Se cumplen 32 años de la masacre de El Amparo en la cual se asesinó a 14 pescadores en las riberas del río Arauca. La acción conjunta de policías y militares enlutaron a familias humildes como consecuencia del abuso de poder.
El trágico acontecimiento ocurrió un 29 de octubre de 1988 en el sector las Guafitas de la zona de Caño Colorado, del Río Arauca. La masacre se perpetró durante el gobierno de Jaime Lusinchi quien había creado el denominado Comando Específico General en Jefe José Antonio Páez ( CEJAP) con el propósito de desarrollar actividades contra presuntos guerrilleros colombianos que operaban en la frontera.
Para aparentar eficacia en esa labor, se preparó una masacre teniendo como víctimas a humildes pobladores de la población de El Amparo, estado Apure.
Una vez asesinados, se les presentó por los medios oficiales como guerrilleros abatidos en enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. No obstante, a los autores materiales e intelectuales el plan no les salió perfecto: hubo sobrevivientes. Dos personas lograron no ser alcanzadas por las balas para contar la verdad a Venezuela y al mundo. Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias con solo sobrevivir empezaron a desmontar la mentira del gobierno.
Tres décadas después, en la ciudad de Caracas, en una zona de viviendas humildes conocida como El Limón, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana pertenecientes al grupo élite Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) asesinaron a cinco personas. Como ya es política de esta institución presentaron a las personas como peligrosos delincuentes que habían enfrentado a la comisión policial.
Como ocurrió en El Amparo el plan a los funcionarios de las Faes tampoco les salió perfecto. Entre las personas asesinadas se encontraba un funcionario que trabajaba como escolta de la ministra Iris Valera. Junto a la denuncia de los familiares se sumó la realizada por la ministra la cual fue apoyada por dirigentes políticos pro gobierno. En esas circunstancias y habiendo sido emplazado el Fiscal impuesto por la Constituyente, el Ministerio Público actuó con rapidez y se detuvo a los policías presuntamente responsables.
En los dos casos, con treinta dos años de diferencia, hay similitudes: se asesinó a personas humildes, la versión oficial fue que hubo enfrentamiento, se buscó engañar a la opinión pública y los homicidios constituyeron el resultado de la violencia policial y militar que irrespeta el derecho a la vida aprovechando la impunidad.
Las violaciones al derecho a la vida por la fuerza pública es una de las graves violaciones a los derechos humanos que han perdurado y lamentable incrementado.
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet como los tres expertos de la Misión Independiente de Determinación de Hechos han llamado la atención sobre los miles de acciones realizadas por agentes del Estado donde se presume hubo ejecuciones. Una violencia que se constituyó en una política de Estado que constituyen delitos de lesa humanidad.
Maduro y su cúpula miden la eficacia en la lucha contra el delito por la cantidad de asesinatos que los cuerpos armados del Estado realizan. A más muertes, mayor es el logro. No es casual que desde que se lanzó la denominada Misión a Toda Vida Venezuela aumentaron los asesinatos. Se transformó realmente en una Misión de muerte.
La masacre de El Amparo y la masacre de El Limón son dos sucesos resultado de una misma política: el abuso de poder. Las victimas de ese abuso son generalmente los más pobres a quienes además la justicia les da la espalda.
Una de las tareas más complejas que tiene pendiente la sociedad venezolana es un amplio y sostenido proceso de trasformación de las políticas de seguridad ciudadana donde el valor de la vida sea fundamental y lograr una policía y fuerza armada que respeten los derechos humanos.
(*) Abogado, Coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión de Provea
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