¡Y VOLVIÓ LA BURRA AL TRIGO!
¡Y dale! Esta popular expresión se utiliza para mostrar hartazgo, fastidio o impaciencia cuando alguien insiste una y otra vez en el mismo tema, repite los mismos errores o vuelve sobre argumentos que parecían haber quedado definitivamente zanjados. Equivale a decir: «¡Otra vez la misma historia!» o «¡Aquí vamos de nuevo!».
Su origen proviene del ámbito rural y hace referencia a la terquedad de un burro que insiste en regresar al sembradío de trigo para comer o pisotear la cosecha, sin importar cuántas veces su dueño lo ahuyente.
En Venezuela existe una curiosa conexión entre este viejo refrán y una práctica política que parece repetirse generación tras generación: la costumbre de ciertos grupos de poder de presentar los mismos problemas con distintos nombres, distintos discursos y distintos protagonistas, mientras el resultado final continúa siendo exactamente el mismo.
Uno de los ejemplos más evidentes de esta realidad puede observarse en torno al Arco Minero del Orinoco. Creado mediante decreto presidencial en 2016, el Arco Minero del Orinoco abarca más de 111.000 kilómetros cuadrados al sur de Venezuela, comprendiendo extensas áreas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Se trata de una de las regiones con mayores reservas de oro, diamantes, coltán y otros minerales estratégicos de América Latina.
Desde su creación, diversos expertos, ambientalistas, organizaciones indígenas y organismos internacionales han advertido sobre los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados de la explotación intensiva de estos recursos.
La destrucción de bosques tropicales, la contaminación de ríos mediante mercurio, la afectación de comunidades indígenas y la presencia de grupos armados irregulares han sido objeto de numerosas denuncias durante los últimos años.
Sin embargo, mientras estas advertencias eran formuladas, gran parte de la élite político-militar venezolana permanecía en absoluto silencio. Resulta difícil creer que quienes controlaban los principales mecanismos de poder del Estado desconocieran lo que ocurría en una región considerada estratégica para la economía nacional. Más difícil aún resulta aceptar que enormes cantidades de oro pudieran ser extraídas, transportadas y comercializadas sin la participación o conocimiento de estructuras de poder político, militar y económico.
La verdadera pregunta no es si el oro salió de Venezuela. La verdadera pregunta es quién se benefició de esa riqueza. Durante años, múltiples investigaciones periodísticas y reportes especializados señalaron que una parte importante del oro venezolano habría sido comercializada mediante mecanismos opacos y con escasa supervisión pública.
Turquía se convirtió en uno de los destinos más relevantes para las exportaciones auríferas venezolanas. Diversos acuerdos bilaterales permitieron el envío de toneladas de oro para su refinación y posterior comercialización internacional.
Al mismo tiempo, informes especializados en comercio internacional identificaron rutas comerciales que conectaban el oro venezolano con mercados de Asia y Medio Oriente. Entre los países frecuentemente mencionados por analistas e investigadores aparecen China, Emiratos Árabes Unidos e Irán, naciones que han mantenido relaciones económicas y estratégicas con el gobierno venezolano durante los últimos años.
La falta de transparencia ha impedido determinar con precisión qué porcentaje de ese oro ingresó efectivamente al patrimonio público venezolano y cuál terminó beneficiando intereses particulares.
Mientras tanto, dentro de Venezuela se desarrollaba una economía paralela sustentada en la extracción informal e ilegal de minerales.
Organizaciones criminales, grupos armados irregulares y estructuras vinculadas al contrabando encontraron en la minería una fuente extraordinaria de ingresos.
La presencia del ELN, bandas criminales y otras organizaciones armadas en zonas mineras fue documentada en numerosas investigaciones independientes. Lo más preocupante es que estas estructuras no crecieron en un vacío institucional, sino en territorios donde el Estado tenía la obligación constitucional de ejercer control efectivo.
Ahora observamos nuevas iniciativas orientadas a reorganizar la explotación minera, atraer inversiones privadas y reformular el marco legal del sector.
Sin embargo, muchos venezolanos se preguntan si realmente estamos presenciando una transformación profunda del modelo o simplemente un cambio de socios dentro del mismo sistema.
Porque la historia venezolana está llena de ejemplos donde los nombres cambian, los discursos cambian, los aliados cambian y hasta los uniformes cambian, pero las prácticas permanecen intactas.
Si el objetivo fuese verdaderamente recuperar la confianza nacional e internacional, el primer paso debería ser una auditoría independiente, transparente y verificable sobre todo el oro extraído durante la última década.
Los venezolanos tienen derecho a saber cuántas toneladas fueron extraídas.Tienen derecho a conocer cuánto ingresó al Banco Central de Venezuela.
Tienen derecho a saber quiénes recibieron concesiones, quiénes participaron en las asociaciones estratégicas y quiénes obtuvieron beneficios económicos de una riqueza que pertenece a toda la nación.
Porque el oro no pertenece a un partido político.No pertenece a una cúpula militar.
No pertenece a grupos económicos nacionales o extranjeros. El oro pertenece a la República.
Y cuando los recursos de una nación dejan de servir al interés colectivo para convertirse en patrimonio de grupos privilegiados, la corrupción deja de ser un problema administrativo para convertirse en una amenaza contra la propia existencia del Estado.
En tal sentido, algunos observadores sostienen que las recientes operaciones contra la minería ilegal no necesariamente obedecen exclusivamente a una política de protección ambiental o recuperación de las reservas forestales de la región. Según esta interpretación, el desalojo de mineros ilegales, estructuras criminales vinculadas al Tren de Aragua, integrantes del ELN y otros grupos armados que durante años operaron en la zona con distintos niveles de tolerancia institucional, podría estar relacionado con una futura reorganización del negocio minero y con la eventual incorporación de nuevos actores económicos interesados en la explotación aurífera.
Para quienes sostienen esta tesis, la verdadera interrogante no es quién abandona hoy las minas, sino quién ocupará mañana esos espacios y bajo qué condiciones se desarrollarán las nuevas asociaciones. Lapreocupación radica en que, Independientemente del origen nacional o extranjero de los futuros inversionistas, el oro continúe saliendo del país sin que exista plena transparencia sobre los volúmenes extraídos, los ingresos percibidos por el Estado y los beneficiarios finales de una riqueza que pertenece a todos los venezolanos.
Y así, una vez más, volvió la burra al trigo, ya que los hermanos Rodríguez pueden hacer creer que hay nuevos actores dentro de la explotación minera en el arco minero de Venezuela, pero todos saben de que no se trata que los Narcos-Generales doblegados y humillasos por las fuerzas militares de Estado Unidos el tres de enero del presente año estén combatiendo la minería ilegal en Venezuela, están es sacando a los grupos ilegales porqué prefirieron entregarle la soberanía a ejército extranjero, con tal de conservar sus fortunas amazadas en Robolucion qué reconocer la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio del año 2024. por tal motivo no piense el pueblo Venezolano que los Narcos-Generales que aún permanecen al frente del mando militar en Venezuela están combatiendo la minería ilegal, están es sacando a los mineros a las mafia del tren de Aragua, el ELN y la guerrilla Colombiana los cuales ellos mismos permitieron los asentamientos de éstos grupos delictivos en la zon, solo para garantizar sus minas de oro otorgadas por Nicolás Maduro, pero ahora con sus nuevos socios necesarios según las circunstancias como lo son los Norteamericanos, los Narcos-Generales estan claro que el tablero del ajedrez cambio en Venezuela, por lo tanto van a tener un nuevo socio en esas explotaciones de oro, y no son otros que los inversionistas Norteamericanos. Generales corruptos de Venezuela que su único fin es seguir sustrallendo el oro y las riquezas del Arco Minero sin pasar por el tesoro nacional dichas explotaciones.
Los actores pueden cambiar. Los inversionistas pueden cambiar. Las alianzas pueden cambiar.
Pero mientras no exista transparencia, rendición de cuentas y verdadera protección del patrimonio nacional, el resultado seguirá siendo el mismo. La riqueza sale. La pobreza permanece. Y Venezuela continúa observando cómo una de las mayores reservas minerales del continente desaparece sin que sus ciudadanos conozcan toda la verdad y, menos aún, sin que el pueblo sea el beneficiario directo de las riquezas de su nación. » VOLVIÓ LA BURRA AL TRIGO «
George L. Fereira
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