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Criminales venezolanos tienen cédula de Colombia por nuevo cartel; les cobran $ 6 millones


Criminales venezolanos tienen cédula de Colombia por nuevo cartel; les cobran $ 6 millones; y la red de corrupción se destapó cuando un delincuente de Venezuela, se quitó la vida en Bogotá y su caso puso la lupa sobre funcionarios de la Registraduría.

La obtención de documentación falsa para ciudadanos extranjeros, de varias nacionalidades, en Colombia es una realidad y tiene en la mira al sistema, contó Noticias Caracol.

Vecinos del sector de Ciudad Salitre, ubicado entre las localidades de Teusaquillo y Fontibón, fueron testigos de cuando este hombre se lanzó de un edificio en un conjunto residencial.

Las autoridades fueron a atender el caso y en ese momento identificaron a la víctima como Damián Alturo de la Cava Iguarán, un ciudadano colombiano nacido en Galapa (Atlántico) hace 41 años.

Sin embargo, en realidad se trataba de Edwin Ramón Soto, conocido con el alias de ‘el Mocho Edwin’, y cuya muerte fue reseñada en los medios venezolanos. Sobre él pesaban delitos como el homicidio —hasta de sus propios cómplices— secuestro, asaltos y ya en prisión se convirtió en el jefe al que los internos debían pagarle.

Pero gracias a este cartel, este hombre residía tranquilamente en Bogotá y sus vecinos desconocían con quién convivían a diario. El registrador Nacional, Alexánder Vega, confirmó que ese no es el único caso:

“Tenemos casos de narcotraficantes venezolanos de reconocido [prontuario] en Venezuela y que cambiaron su identidad en Colombia”.

Según el informativo, esos documentos se usaron para obtener visas para Estados Unidos. Entre tanto, además de venezolanos, la cedulación ilegal también daba el documento a mexicanos, cubanos y dominicanos.

El noticiero habló con uno de ellos, que entregó detalles de cómo surten el proceso irregular:

“Afuera de Bogotá, en esos pueblos. Cobran alrededor de 6 millones [de pesos] por sacar la cédula”. Si la paga, la tiene; sino para hacerlo ilegal es un proceso”.

Como lo dice el analista, para que se cumpla ese proceso deben existir hasta testigos falsos, y son personas que aparecen en varios de estos procesos.

El propio registrador reconoció que sus funcionarios han beneficiado a todo tipo de criminales y delitos, como la trata de personas:

“Tenemos casos de niñas que las pasaban de 14 años a 18 en el registro civil para sacarlas [del país] con el fin de explotación sexual”.

Todo ello ha llevado a la investigación de 15 registradurías en todo el país, que han expedido al menos 300.000 cédulas falsas. Esta red de corrupción, añadió Vega, también incluye a trabajadores de las notarías.

Noticias Caracol

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