Informe documenta la violación de derechos humanos y la cultura de impunidad en la detención de presos políticos en Venezuela
El informe “Balance de presos políticos en Venezuela (2014 – Abril 2023) Cuando la disidencia se convierte en delito”, publicado por el Centro de Estudios de Justicia y Paz (JEP), muestra cómo la violación de los derechos fundamentales de los presos políticos no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene un impacto en sus familias y comunidades, generando un clima de miedo y represión que afecta a toda la sociedad.
El informe documenta 311 casos de presos políticos en Venezuela, y destaca la falta de imparcialidad e independencia de los órganos encargados de aplicar justicia, el retardo procesal, las violaciones al debido proceso y la ausencia de investigaciones y enjuiciamientos contra los funcionarios responsables de violar los derechos fundamentales de los presos políticos.
El documento “Balance de presos políticos en Venezuela (2014 – Abril 2023)” del Centro de Estudios de Justicia y Paz (JEP) destaca aspectos de interés:
1. El gobierno de Nicolás Maduro ha liberado a algunos presos políticos mientras arresta a otros, lo que ha resultado en un número relativamente estable de presos políticos a lo largo de los años.
2. El informe reconoce que el número de presos políticos puede ser mayor debido a la falta de datos oficiales y el temor a represalias.
3. El informe destaca la desproporción en la afectación de mujeres por las condiciones de detención deplorables, incluyendo la violencia sexual y la falta de acceso a productos de higiene.
4. El informe llama a la liberación inmediata de todos los presos políticos y al fin de la cultura de impunidad, y enfatiza la necesidad de recordar y documentar las historias de los presos políticos en Venezuela.
Además, se destaca la falta de traslado de los presos políticos y la inasistencia de jueces o fiscales como las razones más frecuentes del diferimiento de audiencias, lo que deriva en una defraudación de expectativas de las víctimas y causa desilusión.
También se menciona la prolongación excesiva e indefinida de las audiencias preliminares y de juicio.
Se analizan varias implicaciones sociales de la detención arbitraria y la prisión política en Venezuela. En particular, se destaca el impacto en la integridad física y mental de las víctimas, así como en sus familias y comunidades. Se recalca el uso intencional de la fuerza física, la humillación y la degradación de la persona, el sufrimiento físico o mental deliberado, por negligencia u omisión, y la tortura.
Además, el informe destaca el impacto económico en las familias de los presos políticos, quienes deben afrontar cargas económicas derivadas de la privación de libertad, incluyendo gastos de transporte hasta el centro de reclusión, defensa legal y provisión de alimentos, agua, medicinas, productos de aseo personal y de limpieza.
La violación de los derechos fundamentales de los presos políticos, la falta de imparcialidad e independencia de los órganos encargados de aplicar justicia, el retardo procesal y la cultura de impunidad son algunos de los problemas que enfrenta la sociedad venezolana.
Es necesario que se respeten los derechos humanos y se ponga fin a la detención arbitraria y la prisión política en Venezuela para que la sociedad pueda avanzar hacia una democracia plena y justa.
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