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Opinión

Delitos de conocedores del Derecho Por José Luis Centeno S.

Un trío, conocedor del derecho, desdibujó la recta administración de justicia

Manyore, al empezar a vivir con Jean, a finales de 2011, le pidió que le pagara los estudios de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), así lo hizo él, todo iba bien, incluso, le traía buenas notas, hasta que comenzó a escuchar clases con el profesor Pérez Gorrín, pronto se les vio en el Parque Las Ballenas de Maracay y lo que dio a suponer ella, quedó al descubierto cuando Jean la sorprende en adulterio con ese preceptor.

El agraviado, Jean Antiba Abdel, decide divorciarse, pero ella, aún hoy día, falsea ese hecho e insiste en atribuirse la iniciativa de dar término al matrimonio que la unió civilmente a él en abril de 2015, pocos meses antes del adulterio.

Ella miente:

“[…] Revisada la presente demanda de Divorcio Contencioso […] presentada por el ciudadano JEAN ANTIBA ABDEL […] contra la ciudadana MANYORE ELIZABETH LUGO GONZÁLEZ […] este Despacho Judicial […] la ADMITE […]”.

Un acta del 25/04/2016, confirma lo antes citado, tomado de un auto de fecha 31/03/2016:

“[…] audiencia de mediación en la demanda que por Divorcio contencioso incoara el ciudadano JEAN ANTIBA ABDEL, contra la Ciudadana MANYORE ELIZABETH  LUGO GONZÁLEZ, en el expediente No. DP41-V-2016-000326 […]”.

Manyore, posicionó el divorcio ante la opinión pública como cosa suya, despotricando de Jean.

El objetivo, invertir la notoriedad de su infidelidad, para lograrlo, urdió una mentira que no tendría mayor relevancia tratándose de personas adultas, sin embargo, esa falsedad sirvió, a su vez, para desdibujar la recta administración de justicia y cometer otros delitos.

Por ejemplo, ella también sostiene tener la custodia del hijo que procreó con Jean. Falso de toda falsedad, pero así lo declaró, usando documento público falso:

1°) para poder transportar al menor vía aérea, tras sacarlo de Venezuela por una trocha el 05/04/2018, por los lados de Guasdualito, arriesgando la vida del niño, y 2°) ante autoridades migratorias estadounidenses, para introducirlo en suelo americano y solicitar asilo, todo ello en complicidad con su ex profesor de Derecho y actual cónyuge, Julio César Pérez Gorrín.

Como parte del proceso de Divorcio contencioso, la “Abogado. Ledis Silva Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua-sede Maracay” acordó la siguiente medida el 09/08/2017, en el “ASUNTO: DH13-X-2017-000208”:

“[…] MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAIS Y RETENCIÓN DE PASAPORTE al niño [Se omite la identificación por mandato expreso de la ley respectiva], de cuatro años de edad, nacido el 18/08/2012 […]”.

Medida elevada al conocimiento de Manyore y del “Director del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar”, “Oficio N°: 7MS/694/2017”; “Director de la Dirección de Migración Zonas Fronterizas”, “Oficio N°: 7MS/696/2017”; “Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre y Aduanero”, “Oficio N°: 7MS/697/2017”; “Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería”, “Oficio N°: 7MS/965/2017”, entre otros.

El 24/06/2017, Manyore obtiene el título de Abogado y celebra su “boda civil” con Pérez Gorrín el 18/09/2017, a partir de entonces se dedicó a concretar sus planes de residenciarse en EEUU con su nuevo esposo, efectivamente, lo hicieron, valiéndose de la falsedad urdida en perjuicio de su ex esposo, con la que siguen hostigándolo en fiscalías y tribunales.

La decisión judicial del 09/08/2017, adoptada entre la graduación y la “boda civil”, evidencia los despropósitos de los nuevos cónyuges, cuya expresión extrema acontece el 05/04/2018: la sustracción internacional del niño con medida de prohibición de salida del país y retención de pasaporte, un delito, exclusiva responsabilidad de Manyore y Pérez Gorrín. 

Un auto de fecha 16/07/2018, reza:

“Por cuanto en fecha 10/07/2018 […] fue recibida diligencia […] mediante la cual solicitó se oficiara a la Oficina de Relaciones Consulares adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores […] con el objeto de localizar al infante [identificación omitida] quien fue presuntamente sustraído del país sin el consentimiento de su padre […]”.

Manyore y Pérez Gorrín, a fin de cuentas, secuestraron al niño, incurrieron en un vulgar secuestro, que validaron en EEUU gracias a la falsificación de documento público. Sustracciones de este tipo no vienen solas, llegan aparejadas a la retención ilegal del niño sustraído, con agravantes si existe un fallo como el de fecha 26/08/2020:

“Primero: CON LUGAR la demanda de Responsabilidad de Crianza (Custodia) interpuesta por el ciudadano JEAN ANTIBA ABDEL […] en contra de la ciudadana MANYORE ELIZABETH LUGO GONZALEZ […] Segundo: En Consecuencia del anterior pronunciamiento, la Custodia del niño [identidad omitida] será ejercida por el padre, ciudadano JEAN ANTIBA ABDEL […]”.

La intención de Manyore fue demandar a Jean por un delito contra la intimidad de la persona, luego de sorprenderla, infraganti, de haberlo hecho, hubiese salido a relucir que el lugar donde se produjo la infidelidad, era una habitación asignada al magistrado Héctor Manuel Coronado Flores en el Círculo Militar de la Ciudad Jardín, como consta en acta levantada por la DGCIM y en una Medida de Protección acordada a Jean por la conducta violenta del entonces magistrado, el profesor y su alumna en contra de él.

Ese trío, a días del adulterio y seis meses después del matrimonio civil Antiba Lugo, concibió las trampas judiciales impulsadas en perjuicio de Jean Antiba desde el 15/10/2015, iniciadas con la investigación por hechos en los supuestos de los delitos de violencia física y acoso u hostigamiento denunciados por Manyore, cuando aún vivía bajo el mismo techo con Jean.

Fue algo premeditado, el trío vio necesario que ella siguiera en el hogar con Jean, para darle vida a la violencia física, que finalmente no pudieron demostrar, circunstancia que, aunada a la vaguedad probatoria del supuesto hostigamiento, dejó en claro la falsedad de tales señalamientos, que ellos siguen utilizando en el sistema judicial venezolano.

Ante la ausencia de la denunciante, que no víctima, a mediados de junio de 2018, los abogados Luis Mijares y Miguel Guerra pretendieron ejercer su representación legal con un poder otorgado el 24/04/2018, a todas luces forjado, porque, según movimientos migratorios solicitados por un tribunal de protección, la poderdante, Manyore, había salido de Venezuela el 05/04/2018 y para el momento del supuesto otorgamiento, ante notario público, se encontraba en Chile, clara evidencia de su mal proceder.

El 12/02/2020 se incorporó a esa arremetida judicial la madre homónima de Manyore, apoderada por ésta, en un contexto desfavorable a Jean y su defensa para aclararar los hechos denunciados por ambas, puesto que las denuncias infundadas por parte de ellas no han cesado, resta ver si continúan recibiendo apoyo desde el olimpo judicial.

“Visto el contenido del oficio Nro. 05-F1-1359-2018, de fecha 02/07/2018, proveniente de la Fiscalía Primera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial del estado Aragua, mediante el cual solicitan a este despacho copias certificadas de las actuaciones correspondientes al presente asunto contentivo de la demanda de DIVORCIO CONTENCIOSO incoada por el ciudadano JEAN ANTIBA ABDEL […] en virtud de requerirlas para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación por dicha dependencia bajo la causa fiscal Nro. MP-36467-2018, este tribunal acuerda las copias certificadas requeridas […]”.

De poco sirvieron las copias certificadas, el otrora magistrado determinó el curso adverso, para Jean, de esa causa penal que se prolongó por espacio de 7 años, por puro capricho personal, con base en las falsedades de las cuales aún se valen Manyore Elizabeth Lugo González y Julio César Pérez Gorrín para tener un caso abierto de supuesta persecución en Venezuela, el cual les posibilitó obtener su actúa estatus migratorio en los EEUU

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