La propuesta de ley original sobre inmigración era más severa, pero la norma adoptada mantiene ciertos controles y prohibiciones
MIAMI.- A partir del 1 de julio, Florida cuenta con nuevas leyes, que fueron adoptadas por el Congreso estatal y promulgadas por el gobernador Ron de Santis, entre las que destaca la SB1718 que aborda la inmigración irregular en el estado.
Hace apenas unos meses, el gobernador Ron DeSantis pidió al Congreso estatal adoptar medidas para frenar la inmigración irregular a Florida y parar el gasto millonario que produce la atención médica, las ayudas suplementarias y el servicio de educación pública.
Florida argumenta que más de 100.000 inmigrantes irregulares han llegado a Florida, pero otros cálculos extraoficiales sitúan la cifra cerca del medio millón.
“Florida no es un estado santuario y defenderemos el estado de Derecho”, advirtió DeSantis.
De hecho, la inmigración es un asunto del Gobierno nacional y los estados no tienen jurisdicción sobre ello, salvo controlar de alguna manera el flujo de inmigrantes sin permiso de estancia cuando los intereses del estado son afectados.
Cuando la propuesta de ley estatal SB1718 fue presentada en enero creó pavor en Florida porque pedía penalizar a quienes transportaran inmigrantes irregulares dentro del estado, pero, durante el curso de la legislatura, la idea fue modificada y ahora plantea que está prohibido conducir a un extranjero indocumentado hacia o desde Florida. O sea, que dentro del estado, condado o ciudad no está prohibido.
De esta manera, “se desecha la preocupación de que no podamos llevar a alguien sin papeles al hospital, trabajo o supermercado”, aclaró el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates.
Empleo
Lo que sí está vigente es corroborar el estatus legal de trabajadores, a través de la red nacional E-Verify, cuando el empleador cuente con más de 25 trabajadores.
Esto podría conllevar a que el inmigrante irregular pierda su empleo. De lo contrario, el empleador o empresa podría ser multada 1.000 dólares por día de infracción. Incluso el permiso o licencia de operaciones podría ser suspendido después de varias violaciones.
Atención médica
Otro apéndice vigente es que la nueva ley pide a los centros médicos que hacen uso del seguro público Medicaid recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, pero, según el abogado, el paciente “puede negarse a proveer la información” porque hay otra ley que exige proveer atención médica.
Otro asunto importante que esta ley plantea es invalida cualquier carné de conducir que haya sido entregado a un inmigrante irregular por otro estado.
Tampoco permite otorgar dicho carné o identificación estatal y permite a la policía, sea estatal, condal o municipal, proveer información a la autoridad federal de Inmigración, aunque no especifica si está obligado a hacerlo.
Por lo tanto, “sino especifica, no hay obligación”, señaló el letrado.
La ley estatal, tal como ya lo plantea la norma federal, penaliza a quien use la identificación de otra persona, por ejemplo, el carné de Social Security, para obtener empleo.
Fuente: Diario Las Américas de Florida
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