de El Chivo, 13 de octubre de 2020En Táchira solo se logró movilizar entre 15% y 20% de la cosecha, ya que en las estaciones de servicio que expenden gasolina, solo abastecieron a pocos productores con apenas 10, 15 o 20 litros. En Barinas, una situación similar perjudicó especialmente la movilización de las cosechas de yuca, plátanos y ají, entre otros.En Zulia, resultó más costoso distribuir queso a ciudades como Maracaibo, que la propia producción, según denunció la Cámara de Comercio de la entidad. Mientras, en Lara, muchos agricultores tuvieron que obsequiar sus cosechas por carecer de combustible para movilizarlas a los centros de distribución.La falta de gasolina no solo afectó el traslado por carretera, también la movilización fluvial.80 productores agropecuarios y seis estaciones pesqueras de Barrancas del Orinoco, en Monagas, llegaron a estar hasta 26 días sin recibir gasolina para el traslado y producción. Persecución y criminalización En lugar de atender los reclamos, en reiteradas ocasiones la respuesta del gobierno de Maduro fue reprimir a los productores agropecuarios y campesinos.El 15 de abril de 2020 fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) el productor Darío Medina, acusado por el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, de propiciar una protesta por falta de gasolina que fue dispersada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El productor fue acusado de resistencia a la autoridad y obstrucción a la vía pública. Recibió una medida sustitutiva de libertad y presentación cada cuatro días en tribunales.También, el 12 de mayo de 2020 fue detenido Nobel Pinto, productor agropecuario del estado Guárico, por protestar en una estación de servicio, siendo puesto en libertad plena posteriormente, al no encontrarse pruebas de que haya incurrido en delito alguno.Asesinato de productores y conflictos armados en zonas agropecuarias Durante 2020 se registraron nuevas situaciones irregulares y hechos de violencia que afectaron a campesinos y productores del campo.El 01 de julio de 2020 un grupo armado dirigido por Lenin Valera -presidente del Instituto Municipal para el Desarrollo Obrero Campesino y Comunal-, irrumpió violentamente en la sede de la Unidad de Producción Maisanta, ubicada en Sarare (Lara). Después de la intervención de la GNB el grupo agresor se retiró. En comparación con el 2019 hubo una disminución en el número de víctimas de asesinatos de productores. El 17 de julio de 2020 fue asesinado por la GNB el pescador Joe Luis Albornoz (18), durante una protesta por la escasez de gasolina en el Zulia.Otra víctima fue el productor de queso Carlos Enrique Chaparro (47), quien murió de un disparo en una estación de servicio de Barcelona (Anzoátegui), a manos de funcionarios de la GNB. Chaparro, reclamaba a los militares el trato preferencial y las ventajas que se le daba a los vehículos de la FANB, afectando a los civiles que hacían fila desde hace diez días para adquirir el combustible. Además de estos hechos, se mantiene la peligrosa presencia de grupos paramilitares y miembros de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de colombia en zonas campesinas de la frontera venezolana. Estos grupos sostienen permanentemente enfrentamientos armados para garantizar el manejo de las economías criminales vinculadas al tráfico de combustible y al control de las trochas (pasos transfronterizos ilegales) por donde se movilizan personas y productos de diversa índole.La abierta presencia de estos actores armados en estas zonas, se hizo aún más evidente a finales del primer trimestre de 2021, cuando se registró un conflicto armado en el estado Apure entre grupos de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes durante más de 30 días sostuvieron fuertes enfrentamientos por el control de la zona. En medio de la refriega, una familia de cinco campesinos fue presuntamente víctima de una ejecución extrajudicial a manos de miembros de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, y otros 30 campesinos fueron detenidos arbitrariamente y acusados de ser guerrilleros colombianos. Mientras, miles de personas, entre ellas, campesinos, debieron buscar refugio temporal en Colombia, huyendo de la violencia.Despojo de tierras En el 2020 se registraron denuncias sobre despojos de tierras a manos de diversas autoridades de la administración pública, quienes habrían violado el marco normativo previsto en la Constitución y la leyes venezolanas. Esta actuación irregular pone en entredicho la equidad de las políticas implementadas para acabar con el fenómeno del latifundio en Venezuela.Durante 2020 se registraron nueve conflictos por la posesión de tierras con ocupación de haciendas –tres menos que en 2019– en los estados Barinas, Mérida, Portuguesa, Lara y Apure, casi todos ellos ejecutados utilizando a la GNB y a las FAES, lo que vulnera el debido proceso en el marco del Decreto N° 4.160, donde se declaró el Estado de Excepción y Alarma en Venezuela.

Prensa Provea.– 

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