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Impelables vídeos: Denuncian Crímenes Federales en el Interinato de @JGuaido

LEA Nota completa tomada del portal Factores de Poder:

El miércoles 9 de septiembre pasado, Carlos Vecchio, representante del Gobierno Interino de Juan Guaidó en Washington, tuiteó lo siguiente:

Y claro, es cierto. Lo más grave es que Maduro podría recuperar los bienes que el Gobierno Interino de Juan Guaidó no recuperó, entre otras razones, porque la corrupción de los funcionarios designados para ello, no se los permitió.

He aquí las pruebas:

En el año 2019, después de haberse juramentado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y ser reconocido por más de 60 países, el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) conformado por las empresas LockinCapital y Global Risk Management, cuyos directores son Jorge Reyes y Pedro Antar, presentaron al Gobierno de Transición una propuesta para recuperar los bienes de Venezuela ubicados en los países que forman parte de Petrocaribe.

El propósito de la propuesta, sería ejecutar un plan estratégico a corto plazo (3 meses) para recuperar las deudas vencidas y atrasadas e iniciar la renegociación de reestructuración del 50% de las cuentas financiadas, con lo que el gobierno interino contaría con nuevos ingresos y fondos en dólares: Venezuela a través de PDV Caribe, tiene un rango de porcentaje capital entre 25% a 60% en 12 países del Caribe.

La propuesta estipulaba que el Consorcio cobraría el 18 % de lo recuperado, sin recibir dinero como adelanto. A cambio el Consorcio se comprometían a

  • Búsqueda e inteligencia de riesgo por 19 países.
  • Auditoría forense.
  • Servicio del Consorcio.
  • Gastos.
  • Servicio de recaudación, negociación de deuda, propuestas de recaudación de deudas.
  • Recuperación de activos.
  • Representación legal de Venezuela.

El 3 de enero del año 2020, CRA es notificada de haber obtenido la Buena Pro (selección dentro de un proceso de licitación) de la oficina de Gestión de Activos del Gobierno Interino, bajo “la modalidad de contratación directa Nro. CPGA-048-2019. A pesar de esto, 9 meses después, aún no se ha recuperado un solo bien en el exterior.

Correo de notificación de selección para el contrato

¿La razón de que no se hayan recuperado estos activos? Pues el Gobierno Interino a través de sus funcionarios otorgó la Buena Pro a CRA, pero nunca le firmó el contrato, debido a que los representantes del Consorcio se negaron a caer en el chantaje, a pagar las comisiones y coimas que exigía cada uno de los funcionarios del Gobierno Interino, a cambio de otorgarles el contrato.

La historia antes de la Buena Pro

Independientemente del Gobierno Interino que encabeza Guaidó, el Consorcio CRA trabajaba desde mediados del 2018 en la propuesta de recuperación de capitales para Venezuela.

Una vez que asumió la presidencia interina, los representantes del Consorcio conversaron vía telefónica en abril del  año 2019, con el propio Juan Guaidó y le explicaron brevemente la propuesta. Guaidó asignó al diputado Marco Aurelio Quiñones, (VP) para adelantar la gestión ante la Asamblea Nacional.

A mediados de mayo del año 2019, los representantes del Consorcio conversaron nuevamente con Juan Guaidó, quien les informó que la AN llevaría adelante la gestión, que ya estaba al tanto de todos los detalles y confirmó que la propuesta sería discutida para llevarla a cabo.

Entre los meses de junio, julio y agosto del año 2019, Reyes y Antar, representantes del Consorcio CRA, sostuvieron reuniones en Miami y vía telefónica (conferencia) con la mayoría de los diputados guiados por Marco Aurelio Quiñones: Elías Mata (UNT), Jorge Millán (PJ), Luis Carlos Padilla (AD), Luis Florido (VP), Freddy Superlano (VP), Sergio Vergara (VP), Luis Aquiles Moreno (AD) y Enrique Márquez (UNT), quienes decidieron emitir un informe solicitado por Juan Guaidó.

Una vez que Guaidó recibió el informe, el diputado Quiñones le comunicó al Consorcio que debían sostener una conversación telefónica con el procurador José Ignacio Hernández. Marco Aurelio Quiñones coordinó las dos conferencias telefónicas con Hernández entre agosto y septiembre del año 2019.

En la primera conversación, Reyes y Antar dieron la explicación general de la gestión de Recuperación y Toma de Petrocaribe.

En la segunda llamada telefónica, estuvo incluído el presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA Luis Augusto Pacheco Rodríguez, y Yon Goicoechea. En esa conversación el procurador Hernández les comunicó que quería revisar el porcentaje de recuperación,así como también las firmas de abogados que participarían en la gestión.

Al ser informado, Hernández estuvo de acuerdo con la firma de abogados del Consorcio. Y el porcentaje final que se acordó -18%- de honorarios del Consorcio estaba por debajo del rango de las tarifas internacionales fijadas para recuperaciones de este tipo.

A mediados de octubre del 2019, los diputados de la AN mencionados anteriormente, le comunicaron al consorcio que el procurador Hernández “no tenía tiempo para revisar o preparar el contrato” y que la vía que la Asamblea Nacional había decidido para cerrar la negociación, era a través de la recién creada Comisión Presidencial para la Gestión de Activos, por lo que los representantes del Consorcio comenzaron a partir de ese momento a entenderse con Javier Troconis, Jefe de esa comisión designado por Guaidó.

Las reuniones con Javier Troconis

 El 27 de noviembre del año, los representantes del Consorcio, Reyes y Antar se reunieron telefónicamente con el comisionado Javier Troconis y con el diputado Carlos Prosperi.

El 7 de diciembre del año 2019, se realizó la segunda reunión, en la ciudad de Miami, para explicarles la propuesta en detalle. Ahí estuvieron presentes:  Carlos Prosperi, el Comisionado Troconis y Magin Blasi-Blanchard quien según Troconis, representaba a su hermano Fernando Blasi-Blanchard, encargado de negocios de Juan Guaidó en Washington y mano derecha del embajador Carlos Vecchio.

Estos hermanos por cierto, eran los contratistas que tenían el monopolio del suministro de todos los hospitales durante el Gobierno de Manuel Rosales en el Zulia. Ambos dicen públicamente representar los intereses de Manuel Rosales y del G4. Troconis aclaró que Magin era la persona autorizada para hablar en nombre de su oficina. En esa reunión le pidieron a los representantes del Consorcio un contrato modelo, lo cual fue enviado.

Troconis les indicó que la oficina que él encabeza llevaría adelante la contratación y que los abogados de la Comisión revisarían el contrato. Se le comunicó también que Troconis delegaría a los hermanos Blasi-Blanchard para llevar adelante la gestión. Esto a pesar de que Magin (C.I. venezolana 9.726.685) no es funcionario del Gobierno Interino, sino un empresario independiente. Les informaron que la contratación sería directa y que el Consorcio había presentado la propuesta más completa para recuperar los activos del Caribe. Lo mismo les dijo el procurador José Ignacio Hernández.

El Consorcio le entregó a Juan Guaidó, Procurador, miembros inventario inicial de los bienes a recuperar país por país.

Comienza el Vía Crucis de la extorsión

El 23 de diciembre del 2019 los representantes del Consorcio Jorge Reyes y Pedro Antar, son convocados a una reunión con Fernando y Magin Blasi-Blanchard, en su oficina en El Doral.

En esa reunión los hermanos –que habían sido autorizados por Troconis- les escribieron a ambos directores de CRA en una hoja blanca las condiciones que –según ellos- exigía Troconis para la firma del contrato, entre las que se fija una comisión de 750 mil dólares, y que del 18% de los honorarios del Consorcio, se les diera a ellos el 50%. Es decir, que se les considerara como socios del consorcio que ellos mismos estaban contratando.

La respuesta del Consorcio a la extorsión del papel bond, fue enviarle, el 30 de diciembre, a Javier Troconis vía email  (troconisj@comisiondeactivosve.org) el texto de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) que prohíbe en Estados Unidos a las empresas y a los estadounidenses, pagar sobornos a funcionarios extranjeros para promover acuerdos comerciales. La FCPA se aplica a conductas prohibidas en cualquier parte del mundo y se extiende a las empresas estadounidenses que cotizan en la Bolsa. Esta comunicación no fue respondida por Javier Troconis.

Correo de respuesta a Troconis frente a intento de extorsión

Pedro Antar, director del Consorcio, le dijo a ésta periodista: “Complacer esas solicitudes es cometer un crimen federal en Estados Unidos, a lo que obviamente jamás estaremos dispuestos”.

Finalmente, el 3 de enero del 2020, el Consorcio recibe la Buena Pro para realizar el contrato, y los directores de CRA creían que finalmente se había acabado el Vía Crucis de la Extorsión…pero apenas comenzaba.

En el documento en el cual se otorga la Buena Pro a CRA, Javier Troconis, Comisionado Presidencial para la Gestión de Activos, solicita algunos recaudos necesarios para firmar el contrato definitivo, los cuales fueron entregados dentro del plazo otorgado. Para la recepción de documentos, la Comisión de Gestión de Activos contrató a la empresa TaxForixGroup (TFG) como se demuestra en la comunicación del 28 de enero del 2020 y en otra comunicación el mismo día, Nelson Rincón (TFG) le confirma a todos los relacionados del contrato haber recibido los recaudos de CRA.

Por cierto, uno de los recaudos exigidos era que CRA demostrara la solvencia financiera necesaria para ejecutar el contrato. En comunicación a Nelson Rincón explican que ya habían enviado el soporte financiero por 4.6 millones de dólares que representaba el 153 % de las necesidades financieras requeridas para operar. Posteriormente incluso el consorcio subió este porcentaje financiero a 6.6 millones de dólares, lo que significa el 220% de lo requerido, como se demuestra en una comunicación recibida por el consorcio el 5 de febrero del 2020.

Apenas unos días después de haber recibido la Buena Pro, en enero del 2020, Jorge Reyes y Pedro Antar, directores de CRA, son citados por Magin Blasi-Blanchar –quien incluso a través de una conversación por Whatssap seguía siendo el autorizado por Troconis- a la oficina de un grupo de abogados en Brickell City Center.

En esa reunión Magin insistió en la extorsión, exigiéndoles a Reyes y Antar pagar de forma inmediata 50 mil dólares (de los 750 mil que habían exigido en el papel bond) y para ello les entregó una factura a nombre de la empresa Enérgica Power LLC, cuyo propietario es Magin Blasi-Blanchar, el autorizado de Troconis. Una vez fuera de la oficina, Magin le dijo a los directivos: “Tienen cinco minutos para que me depositen los 50 mil. Si no…¡Olvídense de contrato!”. A partir de ese momento Javier Troconis comenzó a desconocer la Buena Pro que se había firmado.

Factura entregada por Magin par apago de extorsión

Sigue el Vía Crucis por el contrato

Una vez entregados todos los recaudos adicionales que habían solicitado, continuó el Vía Crucis de CRA para que se firme el contrato. El 14 de febrero del 2020, el Consorcio le envía una comunicación directamente a Javier Troconis, mostrándole su preocupación por la firma del contrato. La comunicación dice lo siguiente:

Varias comunicaciones, le precedieron a ésta (17, 23, 24 de enero) todas solicitándole a Troconis ejecutar la firma del contrato, ya que se vencía el plazo  previsto para ello.

El 14 de febrero, la empresa TFG que había recibido todos los recaudos exigidos al Consorcio, les comunicó que desde el 28 de enero ya no prestaban servicios para la Comisión de Gestión de Activos, por lo que el mismo día, CRA le pide a la comisión información sobre el destino de los documentos confidenciales y sensibles que habían enviado a esa empresa.

El 27 de marzo, Pedro Antar, director del Consorcio, decide enviar una comunicación a José Ignacio Hernández, Procurador General del Gobierno Interino diciéndole lo siguiente:

La comunicación estuvo acompañada de las pruebas necesarias para demostrar el otorgamiento de la Buena Pro firmada por Javier Troconis y los recaudos consignados por el Consorcio.

El consorcio recibió respuesta de José Ignacio Hernández el 01 de abril de este año bajo la referencia “Pretendida representación del Estado venezolano…”, la respuesta puede leerla directamente:

El 6 de mayo del 2020, el Consorcio le responde a José Ignacio Hernández haciendo un recuento de todas las gestiones, reuniones (incluyendo las realizadas con él) que los llevaron hasta la Buena Pro concedida.

En esa comunicación, Pedro Antar en nombre del Consorcio dice lo siguiente:

El 16 de junio, -dos días antes de renunciar al cargo- el procurador José Ignacio Hernández, ésta vez en un tono más drástico, le comunicó lo siguiente a los miembros de CRA:

Al día siguiente, es decir, el 17 de junio, Pedro Antar, en nombre del Consorcio CRA le respondió al Procurador Hernández:

Estados Unidos conoce la propuesta

Factores de Poder le preguntó a los directivos del Consorcio CRA, si algún funcionario de Estados Unidos llegó a conocer de la propuesta de recuperación de bienes de Venezuela en Petrocaribe, y respondieron que tanto el gobernador del estado de la Florida Rick Scott, como el senador Marco Rubio la conocen, éste último a través de una comunicación por escrito que le fue enviada a su correo electrónico el 24 de febrero del 2020.

Entrevistados a través de un cuestionario escrito, los directores del Consorcio CRA dijeron a Factores de Poder: “Desde que el presidente Guaidó nos pidió telefónicamente que arrancáramos con la propuesta, nos pidió «no parar». No dejamos de invertir en la investigación cruzada con nuestro staff y llevamos una investigación profunda con empresas de inteligencia en cada país de forma paulatina, cosa que reconoció el procurador Hernández. Sus palabras fueron que él no sabía que había tantos activos por recuperar en el Caribe”.

El que lo sabe es Maduro que ya está listo para echar mano de nuevo de los bienes que no se recuperaron para el país debido a que funcionarios del Gobierno Interino se negaron a firmarle el contrato al consorcio que tenía ya el trabajo adelantado, porque sus directivos se negaron a acceder al chantaje.

Fuente: FactoresDePoder.com

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