CaigaQuienCaiga.net

#NoticiaInternacionales

“Xenofóbica y altamente preocupante”: CONOZCA proyecto de ley que busca hacer de Florida el estado más “antinmigrante” de EEUU

La iniciativa de ley prohíbe el uso de licencias válidas de otros estados en manos de indocumentados, obliga a los hospitales a recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y criminaliza el transporte de indocumentados, poniendo en serio riesgo a cientos de miles de ‘familias mixtas’.

Tras varias semanas de preparativos y advertencias, ambas cámaras de la Asamblea Legislativa de Florida recibieron el jueves un proyecto de ley que, de ser aprobado y luego promulgado por el gobernador Ron DeSantis (republicano), convertirán al estado en el más antiinmigrante de Estados Unidos.

La iniciativa, que responde fielmente a la política migratoria de DeSantis fundamentada en la ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump, incluye, entre otras medias, prohibir que los indocumentados utilicen identificaciones válidas que hayan sido otorgadas por jurisdicciones de Florida u otros estados o el traslado de extranjeros sin papeles.

Exige que los hospitales reporten la atención de extranjeros no autorizados y amenaza con cancelar licencias de operación a empleadores que los contraten sin haber cumplido con los requisitos del programa federal E-Verify.

“El plan permite que el estado se inmiscuya en el tema migratorio de manera tal que va a asustar a la comunidad inmigrante, muchos de ellos en procesos válidos de inmigración”, dice Ángel Leal, un abogado de inmigración que ejerce en Miami.

La propuesta, que cuenta con el total respaldo del gobernador, “incorpora tantas cosas que altera y asusta a la comunidad, entre otras cosas, por el mero hecho de transportar o albergar a un indocumentado. Pone este acto como una felonía de tercer grado, que lleva consigo una pena de cárcel de 5 años. Y si el transportado es menor de edad, hasta con 15 años de cárcel”, agrega.

Las alarmas saltaron porque ni en los anuncios previos y tampoco en los proyectos enviados a ambas cámaras de la Asamblea, despejan las dudas en cuanto a cómo la policía determinará cuando detener un vehículo, en base a qué justificará una causa razonable para tomar una determinación o cómo demostrar la existencia de una sospecha razonable para llevar a cabo un arresto legal.

“La falta de claridad crea una especie de perfil racial que es ilegal”, afirma Leal.

“Y si hay perfil racial entonces ya no hay causa probable. Y el proyecto tampoco toma en cuenta que el estado de Florida es el estado de residencia de millones de familias con estatus mixtos, millones de ciudadanos estadounidenses y residentes legales casados con indocumentados, en hogares donde hay niños nacidos en Estados Unidos con hermanos que no tienen documentos. Por lo tanto, ahí es donde está el peligro en la implementación de esta ley. Hay mucho miedo en la comunidad”.

Todo bajo la óptica del terrorismo

La crisis migratoria que se vive en la frontera sur con México no comenzó hace dos años cuando Trump abandonó la Casa Blanca tras perder las elecciones del 2020.

La crisis fue advertida por primera vez en 2013 por un grupo de expertos de la Universidad de California, entre quienes se hallaba la investigadora Elizabeth Kennedy.

Un primer informe fue entregado a las Naciones Unidas donde de señalaba que el problema de la migración iba en aumento debido a décadas de abusos en los países de Centroamérica, guerras, crimen organizado, pandillas, narcotráfico, pobreza, violencia doméstica y cambio climático, entre otras causas que estaban haciendo que la gente huyera de sus naciones y se dirigiera rumbo a Estados Unidos en busca de asilo y oportunidades.

La ONU avisó ese año al entonces gobierno de Barack Obama, pero no fue sino hasta un año después que la Casa Blanca de ese entonces, en 2014, reconociera la existencia de una crisis tras la detención en lo que iba del año fiscal de unos 42,000 menores no acompañados e igual número de familias.

El gobierno federal no estaba preparado para esa crisis.

No contaba ni con instalaciones ni con recursos para atenderla. Y la ley vigente, aprobada por el Congreso, otorga el derecho a cientos de miles que llegan a la frontera a pedir asilo y que sean los jueces de inmigración quienes resuelvan sus futuros en Estados Unidos.

Y al igual que ahora, 10 años después, con las mismas causas detectadas en 2013 y con cada vez más inmigrantes huyendo y tratando de pedir asilo en la frontera sur, el gobierno sigue sin los fondos suficientes para atender la crisis, y tampoco cuenta con instalaciones para detenerlos y procesarlos. Y la Corte de Inmigración (EOIR), que en 2016 tenía acumulados unos 500,000 casos, ahora tiene más de 2.2 millones.

Fuente UNIVISIÓN

Comment here