La normalidad no borra la violencia judicial, y dos jóvenes lo escriben sin temblar.
Dos jóvenes estudiantes de Derecho presentaron en la Revista de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rafael Urdaneta, “Cuestiones Jurídicas”, una denuncia doctrinal y política sobre el deterioro de la administración de justicia en Venezuela, en un ensayo titulado “Violencia judicial: resultado fatal de ignorar la justicia”.
La tesis central de Ángel J. Bellorin González y Albert A. Andara Chirinos, es jurídicamente relevante: la justicia no se agota en sancionar delitos, sino que exige procedimientos imparciales, contradictorios y respetuosos de los derechos fundamentales. Parece una verdad sencilla. Pero, en la Venezuela de hoy, no hay verdades sencillas; urgentes, sí.
El mérito del ensayo está en no tratar la justicia como una palabra de mármol, reservada para discursos solemnes. Sus autores la bajan al terreno donde una persona detenida necesita saber de qué se le acusa, conversar con un abogado, conocer las pruebas, ofrecer las suyas y ser escuchada. Allí, en esa escena menos fotogénica que un acto oficial, se decide si el Estado de Derecho existe o apenas conserva el nombre.
En un país donde la profesión jurídica ha sido sometida a presiones, silencios y restricciones que han empobrecido el ejercicio del Derecho, dos jóvenes decidieron dirigir su inteligencia hacia una herida nacional: la banalización de la injusticia.
No escogieron un tema cómodo. Pudieron escribir sobre una materia neutra, de esas que permiten transitar por la biblioteca sin tropezar con la realidad. Eligieron el derecho a la defensa, el debido proceso y la administración de justicia después de los acontecimientos electorales de 2024.
Esa escogencia revela una idea valiosa: estudiar Derecho no consiste únicamente en memorizar conceptos, sino en entender qué ocurre cuando esos conceptos son negados en la vida concreta de alguien.
Hay, además, una dimensión humana que merece ser mencionada. Ángel J. Bellorin González, es hijo de la abogada zuliana Milangi González. Para mí, Milangi es mucho más que una colega: es una gran amiga y, como quien suscribe, una reconocida activista de derechos humanos. El parentesco no sustituye el mérito de Ángel, pero ayuda a entender la sensibilidad con la que aborda un asunto que no admite indiferencia.
Ángel no aparece aquí como una extensión de su madre, sino como un joven con pensamiento propio. Sin embargo, es imposible no celebrar que una familia vinculada al Derecho produzca, en tiempos de silencios convenientes, una nueva voz dispuesta a preguntar. Hay convicciones que se heredan como responsabilidad, aunque luego cada quien deba probarlas con su trabajo, su criterio y su propia firma.
La afirmación más importante del análisis exige precisión. La imposición de un defensor público puede vulnerar el derecho a la defensa cuando se realiza pese a la designación expresa o efectiva de un abogado de confianza, o cuando impide una asistencia técnica real, oportuna e independiente. Pero la sola intervención de un defensor público no constituye, por sí misma, una violación del debido proceso.
El problema aparece, según Ángel y Albert, cuando esa defensa se convierte en sustituto impuesto de la voluntad del detenido, en una figura decorativa o en una puerta cerrada para el abogado elegido. La diferencia no es académica. Es la diferencia entre tener defensa y tener a alguien sentado en una audiencia.
En el primer caso hay comunicación, estrategia, acceso a la información y posibilidad de controvertir. En el segundo queda apenas una apariencia procesal: la fotografía de una garantía que desaparece cuando debe producir efectos. Los autores colocan esa discusión en los acontecimientos posteriores al 28 de julio de 2024.
Por eso, estos dos estudiantes denuncian que, en la Venezuela post-28J, imponer un defensor público sin comunicación ni cargos no es justicia, sino una farsa procesal que convierte el derecho en apariencia. En ese sentido, el ensayo es un acto de no acostumbrarse a la normalidad de la violencia judicial.
El ensayo recoge también denuncias sobre imputaciones por delitos como terrorismo u odio, incomunicación absoluta, traslados a cárceles de máxima seguridad y desconocimiento, por parte de los familiares, del lugar de reclusión. No son adornos dramáticos. Máxime cuando la oscuridad procesal nunca es un detalle administrativo.
En este sentido, el texto de Bellorin y Andara acierta al advertir que una lesión al derecho de defensa puede arrastrar otras violaciones. Cuando una persona no sabe dónde está, no puede hablar con su familia, desconoce los cargos o no logra comunicarse con un abogado, el problema deja de ser una irregularidad aislada. Se afecta la posibilidad de contradecir, ofrecer pruebas, impugnar y ser tratado como sujeto del proceso. Una cadena entera queda bajo sospecha.
Pero el rigor obliga a no confundir denuncia con sentencia. Los autores, dos estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta, en Maracaibo, presentan un artículo de opinión jurídica y reflexión académica, no una decisión judicial ni un expediente probatorio completo. Su función es llamar la atención, ordenar un problema, señalar testimonios y exigir una revisión.
Albert y Ángel han escrito sobre la justicia porque la justicia dejó de ser una abstracción. Tiene rostro de detenido, nombre de abogado, hora de audiencia y una familia esperando noticias. Tiene también la cara de un estudiante que decide leer, investigar y escribir cuando lo más rentable podría ser mirar hacia otro lado. Ese gesto no derriba una estructura perniciosa, pero impide que esa estructura se presente como paisaje natural.
Por eso este ensayo importa. Importa por lo que afirma, por los datos que pone en circulación y por las preguntas que deja abiertas. Importa porque dos estudiantes de Maracaibo entendieron que estudiar Derecho también puede ser una forma de no acostumbrarse. En un país donde la costumbre ha servido para normalizar lo inaceptable, no acostumbrarse ya es una pequeña forma de resistencia.
Por el contrario, cuando una sociedad empieza a aceptar que alguien puede ser juzgado sin escoger realmente a quien lo defienda, la violencia judicial ya no necesita gritar. Le basta con sentarse, abrir el expediente y esperar que todos aprendamos a llamarla normalidad.
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