Los tenedores de bonos lograron convencer a Washington de que si ellos no compraban y vendían, lo harían otros. El objetivo era ganar millones en transacciones.
En este reportaje especial de Orlando Avendaño para voz.us, el periodista, con estudios de historia, explica que las relaciones Venezuela-EEUU están marcadas por los intereses económicos.
02/15/2024. En octubre del año pasado, en el marco de unos acuerdos entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, la Casa Blanca decidió levantar varias sanciones que había sobre la dictadura.
Aunque hoy está sobre la mesa la posibilidad de que Biden reimponga las sanciones por la ruptura del acuerdo con Caracas, hay una que no volverá.
Un grupo de influyentes y poderosos inversionistas de Wall Street cabildeó fuertemente para que la Casa Blanca y el Departamento de Estado se convencieran de que la sanción a los bonos de la deuda de Venezuela era contraproducente.
La sanción, que había sido impuesta por la administración del expresidente Donald Trump en agosto del 2017, fue una fuerte respuesta a la represión y la deriva autoritaria que en ese momento sufría Venezuela de manos del dictador Nicolás Maduro.
La medida prohibía a cualquier ciudadano estadounidense y a las instituciones financieras participar en transacciones relacionadas con los bonos de Venezuela y otras deudas emitidas por el Estado venezolano.
La emisión de bonos era una de las herramientas principales con las que contaba el régimen chavista para obtener fondos y financiar sus actividades. Cada tanto, luego de esconderlos en entidades financieras nacionales o en el extranjero, Venezuela vendía los bonos cuando necesitaba efectivo.
Para el momento de la sanción, varias firmas estadounidenses poseían bonos valorados en unos $50.000 millones, según reporta el Wall Street Journal.
Estos, normalmente emitidos por la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA), eran sumamente atractivos para los inversores porque ofrecían altos rendimientos y tenían el respaldo de las operaciones petroleras. Las sanciones, obviamente, frustraron estas operaciones.
Muchos lograron vender sus bonos entonces.
Algunos de estos principales inversionistas, que aún hoy son acreedores del régimen, son las firmas Fidelity Investments, T. Rowe Price y Greylock Capital, de Wall Street.
Estas firmas no vendieron en su momento y, desde que se impuso la sanción, se han dedicado a pelear la política de acoso de la Casa Blanca al régimen chavista.
Con el cambio de administración, Estados Unidos pasó de una política de hostigamiento a una de entendimiento con el chavismo.
Por ello, los inversores aprovecharon para entregar a funcionarios del Departamento de Estado suficiente información que respaldara su relato: al prohibirles a los estadounidenses vender y comprar bonos, países hostiles a Estados Unidos, como Rusia, aprovecharon para ganar terreno en Latinoamérica.
Los inversores entregaron a los funcionarios «registros de transacciones de miles de millones de dólares de bonos venezolanos comprados por inversores de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Chipre (…) Todos esos países son conocidos conductos para el dinero ruso», se lee en un reporte del Wall Street Journal.
El director de inversiones de Greylock Capital y copresidente del grupo de acreedores del régimen que presionó para el fin de las sanciones, Hans Humes, le dijo al Wall Street Journal que «nadie en el Gobierno de Estados Unidos pareció entender lo que los participantes en el mercado les dijeron que eran las consecuencias obvias de la política [de sanciones]».
Según le dijo una fuente al diario estadounidense, las firmas Fidelity Investments y T. Rowe Price tienen cada una más de $1.000 millones en bonos de Venezuela. Por su parte, Greylock posee alrededor de $1.500 millones.
En sus esfuerzos por lograr el levantamiento de las sanciones, los tenedores de bonos fueron convenciendo a Washington DC de que era probable que los inversores que surgían de Oriente Medio o Chipre, que estaban comprando y vendiendo bonos venezolanos, realmente eran testaferros de Rusia.
Para sostener esto, los inversores de Wall Street le dieron a los funcionarios de Estados Unidos registros y documentación de transacciones que probaban que los inversores de Medio Oriente o Chipre también habían comprado bonos de Rusia luego de que la Casa Blanca impusiera sanciones a Moscú tras la invasión a Ucrania en 2022.
Poco a poco, los inversores fueron armando el relato:
Rusia estaba acumulando una posición en la deuda venezolana y que con esto podría buscar un acuerdo para que Venezuela vendiera activos a Rusia a cambio de condonar la deuda.
Esta información proviene de un memorando que el grupo de acreedores envió al Gobierno de Estados Unidos en el 2023 y al que el Wall Street Journal tuvo acceso.
Para Rusia, como recoge el diario estadounidense, Venezuela es su socio más importante en Latinoamérica. Por ello, un portavoz del Departamento de Estado le dijo al diario que Estados Unidos se toma «muy en serio los intentos de actores externos como Rusia de expandir su influencia en Venezuela y tomamos las medidas que correspondan».
Y, por ello, en octubre de este año, luego de que incluso una unidad destinada a los asuntos de Venezuela del Departamento de Estado compartiera las preocupaciones de los inversores y los tenedores de bonos, la Casa Blanca decidió emitir las Licencias Generales Número 31 y 9H que «autorizan la negociación en el mercado secundario de bonos soberanos venezolanos emitidos por PDVSA».
«Bajo estas licencias, que no están limitadas en el tiempo, las personas estadounidenses pueden comprar bonos y valores de PDVSA y pueden vender bonos y valores de PDVSA a otras personas estadounidenses», según aclara la misma OFAC, la oficina de control de activos extranjeros.
Para el Departamento de Estado, de haber mantenido las sanciones a las transacciones de bonos Rusia hubiera seguido ampliando su influencia sobre el régimen de Nicolás Maduro y, en consecuencia, su presencia en el patio trasero de Estados Unidos.
No obstante, realmente el levantamiento de las sanciones a los bonos lo que permitió es que el grupo de inversores y acreedores pudieran obtener enormes beneficios con las transacciones.
Justo después de que la prohibición fuera levantada, en octubre, los precios de los bonos subieron de 13 centavos a unos 20 centavos por dólar.
El Wall Street Journal reporta que los inversores esperan que los bonos obtengan un nuevo impulso cuando pasen a formar parte del índice de bonos de mercados emergentes de JPMorgan, que podría ocurrir el próximo mes.
«Al final concluimos que las sanciones eran malas para Estados Unidos y buenas para nuestros adversarios», dijo un alto funcionario estadounidense al diario.
No menciona, por supuesto, que al levantar la prohibición de transacciones con los bonos, el régimen de Nicolás Maduro ahora puede acceder al mercado financiero internacional con más libertad. La prohibición le complicaba el camino para que Maduro pudiera obtener financiamiento externo.
En noviembre del año pasado, varios senadores republicanos publicaron un comunicado e impulsaron un proyecto de ley exigiendo a Joe Biden que reimponga las sanciones a Nicolás Maduro, considerando que era lo moralmente correcto.
«Las sanciones por la violación de derechos humanos siguen siendo una herramienta crucial para ayudar a los venezolanos que siguen sufriendo bajo el régimen de Nicolás Maduro. Tenemos el deber moral de garantizar que este narcorégimen rinda cuentas por sus innumerables crímenes y que las sanciones sigan en vigor«, dijo al respecto el senador republicano Marco Rubio.
Por su parte, el senador republicano Rick Scott dijo que «una y otra vez hemos visto al presidente Joe Biden apaciguar a dictadores asesinos como Maduro levantando sanciones, permitiendo que millones de dólares alimenten su peligroso régimen y desestabilicen aún más la región«.
A Scott y Rubio también se les sumaron los senadores Ted Cruz y Bill Hagerty en torno a la Ley de Reautorización de la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela.
Al ser consultado sobre las sanciones, el experto en seguridad y crimen transnacional, analista de la Heritage Foundation y director de la Secure and Free Society, Joseph Humire, le dijo a Voz que «levantar sanciones sin ninguna garantía de que haya un cambio de comportamiento del régimen es un incentivo perverso. Estás incentivando un mal comportamiento. Los sancionaste porque su comportamiento era equivocado y hoy no solo no es mejor sino que ha empeorado».
Sobre el levantamiento de la prohibición de comprar y vender bonos de la deuda, Humire dijo que la licencia permite «legitimar el dinero sucio que Venezuela maneja con sus deudas. La economía ilícita en Venezuela se mezcla con la economía formal. Las deudas y los bonos que emiten no diferencian entre la circulación de dinero ilegal».
Para el experto en seguridad y crimen, el dinero que provenga de Venezuela va a, inevitablemente, contaminar el sistema financiero de Estados Unidos.
Por último, Humire considera que, aún sin intención, indirectamente los inversores estadounidense al comerciar con bonos de la deuda de Venezuela terminan financiando el aparato represivo de la dictadura de Nicolás Maduro.
«Cuando legitimas un sistema financiero de un país autocrático, que está vinculado con el crimen organizado, cuando los insertas al mercado, por extensión lo estás legitimando», dijo.
Las sanciones, arguye Humire, estaban diseñadas para evitar que el dinero sucio entrara al mercado formal y que el régimen consiguiera financiamiento.
«Es un dilema moral. Indirectamente, y hasta inconscientemente, los compradores de los bonos van a financiar a Maduro», sentenció Joseph Humire.
DHH sobre información de voz.us
Tomado de HablaHispana.com
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