“La justicia tarda, pero no llega, y mientras tanto, la vida se va.” Mario Benedetti
Hay condenas que no necesitan sentencia. Hay una manera de desaparecer a alguien sin matarlo, que es quizás más cruel que la muerte misma: dejarlo vivo, pero sin derechos, sin patrimonio. Eso es lo que lleva años padeciendo Kamel Salame Ajami. Y no está solo. Kamel ganó unas elecciones en San Felipe en 2008. No importó. Lo metieron preso. Lo tuvieron diez años en prisión preventiva, sin juicio, sin pruebas, sin nada que realmente lo vinculara con el narcotráfico. Y cuando al final lo absolvieron, cuando la justicia dijo que era inocente, el Estado no le devolvió la vida. Le devolvió el papel, pero no los bienes, no la libertad de moverse, no la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, de firmar un contrato, de vivir. Eso es lo que él llama “muerte civil”. Y no es un término bonito. Es una descripción exacta.
La sentencia absolutoria es de 2021. Firme, como decimos los abogados. Y sin embargo, hoy, cinco años después, Kamel sigue sin poder disponer de sus propiedades. No puede vender, no puede alquilar, no puede hacer nada. Porque el sistema registral sigue reflejando una prohibición que ya no tiene sentido jurídico. Y los funcionarios, en lugar de cumplir la ley, se hacen los sordos. Pero hay un detalle que agrava todo esto, que lo vuelve más escandaloso, más descarado. Hay dos apartamentos, en el Edificio Residencia Carolina, en San Felipe, que pertenecen a Kamel. Y esos apartamentos, según la propia fiscalía, según oficios judiciales, nunca fueron incautados. ¡Nunca! No hay orden de incautación, no hay nada. Sin embargo, la Directora Regional de la SUNAD, Erika Indira Ojeda Mercade, sacó a patadas a quienes vivían allí y los asignó a funcionarios públicos. La secretaria de despacho de la gobernación, Mariana Verde, fijó residencia en uno de ellos. Como si fueran suyos. Como si Kamel no existiera.
¿Y la gobernación? Callada. Cómplice. Porque esto no es un error burocrático, es un abuso de poder con todas las letras. La propia Fiscalía tiene abierta una investigación penal contra Erika Indira Ojeda Mercade por abuso de autoridad y actos arbitrarios. Y aquí es donde quiero detenerme, porque este caso no es solo el drama de un hombre. Es el reflejo de un sistema. Es la forma en que el poder en Venezuela, sobre todo en los estados, se convierte en una maquinaria de venganza.
Ynesmar Lorena Parra Caldera lo sabe bien. Ella fue parte de esa campaña del 2008. Activista, organizadora, rostro visible de las “Células por el Cambio” que acompañaron a Kamel. No era una figura secundaria. Ella estaba en el barro, en las calles, distribuyendo útiles escolares, organizando caravanas, supervisando testigos de mesa. Era de las que se jugaban el pellejo porque creía que el cambio era posible. Y cuando Kamel ganó en las encuestas a boca de urna, cuando parecía que la victoria era inminente, vino el apagón del CNE, vino el fraude, vino la reversión de los resultados. Y entonces, la represalia.
Cuando lo detuvieron a él, empezó la cacería contra los suyos. Siete de sus compañeros fueron a la cárcel. Ella estuvo bajo vigilancia, con llamadas anónimas, con el miedo instalado en el pecho. Sabía que la prisión preventiva podía alargarse años, décadas, como le pasó a Kamel. Y entonces tomó una decisión: huir. Se fue a Perú, con lo puesto, con el corazón encogido, dejando atrás su tierra, su gente, su vida. Regresó años después, pensando que el tiempo había pasado, que quizás podía rehacer su vida con trabajo comunitario. Pero no.
El régimen tiene memoria larga. En el Municipio Independencia de Yaracuy, un pastor evangélico que operaba como informante del PSUV y de inteligencia la señaló. La acusó de infiltrar el centro de rehabilitación donde trabajaba. La amenazaron directamente. La vandalizaron. La persiguieron. Y otra vez, el miedo. Otra vez Perú. Pero esta vez, la inseguridad y la presencia de agentes de inteligencia venezolanos en la región la obligaron a buscar un refugio más lejano, más seguro. Llegó a España. Allí está ahora, tratando de explicar a las autoridades europeas lo que para cualquier venezolano es obvio: que regresar es un riesgo de muerte.
Lo que une a Kamel y a Ynesmar no es solo el pasado compartido, esas jornadas de campaña, esas caravanas, esa ilusión de un cambio que nunca llegó. Es el presente. Es la certeza de que el poder en Yaracuy sigue siendo el mismo, sigue actuando con la misma impunidad, sigue disponiendo de bienes ajenos, sigue persiguiendo a quien se atrevió a desafiar el orden establecido. Por eso, la muerte civil de Kamel no es un accidente. Es una decisión política, sostenida por la impunidad. Y el exilio de Ynesmar tampoco es una elección. Es la única salida que le quedó para no terminar en una cárcel o en una fosa.
Esta es la punta del iceberg, claro. Porque si una funcionaria puede apropiarse de dos apartamentos sin orden judicial y la Secretaria de Despacho se apropia de uno de esos apartamentos, a la brava, ¿qué más estará pasando en la gobernación de Yaracuy? Hace unas semanas escribí sobre la secretaria general de gobierno, Lenyis Martínez, y las irregularidades que la rodean. Entonces, no es un caso aislado, es un patrón, la normalización del abuso.
Por eso, Ynesmar Lorena, desde España, mira hacia atrás y sabe que, si pisa suelo venezolano, el mismo mecanismo que mantiene a Kamel en la muerte civil podría engullirla a ella. Por esa razón, este artículo no es un alegato jurídico, esto es un reclamo humano, un grito que pretende romper el silencio cómplice que envuelve a Yaracuy. Kamel Salame no debería estar muerto en vida. Ynesmar Lorena Parra no debería estar en el exilio. Pero lo están, porque en Venezuela la justicia es una farsa y el poder es un látigo.
Mientras la gobernación guarda silencio, mientras los oficios y las sentencias se acumulan sin que nadie los cumpla, mientras Eria Ojeda Mercade sigue reteniendo lo que no es suyo, Kamel sigue sin poder vivir e Ynesmar sigue sin poder volver. La arbitrariedad de una funcionaria y la complicidad de un gobierno regional no son la causa original de esta historia, pero son su síntoma más reciente, más brutal. Son la prueba de que la persecución no terminó con la absolución, ni con el exilio. Sigue ahí, en los registros de recursos ejercidos, en los apartamentos ocupados, en las amenazas veladas que aún resuenan.
Y mientras tanto, la muerte civil sigue su curso. Sin sentencia, sin cadáver, sin piedad. Como una condena perpetua que no necesita papel sellado. Como una venganza que se alimenta de la impunidad. Como el rostro más cruel de un sistema que no perdona haber creído en el cambio.
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