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El Espectador: Por qué se desplazaron más de 5.000 personas desde Venezuela hacia Colombia en la zona fronteriza de Arauca

El desplazamiento forzado es un capítulo que se repite cada tanto en Colombia: por temas políticos, por posesión ilegal de tierras, por el control de rutas para el tráfico de drogas, porque los alzados en armas se toman el poder rural a la fuerza para imponer su ley en zonas donde precisamente no llega el Gobierno o trata de hacerlo de manera tenue, itinerante. No en vano vemos cómo muchos de esos desplazamientos suceden en los mismos lugares, en las mismas regiones, en los mismos departamentos. Ya lo dice un viejo adagio parafraseado: quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y en Colombia sí que vemos a diario cómo se repite la historia. La violencia no para. Los reclamos se mantienen y el miedo sigue en el ambiente. Por eso este boletín, después de una semana de reflexión -y que nos tiene a todos asustados por el aumento de casos positivos para COVID-19-, está dedicado a la situación que se está viviendo en Arauca justo en la zona fronteriza con Venezuela, donde los problemas no son nuevos, llevan años, pero el recrudecimiento de la violencia está tomando forma con nombres tras la cortina y bajo el amparo del Eln y las disidencias de las Farc. Así que sin dar más vueltas y tras recordar que para entender mejor este texto recomendamos entrar a cada uno de los links que aquí dejaremos, comencemos.
El 11 de marzo, casi un mes atrás, Karen Quintero Martínez, nuestra colega de la sección Nacional, escribió una radiografía de lo que estaba pasando en Arauca: amenazas a los comerciantes, las llamadas ‘vacunas’ a los ganaderos y hasta el famoso ‘peaje’ que le están pidiendo los grupos armados ilegales a los contratistas que llega a la zona para trabajar. Mejor resumido en extorsiones diarias, se vive ese mal del que nadie se atreve a hablar por temor a las represalias de los violentos. El texto, que aparece en este link, documenta muy bien cómo operan los delincuentes: una cita en un paraje rural, en El Troncal de Arauquita. “El mismo lugar en el que citan a comerciantes, ganaderos y contratistas para pasarlos a territorio venezolano, para extorsionarlos o someterlos a sus amenazas”, nos contó una fuente que pidió la reserva de su nombre.
Los de aquí acusan a los de allá. Los de allá dicen que la violencia sale de acá. En ese mismo discurso se concentran los líderes políticos de Colombia y Venezuela. Mientras tanto en el terreno, en la frontera, se habla en voz baja pero se dice de todo: que hay operativos de la guardia venezolana en contra de las disidencias de las Farc, que los guerrilleros delinquen aquí y se esconden allá, que hay bandas de crimen organizado que controlan la frontera, que la crisis en Venezuela obligó al desplazamiento de muchos de sus habitantes a la zona limítrofe donde la xenofobia también se ha hecho presente, que incluso hay bandas venezolanas que ya disputan territorios. Lo cierto es que el 21 de marzo se reportaron operativos militares venezolanos cerca a Arauquita. “Según información de la población, hay diversas detonaciones por parte de la Fuerza Aérea venezolana y esto ha generado mucha zozobra y miedo en la población colombiana y venezolana”, declaró Etelivar Torres, alcalde de Arauquita.
“Me informan que desde la madrugada de hoy sábado se registró un enfrentamiento armado en adyacencias al Nula-Apure. Testimonios indican la participación de militares FANB, hombres extranjeros de negro y miembros de la guerrilla (disidencias) de las Farc del frente décimo comandado por alías Ferley”
Javier Tarazona, profesor y activista venezolano.
La sección Internacional entró a indagar sobre la situación y nos contó las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien advirtió que se trataba de la Operación Escudo Bolivariano, “protegiendo a nuestra frontera del abandono de Colombia que provoca que grupos armados se pasan para acá”. El resultado, según fuentes del vecino país: siete personas estarían heridas cuando militares del Ejército venezolano atacaron un campamento de las disidencias de las Farc. A la par, pobladores de la zona advertían de ocho familias venezolanas desplazadas hacia territorio colombiano que pedían ayuda a los organismos de socorro locales. Más tarde se hablaba de 27 familias que llegaron desde distintas zonas fronterizas y con esto empezó el desplazamiento masivo, la necesidad de atención urgente a la población, y entonces tratamos de contar qué era lo que sucedía en Apure, desde donde se desencadenó una crisis humanitaria que requiere un cuidado inmediato:
La llegada masiva de familias desplazadas provocó que en dos días el Gobierno colombiano tuviera que declarar calamidad pública en Arauca por el desplazamiento.  Días antes la Defensoría Del Pueblo había alertado sobre varias de las personas que cruzaron la frontera quienes manifestaron ser víctimas de violaciones de derechos humanos y de actos indiscriminados contra la población civil. Por esta razón, de acuerdo con el ministro de Defensa, Diego Molano, “el gobierno colombiano hará el trámite con la comunidad internacional entendiendo que es una situación que se presenta en un país ajeno a Colombia”. Para ese momento los combates seguían vivos y, en la tarde del 28 de marzo, el balance estaba en tres muertos, 14 heridos y 32 capturados. Se esperaba que, cuando la situación se normalizara, los desplazados pudieran regresar a su hogar. Mientras muchos se alistaban para sus días de vacaciones, de nuevo el ministro de Defensa, Diego Molano, hacía referencia a la crisis migratoria debido a operaciones del Ejército venezolano en contra de disidencias de las Farc: “En Miraflores dan instrucciones de combate de forma selectiva”, dijo Molano. Se refería a que, según el funcionario, los ataques en contra del frente 10 de las disidencias de las Farc por parte del Ejército Venezolano, llevados a cabo desde la semana pasada en el estado de Apure, son selectivos y solo buscan beneficiar a las disidencias comandadas por Iván Márquez y Jesús Santrich. Para entender mejor la posición del Gobierno, recomendamos este artículo que nos envió la sección Política.
Mapa
Para el 29 de marzo las cuentas nos decían que ya eran 4.741 las personas que se desplazaron desde Venezuela. Varios líderes regionales le dijeron a El Espectador que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaba atacando de manera indiscriminada a la población civil. Se desconocía el número de personas desaparecidas, por eso, para tratar de entender todo este desastre, hablamos con varias de las personas que están viviendo en carne propia esta dura realidad: Relatos de una crisis humanitaria en Arauca, tituló nuestra colega Karen Quintero Martínez, quien nos recordó que ya estaban en pie 19 albergues temporales en Arauquita.
Buscamos a la experta en la fuente castrense de Venezuela, Sebastiana Barráez, para que nos explicara qué hay detrás de los ataques del ejército venezolano contra guerrilleros de las disidencias de las Farc en la zona fronteriza; contamos sobre la decisión del Gobierno colombiano de instalar en el departamento de Arauca un centro de atención para los migrantes venezolanos que huyen de los enfrentamientos y, además, detallamos la petición que hizo la Procuraduría al Ejecutivo en busca de ayuda internacional para poder atender la crisis humanitaria:
Internacional.

Procuraduría pidió al Gobierno acudir a organismos internacionales por crisis en Arauca
En medio de una crisis de este tipo era necesario hablar con el director de Migración Colombia. Surgieron muchas preguntas y por eso Juan Francisco Espinosa era la persona más adecuada para contestarlas. Todos los detalles están aquí, pero no seguimos este relato sin antes dejarles un resumen que nos dio: “Lo primero que hay que decir es que esta afectación ya no se traduce solamente en Arauquita sino que tenemos unas dificultades en Saravena y en el departamento como tal. Es decir, esto se está extendiendo. En segundo lugar, en este momento vamos en 4.741 personas, eso quiere decir que son 1.427 grupos familiares, mayoritariamente venezolanos, aunque hay casi 2.000 colombianos ahí. Lamentablemente se siguen presentando hechos de violencia en Venezuela. Sabemos que en algunas veredas hay todavía personas atrapadas que están buscando salir de la situación violenta. El domingo precisamente se repatriaron cuatro cuerpos que, por supuesto, planean hacerse las respectivas investigaciones. Entonces esto va a seguir en la medida en que el régimen de Maduro siga con esos actos de violencia y eso realmente pues es una consecuencia de albergar organizaciones criminales. Por ahora estamos concentrados en darle apoyo y ayuda a estas personas que viajan sin nada”.
El Jueves Santo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó su mano y envió un mensaje internacional: “La CIDH expresa preocupación por el desplazamiento de más de cinco mil personas hacia Arauquita, Colombia, producto de enfrentamientos que habrían comenzado el 21 de marzo en el estado Apure entre grupos armados irregulares y fuerzas de seguridad del Estado”. El reto, además de la protección que por derecho se le debe proporcionar a los desplazados, no solo está en atender y proteger a la población civil desplazada en la frontera sino en la de garantizar su retorno voluntario y seguro, como también lo pidió la CIDH.
El estado venezolano de Apure ha quedado como epicentro de un sangriento ajedrez político, en el que conviven numerosos grupos armados ilegales a causa de un abandono estatal cruel y permanente. Mientras las acusaciones van y vienen por parte de los gobiernos de Colombia y Venezuela, achacándose responsabilidades, cerca de 6.000 personas llegaron a Arauquita (Arauca) huyendo de un conflicto ajeno a ellas. El pasado lunes ya fue el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, quien confirmó que ocho militares han muerto durante los combates. Y, agregó: “Hasta el presente se han dado nueve bajas de estos grupos terroristas”. Fuentes castrenses han difundido fotos de uniformes incautados con los logos y las siglas de la antigua guerrilla de las Farc. Sin embargo, nos cuenta la redacción Internacional que Padrino no confirmó de qué grupo forman parte los miembros de la banda contra la que combaten y que, además de los ocho fallecidos, se ha generado heridas a 34 uniformados “que han recibido asistencia médica en la red de salud militar”. En medio de la avanzada militar venezolana, se han desactivado 16 minas antipersona instaladas por el grupo armado que, reconoció, ha afectado a soldados y “medios terrestres del ejército”. Justo cuatro días antes habíamos informado de la muerte de dos militares del vecino país al estallar una mina de este tipo.
No podemos cerrar este boletín sin advertir sobre otro desplazamiento masivo, pero esta vez en el departamento del Cauca, uno que históricamente también ha sido afectado por la violencia. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) pidió, en su más reciente informe, una lista de ayudas que necesitan las 949 familias que tuvieron que huir en los últimos días por los enfrentamientos armados entre las disidencias Farc y el Ejército de Liberación Nacional, Eln: alimentos, elementos de bioseguridad, atención psicológica, seguridad y agua potable. Recordemos que mientras en Corinto un carro bomba explotó contra la alcaldía el pasado 26 de marzo, ese mismo día en el corregimiento El Plateado, en Argelia (Cauca), 2.185 personas salieron corriendo por cuenta del cruce de disparos. Una vez más, en el centro de todo esto, aparecen las rutas que usan los narcotraficantes para poder sacar la droga por la carretera Panamericana y el océano Pacífico. Y todo esto en medio de una pandemia que sigue cobrando vidas, en medio de una crisis humanitaria que está dejando elevados casos de alteraciones en la salud mental de los desplazados y de una zozobra constante porque en pleno siglo XXI, Argelia no cuenta con agua potable, razón por la cual es vital la asistencia con botellas y bolsas de agua en todos los puntos de alojamiento temporal.
Me despido, en medio de esta dura realidad, con la recomendación de mantener hasta donde sea posible el distanciamiento social, estamos entrando al tercer pico de la pandemia, hay hospitales que, según los médicos que allí trabajan, ya están colapsados; conocemos de las medidas que están anunciando distintos alcaldes y ante la imposibilidad de acceder todos rápidamente a las vacunas, no queda de otra que mantener las medidas que ya conocemos: el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. Por favor, no olvidemos a los miles de desplazados que tuvieron que dejar sus casas por cuenta de la violencia. Exigir a nuestros líderes que tomen acciones inmediatas hace parte de nuestra tarea como ciudadanos.
Como todos los miércoles, aquí va la cuñita: si les gustó este boletín y nos pueden apoyar, los invitamos a unirse a la comunidad de suscriptores de la edición digital de El Espectador. No olviden dejar todos los temas que nos recomiendan que desarrollemos en la caja de aquí abajo. Hasta el próximo miércoles.
Jesús Mesa

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