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Un llamado a la responsabilidad y a la coherencia: (Comunicado de la CCRC ante el “Acuerdo de Salvación Nacional”)


La REBELIÓN de las REGIONES…SOMOS TODOS suscribe el presente comunicado emitido por La Conferencia Ciudadana para el Restablecimiento Constitucional y Democrático de Venezuela, instancia coordinadora de las diferentes manifestaciones de la ciudadanía investida o no de autoridad, organizadas o no, todas firmantes del “Pacto para el Restablecimiento Constitucional y Democrático de Venezuela”, con sujeción a los artículos 1, 4, 5, 7, 62, 67, 70, 326, 333 y 350 constitucionales, y en acatamiento al mandato constitucional establecido en la Consulta Popular realizada durante los días 7 al 12 de diciembre de 2020; ante la designación de una “autoridad electoral”, la consiguiente “convocatoria a elecciones regionales” en este año 2021, y ante la propuesta de “Acuerdo de Salvación Nacional” presentada por el Gobierno Interino, manifiesta lo siguiente:

1- Nuestra nación enfrenta, desde hace 15 meses, la muerte, el padecimiento y el dolor que causa, al igual que en el resto del mundo, la pandemia del coronavirus. En Venezuela, esta calamidad terminó de desnudar el colapso sanitario descrito y denunciado durante años por nuestros trabajadores del sector salud y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema. La ausencia de vacunas para la población, la imposibilidad de coordinación científica, logística y de intercambio de información veraz de las cifras de la pandemia en nuestro territorio, entre otros graves aspectos que predominan en la lucha del país contra el covid-19, anulan los esfuerzos que a nivel mundial adelantan gobiernos y organizaciones para avanzar de manera firme en la superación de la crisis. La gravísima situación social, política y económica en que nos encontrábamos los venezolanos antes de la aparición y diseminación del virus, limitaron dramáticamente nuestras capacidades para enfrentar un evento de alcances tan devastadores.

Violación sistemática de la Constitución; delitos de lesa humanidad; impunidad; usurpación del Poder Público; sanciones; destrucción del aparato productivo; hiperinflación; crimen organizado; destrucción de nuestro signo monetario; colapso de la economía; desmantelamiento progresivo y determinante de nuestra industria petrolera; éxodo; colapso del hecho laboral ante la inexistencia del salario; violación de derechos humanos; ruptura del orden democrático; son algunos significados de la palabra “crisis” en Venezuela.

Lo anterior ha conllevado a organismos y sistemas internacionales como la ONU, OIT, OMS, OEA, sus mecanismos e instancias, a establecer, ratificar y actualizar sendas y contundentes determinaciones que concuerdan, irrefutablemente, en que Venezuela y su pueblo, efectivamente, están bajo un régimen que viola Derechos Fundamentales y Humanos, cuyos cabecillas se encuentran incursos en Crímenes de Lesa Humanidad. Lamentablemente, estas determinaciones que, hasta el momento, solo han sido objeto de exhortos, llamados y pronunciamientos, aún no concitan la acción sinérgica para lograr su cumplimiento. Mientras tanto, el tiempo pasa, y cada hora, cada día, la realidad nos impone impulsar los trámites hacia las soluciones definitivas.

2.- En el tiempo reciente, actores políticos e institucionales dentro y fuera del país, se pronunciaron de la siguiente manera en relación a la crisis venezolana:

2.1.- La Asamblea Nacional Legítima (Acuerdos Legislativos oficialmente publicados).

2.1.1.- Sobre la Consulta Popular del 16 de julio de 2017 (Acuerdo de fecha 18/7/2017):

“CUARTO: De conformidad con los resultados de la tercera pregunta de la consulta popular, esta Asamblea Nacional, como legítima representante del pueblo venezolano, y en el marco de sus atribuciones enumeradas en el artículo 187 de la Constitución, adoptará las medidas constitucionales necesarias para el restablecimiento efectivo de la vigencia de la Constitución, tal y como ésta ordena en su artículo 333. Para ello, se procederá a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución; a crear las condiciones que permitan la realización de elecciones libres y transparentes, y a promover la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional.”

2.1.2.- Sobre la Consulta Popular del 7 al 12 de diciembre de 2020:

-El Pacto de 37 organizaciones políticas y 106 organizaciones de la sociedad civil:

El 7 de septiembre de 2020, 37 partidos políticos y más de 106 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un trascendental pacto que comprometió a todos sus integrantes en darle continuidad al proceso de Liberación de la Nación y recuperación de nuestra Democracia. En este “Pacto Unitario por la Libertad y Elecciones Libres”, tal como así se llama, quedaron establecidos distintos criterios a observar, dentro de los cuales destacan el rechazo contundente y la más rotunda negación a las fraudulentas elecciones del 6 de diciembre, convocada por el régimen opresor de Nicolás Maduro, así como el desconocimiento de sus resultados y efectos, con lo cual los firmantes del pacto, asumieron el compromiso de “dedicar esfuerzos mancomunados para su deslegitimación”; y, el señalamiento con precisión del compromiso de “luchar y movilizarse en unidad, como condición fundamental para el cambio político anhelado por los venezolanos”.

El contenido del pacto contempló, también, entre otras, dos líneas de acción muy precisas, a saber:

a) Activación del artículo 70 de la constitución.

b) Despliegue definitivo de campaña nacional e internacional por elecciones presidenciales y parlamentarias libres.

El primer aspecto y objetivo a la vez, se cumplió exitosamente mediante la histórica “CONSULTA POPULAR” realizada del 7 al 12 de diciembre del 2020, con un contundente resultado, donde concurrieron más de 6.400.000 venezolanos, que respondieron afirmativamente a tres interrogantes, con lo cual, el pueblo reafirmó su soberanía.

-Acuerdo de fecha 19/11/2020:

“SEGUNDO: Convocar, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 70 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una consulta popular que permita obtener una manifestación inequívoca de la soberanía del pueblo sobre las preguntas siguientes:”

-Acuerdo de fecha 05/12/2020:

“PRIMERO: Rechazar por contrario a los valores democráticos, inconstitucional y fraudulento el evento convocado por el ilegítimo Consejo Nacional Electoral para el 6 de diciembre de 2020, que viola el derecho de los venezolanos a tener elecciones libres, transparentes y justas.”

“SEGUNDO: Ratificar su respaldo a la consulta popular impulsada por la sociedad civil, programada entre el 7 y el 12 de diciembre, en la que se realizarán a los ciudadanos las preguntas acordadas por la Asamblea Nacional en fecha 19 de noviembre.”

-Acuerdo de fecha 3/01/2021:

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 138, 187 numeral 3, 222 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la manifestación de voluntad del pueblo soberano emitida en 12 de diciembre de 2020, se exige a quienes ejercen ilegalmente el poder ejecutivo a dar cumplimiento voluntario al mandato soberano del pueblo expresado en las respuestas a las preguntas consultadas, como una solución constitucional, pacífica y electoral para poner fin a la crisis política y atender la catástrofe humanitaria que vive Venezuela, tal cual como lo ha requerido en reiteradas actuaciones la comunidad internacional.”

-Acuerdo de fecha 27/04/2021:

“PRIMERO: Ratificar que el único ente que puede designar al CNE es la legítima Asamblea Nacional, por tanto, desconocer la autoridad de un supuesto Consejo Nacional Electoral designado por la espuria Asamblea Nacional, constituida a partir de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre de 2020.”

2.2.- Los Magistrados Legítimamente designados. (30/5/2017)

“En razón de que el país está sumido en una crisis social y económica profunda que tiene afectado la vida normal de los ciudadanos, es procedente la activación de la resistencia civil y pacífica decretada por este Alto Tribunal al tenor de los artículos 333 y 350 constitucional, lo que hace urgente producir los cambios que requiere Venezuela para la restitución de la vigencia de la Constitución y por ende de la democracia en Venezuela, por lo tanto, cualquier salida de la crisis que se pretenda en el escenario político, debe hacerse dentro de los mecanismos de participación popular que consagra el artículo 70 de la Constitución, y nunca a espaldas del pueblo, con el fin primordial de provocar la salida inmediata de todo aquello que ha generado la crisis por la que atraviesa el país”.

2.3.- Luis Almagro, Secretario General de la OEA (2/5/2017).

“La violación de la Constitución es el problema venezolano. Este mismo régimen anuncia ahora el fin de la Constitución de Chávez y de su legado, a partir de un fraudulento llamado a una Asamblea Constituyente.”

“Con ese pueblo debemos unirnos para que haga suyo definitivamente el derecho que le consagra la Carta Democrática Interamericana en su artículo 1: el derecho a la democracia”.

2.4.- Consejo Permanente de la OEA

OEA CP/RES. 1156 (2291/20): NOTANDO con satisfacción la iniciativa de la sociedad civil, con el respaldo de la Asamblea Nacional, de realizar una consulta popular a los fines de permitir a la ciudadanía expresarse respecto a las condiciones de la elección fraudulenta realizada el 6 de diciembre;

OEA CP/RES. 1156 (2291/20): Este tipo de acciones constituyen un obstáculo para la restauración de la democracia en Venezuela y el Estado de Derecho, que solo se pueden conseguir a través de la celebración de elecciones justas, libres y transparentes, con un Consejo Nacional Electoral independiente y un Tribunal Supremo de Justicia imparcial, y con observación internacional independiente.

2.5.- Comisión de DDHH de la ONU. Informe Venezuela, septiembre 2020

“patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado”.

“parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.

“lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.

2.6.- Parlamento Europeo

Resolución No. 2021/2508(RSP): “1. Reitera que, hasta que no se celebren en Venezuela unas elecciones verdaderamente libres, dignas de crédito, inclusivas, transparentes y plenamente democráticas, seguirá considerando a la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015, a su presidente Juan Guaidó y a su Comisión Delegada, también presidida por Juan Guaidó, que constituyeron la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral, como el único órgano político democrático y representativo legítimo en Venezuela; pide al Consejo y a los Estados miembros que reconozcan también la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela elegida en 2015 y del presidente interino legítimo de Venezuela, Juan Guaidó”.



2.7.- Declaración del Alto Representante en nombre de la Unión Europea sobre Venezuela:

“Asimismo, la UE no escatimará esfuerzos para contribuir a un proceso auténtico e integrador con el fin de restablecer la democracia y el Estado de Derecho, mediante unas elecciones presidenciales libres y justas.”

3. El pueblo venezolano, doliente directo de la situación que ocurre en el país, se ha manifestado de manera concluyente ejerciendo su derecho de participación directa en los asuntos que le conciernen, establecido en la Constitución de 1999. Entre las manifestaciones más resaltantes e inequívocas del sentir y expresión del pueblo venezolano, enumeramos cronológicamente las siguientes:

3.1.- La evidente decisión de no otorgarle más poder al régimen, favoreciendo a la oposición en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.

3.2.- Las protestas de 2017; la participación espontánea y masiva en la Consulta Popular del 16 de julio de 2017; la rotunda abstención en las elecciones de la ilegítima Asamblea Constituyente; y, la rotunda abstención en las elecciones regionales y municipales de 2017.

3.3.- La rotunda abstención en el ilegítimo proceso electoral presidencial del 20 de mayo de 2018.

3.4.- El claro respaldo a la designación de Presidente Interino el 23 de enero de 2019.

3.5.- La rotunda abstención en el proceso electoral parlamentario ilegítimo el 6 de diciembre de 2020, y la participación de 6,5 millones de venezolanos en la Consulta Popular realizada entre el 7 al 12 de diciembre de 2020.

4.- Conforme a todo lo relatado con anterioridad, nos corresponde ser responsables y actuar con la coherencia que demanda la grave crisis venezolana, en la cual, subyace un grave deterioro no solo de los principios y valores que informan la actuación nacional, sino, también, un deterioro en la vigencia y justificación de las instancias internacionales. La congruencia entre la entidad del mal que padecemos y nuestras actuaciones previas, nos obligan a implantar inaplazables procesos y ejecutar acciones idóneas y oportunas -como nación y como comunidad internacional- que propendan, verdaderamente, el cambio de una situación que algunos pretenden asumir como nuevo modelo de vida civilizada en el planeta.

Ha sido un tortuoso camino el transitado en estos últimos veintiún años: muchos ciudadanos han dejado la vida en la búsqueda de recuperar nuestra libertad y nuestra democracia; muchos los encarcelados por razones políticas para callar nuestra voz y disidencia, y muchos los que aún permanecen en las mazmorras del régimen o simplemente desaparecidos o desterrados; muchas las madres, hijos y familias de civiles y militares que aún lloran los asesinatos de que fueron víctimas sus parientes; y más de 5 millones de venezolanos han arriesgado sus propias vidas para emigrar y buscarle un bienestar y futuro a sus familias. A ninguno de ellos podemos defraudar, olvidar ni abandonar.

En tal sentido, llamamos al Presidente Interino y a la Asamblea Nacional a ser coherentes y responsables con los compromisos adquiridos con el país y el respaldo recibido de la comunidad internacional, con la Constitución, las determinaciones del pueblo y con las decisiones oficiales ya tomadas.

5.- En consecuencia, proponemos reunir todos los esfuerzos y capacidades -de manera inmediata- alrededor del “proceso de restablecimiento constitucional, democrático y de la soberanía nacional”, activado por la ciudadanía inmediatamente culminada la Consulta Popular 2020, cuya ejecución nos permitirá arribar a:

El inicio y desarrollo de un proceso de reparación de la soberanía popular, fundamentado en el principio de autodeterminación de los pueblos y en la participación ciudadana (Artículos 1, 5, 62, 70 y 347 Constitucionales); el cese de la usurpación de los Poderes Públicos y la garantía de su actuación a derecho; cumplir los compromisos asumidos en la Carta Interamericana Democrática, y regularizar relaciones con países del hemisferio y el mundo; retomar el control soberano de nuestro patrimonio y finanzas a las que no accedemos como Estado-Nación; eliminar sanciones impuestas por gobiernos extranjeros por la ruptura del orden constitucional y democrático en el país; encauzar, a través de un proceso de reordenación de la vida ciudadana y republicana, la reconstrucción de la institucionalidad de Venezuela, asegurar el bienestar de los venezolanos y la continuidad de la República.

Invitamos al país, a la ciudadanía, al resto de los factores de la sociedad civil organizada venezolana, y a los sectores políticos, a profundizar la organización y la lucha por el restablecimiento absoluto de la Constitución y la vida democrática en Venezuela, para así liberarnos del yugo de la tiranía e iniciar la reconstrucción moral, ciudadana y material que Venezuela necesita, con urgencia.

Como lo declara el Preámbulo de nuestra Constitución vigente: Invocamos la protección del Dios Todopoderoso en este empeño de hacerle bien a los venezolanos y garantizar la continuidad de nuestra amada Venezuela.



La Conferencia Ciudadana para el Restablecimiento Constitucional y Democrático.



Venezuela, 20 de mayo de 2021.

Año 200 de la Batalla de Carabobo y año cero de la reconstrucción de la República.

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